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De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 195 líderes y lideresas asesinados el año pasado en nuestro país, el 25% eran indígenas.
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José Albeiro Camayo, líder y ex coordinador de la guardia indígena de la comunidad Nasa del Cauca, se convirtió en la víctima más reciente de los grupos armados ilegales que operan esa zona del suroccidente colombiano. Las balas criminales también cegaron días antes la vida del menor indígena Breiner Cucuñame de tan solo 14 años de edad.
A estos dos homicidios, se suma recientemente el exterminio de Jhon Alexis Collazos, un joven de 23 años perteneciente al resguardo indígena de Canoas, sucedido el pasado 10 de enero. La lista es larga como lo denuncia el propio Consejo Regional Indígena del Cauca.
Las amenazas a los pueblos indígenas se han recrudecido en los últimos años y la situación es grave. Los asesinatos de Cristina Bautista y cinco guardias indígenas, pertenecientes al resguardo de Tacueyó, de la gobernadora del resguardo de la Laguna-Siberia Sandra Liliana Peña, del comunicador indígena del resguardo de Pioyá Arley Campo y de dos guardias del resguardo de las Delicias-Buenos Aires hace algunos días y ahora el asesinato de José Albeiro y Breiner engrosan las penosas cifras de indígenas exterminados.
Las cifras de muertes violentas en Colombia son aterradoras: de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 195 líderes y lideresas asesinados el año pasado en nuestro país, el 25% eran indígenas. Los responsables en la mayoría de los casos son grupos armados ilegales que, como la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias, buscan a toda costa apoderarse del territorio y ven en los pueblos indígenas un obstáculo para sus pretensiones expansionistas.
Según el mismo Indepaz, desde la firma del Acuerdo de La Habana, han ocurrido 1.296 asesinatos de líderes y lideresas y, en lo corrido del 2022, ya son diez los dirigentes sociales asesinados y diez las masacres en diversos lugares de la geografía nacional. El panorama cada vez es más sombrío. Se ha recrudecido la guerra en el oriente colombiano y Arauca y sus gentes son víctimas de carro bombas y de la amenaza permanente de la guerrilla del ELN, que desafía cada vez más la capacidad operacional de las Fuerzas Militares del Estado colombiano.
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A este gobierno indolente no le interesa garantizar la paz y la seguridad de los territorios porque se preocupa más por los grandes negociados y los réditos de la guerra que por preservar la vida de los ciudadanos de la Colombia olvidada. El Gobierno olvidó garantizar el Estado Social de Derecho y no le apostó a garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Por eso, hoy la mayoría de regiones tristemente se ha convertido en escenario de violencia, muerte y desolación.
Se hace urgente, entonces, hacer un llamado a los organismos internacionales, a los entes de control – la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo -, al Ministerio del Interior, al Alto Comisionado para la Paz, a la Fiscalía, para que tomen acciones, se pronuncien e implementen todas las medidas necesarias para garantizar la vida de los pueblos indígenas y de todos los colombianos ante los hechos de violencia sistemáticos que están llevando aceleradamente al exterminio físico y cultural de las gentes en las regiones.
Es inaplazable también que el Gobierno colombiano detenga el genocidio en contra de los pueblos indígenas, en contra de los líderes sociales, de los defensores de la vida y el territorio, en vez de proponer lo inalcanzable en ciudades como Barranquilla. En vez de combatir el hambre de la mayoría de sus habitantes, lo que proponen sus dirigentes es gastar miles de millones en la creación de un circuito de Fórmula Uno. Esa mentalidad de pensar siempre en favorecer a los poderosos y no en amparar a los más vulnerables es lo que debemos cambiar a partir de un nuevo gobierno progresista, incluyente y social para acabar con las exclusiones que cada vez son más marcadas entre ricos y pobres.
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*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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