El Comité Nacional del Paro no puede abrogarse una representatividad que no tiene.

Doce días después de las multitudinarias movilizaciones del 21N, el gobierno de Iván Duque aceptó una reunión exclusiva con el Comité Nacional del Paro. El diálogo girará en torno a los 13 puntos del pliego presentado por el Comité.

El gobierno renunció a imponer los temas de la agenda, como lo hizo en la “Conversación Nacional”, el improvisado mecanismo con el que decidió enfrentar su mayor crisis política, y cedió ante una demanda mínima: sostener una reunión bilateral con las organizaciones que, inicialmente, convocaron el paro del 21N.

Voluntad de diálogo y realismo político. Nada mal. No es menor que los sectores más organizados del paro hayan ganado el primer pulso con un gobierno inflexible, incapaz de reconocerlos como interlocutores legítimos. Sin embargo, los límites de la mesa de la negociación deben señalarse con claridad.

Si los representantes del Comité interpretan el éxito de las movilizaciones simplemente como una demostración de la fuerza política que los respalda, y no como el resultado de un descontento social que desborda sus demandas y los intereses de las organizaciones que lo integran, están distorsionando el sentido político de las protestas.

Si el gobierno, a partir de una serie de reuniones sin rumbo, pretende desdibujar el contundente mensaje político de las calles, el Comité no puede arrogarse una representación que no tiene, contribuyendo a la dosis de frustración que la estrategia del presidente Iván Duque quiere inyectarle a la sociedad colombiana.

Los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) sobre la percepción pública del paro son dicientes. El 80% de los encuestados coinciden en que la salida debe ser un acuerdo entre el gobierno, el Comité y representantes de distintos sectores sociales y económicos, frente a un 17% que reduce el diálogo a una negociación bilateral.

Los límites de la representatividad del Comité serán un poderoso argumento del gobierno para socavar su poder de negociación. Reconocer su lugar en la movilización y no forzar el mandato con el que cuenta pueden ser recomendaciones ingenuas. Nadie quiere mostrar sus debilidades. Mucho menos en el primer round.

Sin embargo, no es descabellado pensar que el Comité, como una forma audaz de aumentar su legitimidad política, presione al gobierno para la creación de un mecanismo de participación donde estén representados los cientos de miles de ciudadanos que no se identifican con sus intereses y marcharon en contra de las políticas del presidente Duque.

Las protestas inéditas que se han visto durante las dos últimas semanas, con un sonoro cacerolazo de por medio, exigen respuestas institucionales a su altura: innovadoras y fieles, en la medida de lo posible, a la espontaneidad de las movilizaciones. Un mecanismo de participación como la asamblea de ciudadanos, propuesta por el abogado Felipe Rey, sigue esta lógica.

La encuesta del CNC confirma una intuición generalizada: las movilizaciones están soportadas por  jóvenes, mayoritariamente urbanos, con posiciones políticas que van del centro a la izquierda del espectro ideológico. Una generación muy joven de colombianos con posiciones progresistas, alejada de los partidos políticos, es la protagonista de la mayor protesta antigubernamental de las últimas décadas. Un argumento más para la creatividad institucional.

Las señales del gobierno, frente a la necesidad de un mecanismo de participación innovador, son negativas. La agregación indiscriminada de reuniones políticas ordinarias con el objetivo de demostrar una voluntad de diálogo inexistente, como las que mantuvo con las autoridades locales electas, lo demuestra. Los puentes que ha tendido con los partidos políticos son necesarios para reconstruir una gobernabilidad frágil, pero confirman que su apuesta es encauzar la crisis por los caminos tradicionales.

La narrativa que deslegitima el paro nacional, además, sigue presente en el gobierno. El hilo en Twitter de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, donde habla del fracaso de un plan para derrocar al Gobierno y la entrevista en El Tiempo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, donde argumenta a favor de una conspiración internacional como causa de las intensas protestas, son muestras de un discurso que no ha sido abandonado.

En resumen, una advertencia sobre las limitaciones de la representatividad del Comité Nacional del Paro, sin una exigencia al gobierno de Iván Duque para la creación de un mecanismo de participación política innovador, como una asamblea de ciudadanos, sólo conseguirá debilitar la posición negociadora del Comité sin contraprestación alguna.

El peligro está en la coincidencia que puede gestarse en la mesa bilateral. Un gobierno reticente a la negociación, que no ha demostrado su capacidad para reconducir una crisis política, y con una lectura paranoica de la protesta social, junto a un grupo de organizaciones atrincheradas en sus intereses, sin incentivos para dar paso a otros actores protagonistas del paro, acuerdan que la crisis debe conducirse bajo sus reglas y los puntos de su agenda.

La frustración puede ser enorme.

* Edgar Quintero Herrera, estudiante de Periodismo de la Universidad de Antioquia. Conductor de Ojo Antioquia, un programa radial de análisis político. 

Twitter: @edgarquinteroh

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