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El posible retorno de las fumigaciones con glifosato ha vuelto a revivir el debate nacional sobre la conveniencia o no de usar este químico como mecanismo de combate al narcotráfico. El tema genera voces a favor y en contra por lo que este relevante tema representa para el país.
En el caso nuestro, como defensor de la vida, del ambiente, de nuestra biodiversidad, hemos manifestado siempre nuestra oposición a las aspersiones aéreas porque estamos seguros de que este herbicida no es la salida para enfrentar ese flagelo tan dañino, tan perverso y tan gigante como lo es el narcotráfico.
El glifosato es un instrumento ineficiente y costoso, que deja mucha más pobreza y que puede promover los fenómenos de la resiembra, y eso esta más que verificado. Pero hacer oposición al uso del glifosato para combatir los cultivos ilícitos no nos hace defensores del narcotráfico. Todo lo contrario. Estamos contra el narcotráfico de manera clara y rotunda, estamos contra la presencia de los cultivos de uso ilícito, estamos diferenciándonos en cómo combatimos ese flagelo de manera integral y en cómo respondemos a la estrategia simplista del gobierno nacional basada en manifestar que los cultivos de uso ilícito son los únicos responsables de los problemas del país o son los únicos responsables de toda la cadena de narcotráfico, con las fumigaciones como única solución.
Los campesinos no son culpables de este flagelo. Grandes líderes del país han caído a manos del narcotráfico, grandes carteles se han enquistado en el Estado colombiano y hoy están echándole la culpa a nuestros campesinos de ser los principales responsables. Los campesinos, los indígenas y los afros, antes de ser responsables, son víctimas del narcotráfico, de los carteles y de la falta de ingresos, de capacidad económica y social y, por eso, les toca adoptar esta conducta de subsistencia para su familia.
Si esto no se resuelve, será imposible sacar a los territorios de esta crisis; lo que pasa es que el gobierno no ayuda mucho. Por ejemplo, Nariño es el segundo departamento, después de Norte de Santander, con más siembra de coca; es una economía de subsistencia y el cultivo ilícito se convierte en una opción obligada por el abandono del Estado. En Nariño, aproximadamente 50 mil familias están vinculadas a la siembra, lo que representa 200 mil personas que constituyen el 10% de la población del departamento.
En el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), se inscribieron 30 mil familias, pero solo resultaron beneficiadas 17 mil y, de esta cifra, sólo el 50% ha recibido una ayuda mensual. Como la cifra lo indica, quedaron por fuera unas 30 mil familias vinculadas a la economía ilegal en Nariño.
Esto demuestra que no hay voluntad de brindarle al campesino una alternativa de ingresos, de sostenibilidad y seguridad alimentaria; por el contrario, lo que se hace es prolongar en el tiempo sus dificultades, como se ha demostrado en 30 años con mecanismos ineficientes, que también prolongan las circunstancias del conflicto por la presencia de grupos armados ilegales dedicados a explotar, acosar, amenazar y matar a los campesinos de las zonas con presencia de cultivos ilícitos.
Eso en el componente social y ni qué decir del tema ambiental. Por eso, para evitar un gravísimo daño a las aguas, los bosques, la fauna, la flora, la biodiversidad, los polinizadores, al hombre, ese instrumento no debe ser la salida al grave problema del narcotráfico.
Ya se ha confirmado que las fumigaciones no demuestran efectividad económica, ni social, como instrumento de combate al narcotráfico, porque es evidente lo perjudicial, como lo han manifestado muchos estudios en los campos sanitario, social y ambiental, por citar solo algunos.
En lo económico, para sacar efectivamente una hectárea de cultivos de uso ilícito, debe fumigarse 33 veces y, en cambio, cuando hay programas de sustitución como los ha habido en gran parte en el gobierno pasado e inicios de éste, la resiembra es de menos del 1%. Entonces, para fumigar una sola hectárea, el costo promedio es de 2 millones 300 mil pesos, pero, como hay que fumigar 33 veces para sacar una hectárea de producción, eso equivale a más de $70 millones. Con esos recursos, se puede atender a más de dos o tres familias campesinas con programas y proyectos legales y rentables.
Lo que estamos diciéndole, entonces, al gobierno nacional es que nos oponemos a este mecanismo porque definitivamente no promueve una economía legal y rentable y sí incrementa afectaciones de salud, como el cáncer, los abortos, los problemas respiratorios y dermatológicos, según investigaciones científicas.
Es por eso que, en el Congreso, cursa el proyecto de ley 120/2020, con el apoyo de múltiples sectores, de diversas bancadas, para prohibir el glifosato. Aún no se le da trámite porque estamos adelantando audiencias públicas para recoger la voz de expertos, investigadores, ambientalistas, líderes y lideresas sociales de las regiones y congresistas para enriquecer el debate. Por lo pronto, en días recientes en la Comisión Quinta, realizamos la primera de tres audiencias para analizar los impactos ambientales del glifosato. Lo propio haremos en las próximas semanas para analizar las implicaciones en la salud, la economía y la sociedad. Surtido este proceso, iniciaremos el debate amplio, riguroso y con todas las garantías para decidir sobre este complejo, pero importante tema.
*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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