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Necesitamos grandeza para salir de ésta.
Esta columna está en el tintero, al menos, desde el Covid Friday. Ese día, en su programa diario, el presidente Duque dijo que “no era momento de buscar responsables” respecto a las aglomeraciones causadas en diferentes locales por el Día sin IVA. En ese momento, pensaba en el impacto que tendría eso cuando la Comisión de la Verdad publicara su informe y el Estado tuviera que aceptar las revelaciones del informe. Quería, incluso, hacer una comparación con los casos de Guatemala y Chile cuando tuvieron sus respectivos informes.
Lamentablemente, el momento de asumir responsabilidad de Duque llegó antes del informe y por supuesto se rajó. Con el reavivamiento de las masacres en la Colombia profunda, esas que nos devuelvan a las épocas más oscuras de nuestra historia, el presidente decidió amañar una gráfica para que pareciera que su antecesor había tenido más masacres. Además, con una terquedad ejemplar, introdujo el término “homicidio colectivo” al concepto que en Colombia se ha trabajado desde las bananeras como “masacre”. Cuando tuvo la oportunidad de ser grande, tomando acción decisiva contra la violencia, decidió echar la culpa.
Pero, el Gobierno luego se reivindicó y utilizó el término masacre cuando tres policías fueron asesinados mientras erradicaban cultivos. Sin duda eso fue una masacre; la pregunta es porque pueden reconocer esa masacre y no las demás.
El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, culpó las masacres en problemas del proceso de paz. Otra columna que queda pendiente es la explicación edípica de la profecía autocumplida. Pero, evidentemente, no puede el gobierno que prometió hacer trizas el proceso de paz (o, en típico eufemismo, “ni trizas ni risas”) quejarse de que lo que está pasando es culpa del Acuerdo. Es más, no podría ser culpa del acuerdo que no han implementado, como muestra el último informe del Instituto Kroc. ¿Era la estrategia del gobierno Duque sabotear el Acuerdo de Paz para luego echarle la culpa de la creciente violencia?
Resulta que nada de lo que ha pasado en Colombia en los últimos dos años es culpa del Gobierno. Todo fue culpa del gobierno anterior, del narcotráfico, del Acuerdo de Paz. Los males del país todos vienen de atrás, y seguimos en el año de aprendizaje. Seguimos aún en los 18 meses, que ya son 25, en los cuales el presidente ha trabajado tanto como ha podido para arreglar al país, pero todavía hay que darle chance.
Y al darle chance nos daremos cuenta que la actitud respecto a las violaciones de derechos humanos por parte de la policía en el 9S tampoco son responsabilidad del Gobierno. Así como no lo fueron durante el 21N y, posteriormente, en el toque de queda y el asesinato de Dylan Cruz. Carlos Holmes Trujillo, el ministro de defensa, salió otra vez con el discurso de las manzanas podridas, que no podíamos desquitarnos con la institución. Así mismo, como forma de calmar el fuego, resaltó la labor de la Policía en el control del orden público en una jornada con siete muertos. Cuando eventualmente logró pedir perdón, después de dos días y más de 15 muertos, no llamó asesinatos a lo que fueron tales.
La contranarrativa del momento no es la más afortunada. Las filtraciones de lo que Rodrigo Londoño y Pastor Alape dijeron ante la JEP me hicieron sentir traicionado. A ellos, dos hombres a quienes admiro por su compromiso con la paz y en muchos momentos con sus víctimas, los tenía como faro de autocrítica en este proceso. En varias conversaciones personales que hemos tenido, los he visto hundirse en la silla al escuchar testimonios de sus víctimas. Los he escuchado asumir con humildad lo que hicieron y buscar caminos para reparar daños que saben suyos.
Por eso mismo, fue decepcionante que incurrieran ante la JEP en la misma actitud que criticaba anteriormente. En vez de llamar las cosas como son, reclutamiento forzado, los excomandantes utilizaron eufemismos como “participación de menores”. En vez de ser claros en que tenían una responsabilidad, dijeron que no podían hacer nada al respecto. Aunque entiendo el miedo a confesar en esta etapa del proceso, sí era necesaria la claridad de que aceptaban, por lo menos, que había pasado.
Colombia necesita cambios estructurales. Tenemos una violencia profundamente incrustada en nuestras relaciones. Una que no desaparece con un estadio. En la forma en que el Estado se relaciona con la democracia, en la forma en que fuerzas alternativas buscan abrirse camino al poder, en la forma en que solucionamos nuestros conflictos. Si no podemos reconocer, decir la verdad, mostrar y asumir responsabilidad, no podremos cerrar la herida de la violencia que nos ha perseguido que se ha vuelto a abrir. Necesitamos grandeza para salir de ésta.
*Camilo Villarreal, estudiante de derecho en la Pontificia Universidad Javeriana. Activista por la paz. Co-coordinador Rodeemos el Diálogo Joven, donde ha desempeñado trabajos respectivos a la veeduría de la implementación, pedagogía y construcción de memoria histórica.
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