Ha pasado la mitad del período del nuevo gobierno y, más allá de ajustes siempre necesarios a los programas, lo cierto es que, desde el primer día, despreciaron y disolvieron la inmensa movilización de paz de los territorios.

“Nos dejaron solos hablando de paz y por eso nos están matando” sentenció un líder campesino en reciente conversación sobre la implementación del Acuerdo. Su afirmación se me estampilló en la mente y me ha obligado, sin tregua, a recapacitar sobre su alcance y verdad.

Quien la pronunció ha dedicado su vida a la lucha por la tierra, la sustitución de los cultivos ilícitos, el desarrollo territorial y la paz y ha sobrevivido a todo tipo de amenazas contra su vida, no así muchos de sus amigos y compañeros. Lo conocí, junto a otros líderes y lideresas, en reuniones y debates sobre la puesta en marcha de la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y lo que anhelábamos del nuevo país.

La implementación del proceso de paz desató en los territorios afectados por el conflicto, sus veredas y municipios, un trabajo titánico para las comunidades, sus líderes y para los funcionarios públicos. Durante los 20 meses transcurridos entre la fecha de firma del Acuerdo de Paz del Teatro Colón (noviembre 24 de 2016) y agosto de 2018 se realizaron más de 3.500 jornadas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y más de 1.100 asambleas del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). No se trataba de encuentros caprichosos o informales; todo lo contrario, se trataba de la reunión de las instancias que, para la toma de decisiones, definieron leyes (Decreto Ley 893 de 2017 y Decreto Ley 896 de 2017)

Disponer del tiempo necesario, llegar a los lugares donde vive la comunidad y no al revés, afrontar y enfrentar de consuno riesgos y vicisitudes y mucho entusiasmo por el proceso de paz fueron clave para un progresivo acercamiento y superación de desconfianzas.

Desconfianza de comunidades y campesinos hacia las instituciones que los habían estigmatizado, cuando menos como narcotraficantes y potenciales cooperantes de la guerrilla o grupos armados ilegales, y declarado ocupantes de “zonas rojas” en las que cualquier intervención del Estado estaba subordinada a la previa recuperación, por la vía militar, de la legalidad.

Desconfianza de los funcionarios para con comunidades cuyos territorios estaban subsumidos en la guerra y en economías ilegales que permeaban todas las relaciones económicas, políticas y sociales.

A estas jornadas de implementación del Acuerdo de Paz asistieron las comunidades y sus líderes, alcaldes, gobernadores, generales, comandantes y miembros de la fuerza pública, políticos, funcionarios de entidades públicas, iglesias, exguerrilleros, universidades, organizaciones no gubernamentales, comunidad internacional. A muchas asistió el Presidente de la República y a un número muy importante su Vicepresidente.

Con todo, debatiendo con diferencias y desencuentros, éramos y nos comportábamos como una alianza (minga) por la paz y la no violencia, lo que, de un lado, hizo posible, e incluso, estimuló la visibilización y crecimiento de muchos líderes y lideresas y, de otro, amilanó a quienes veían cómo el Acuerdo de Paz afectaba negativamente sus intereses y rentas, las más de las veces ilegales.

Ha pasado la mitad del período del nuevo gobierno y, más allá de ajustes siempre necesarios a los programas, lo cierto es que, desde el primer día, despreciaron y disolvieron esta inmensa movilización de paz: las instancias legales para la planificación y seguimiento de la implementación no se volvieron a reunir; los funcionarios fueron regresados a sus distantes oficinas y, esporádicamente, a regañadientes y a la carrera vuelven a los territorios; los procesos de construcción colectiva fueron sustituidos por “hojas de ruta” formuladas por “robustas” empresas de consultoría; la confianza mudó en desconfianza; lo voluntario, que se habría paso, fue sustituido por la fuerza y la cooperación por la confrontación; los campesinos volvieron a ser considerados parte de la cadena del narcotráfico y potenciales colaboradores de grupos armados ilegales. Los territorios recuperaron su púrpura color.

Las comunidades y líderes quedaron solos, hablando de la paz por construir, de sí a la sustitución y no a la fumigación, de reforma agraria, de desarrollo territorial, de reforma política y a la vista de las autoridades y de viejas y nuevas estructuras delincuenciales que ahora, a sus anchas, y mediante el miedo, el asesinato y el terror se están haciendo al control de comunidades y regiones enteras.

*Eduardo Díaz Uribe, exministro de Estado. @EdoDiazUribe

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