Nuestro execrable silencio

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Mi Sinopsis de Lectura Personal a la Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

No nos den nada para la guerra

¡Sientan y juren los hechos con base en la realidad! Eso entendieron del Papa Francisco en una reunión de obispos en Medellín.

Entonces, la Comisión actuó con base en un método “aprobado después de someterlo a la opinión pública, que partió de preguntar el origen y la persistencia del conflicto político armado.” Escucharon a las víctimas, recibieron sus testimonios y memorias, investigaron los contextos que explicaran los hechos violentos, elaboraron hipótesis, contrastaron puntos de vista complementarios o contrarios, tuvieron más de 500 encuentros de “diálogo social para escuchar la verdad”. Es decir, la verdad es un derecho público, es el testimonio, es ostensible e histórica. Quienes pretenden hacer creer que la verdad de la Comisión es forense, engañan porque la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición no es un organismo judicial.

Es obvia la gran asimetría general en esta confrontación nacional debido a la creación del “enemigo interno”: no se negocia, nunca se le dice la verdad, es imposible construir el «nosotros y nosotras» de una nación. Así ante el ius in bello o derecho internacional humanitario, los narcotraficantes entraron en la guerra para legitimar su negocio, la guerrilla entró al narcotráfico para buscar financiación, los exguerrilleros rehúsan el calificativo de su guerra política como «terrorismo» y los militares por su obligación constitucional de defender las instituciones dentro de la ley rechazan la violación de los derechos humanos. Todos estos actores armados son cómplices de introducir las armas en lo político.

Cifras estimadas

Calculan en 110.000 los desaparecidos “llevados por paramilitares, guerrilleros y miembros de la fuerza pública”; en 2.000 las masacres “ejecutadas por los paramilitares con el apoyo de miembros de la fuerza pública” por la violencia política contra campesinos, comunidades étnicas y habitantes de los poblados rurales y de los extrarradios citadinos; en 6.402 y más los falsos positivos producido en un “comportamiento corporativo persistente… casi [en] todas las brigadas y están implicados directamente desde soldados hasta varios generales”; más de 30.000 los niños y las niñas vinculados a la lucha armada cuando tenían quince años o menos, y con base en “testimonios de militares en retiro que admiten haberles disparado a niños desarmados”; más de 1.000 menores de edad quienes han tenido el valor de “relatar los sometimientos, adoctrinamientos, abusos emocionales y sexuales, abortos repetidos, tristezas y silencios en que quedó prisionera su niñez”.

No se escaparon de este infierno mujeres y personas LGBTIQ+ ya que “sus cuerpos fueron usados como campo de guerra y terreno simbólico de disputa por unos y otros para consolidar la dominación patriarcal”; otras víctimas con coraje relataron su “violación sexual por parte de varios hombres, delante del marido y de los hijos, bajo la amenaza de matar a su familia y con la exigencia de silencio absoluto”, para desplazar a las familias y despojarlas de sus tierras; ocho millones de colombianos huyeron y un millón más terminaron exiliados en el mundo, siendo menores de dieciocho años más de cuatro millones y mujeres, más de cinco millones; se contabilizaron 393.000 parcelas despojadas en la época de la Violencia y ahora más de 2.000.000 de hectáreas fueron arrebatadas y se reclaman con el actual proceso de restitución de tierras.

No hubo ninguna parte del territorio de Colombia excluido del “sufrimiento y la incertidumbre causados por el conflicto armado interno” pero en las comunidades étnicas siguen siendo más destructores y persistentes; “sabemos hoy de las playas del Pacífico sembradas de minas antipersona” por guerrilleros y paramilitares.

Algunas causas

La Comisión constató en testimonios y documentos la pobreza en el campo y en barrios populares de las grandes ciudades como consecuencia de: una “descomunal concentración de tierra que se acrecentó durante la guerra interna y que les arrebató a los campesinos 8 millones de hectáreas”; la exclusión de los territorios y poblaciones indígenas y afros; la imposición de proyectos de minería y agroindustria que destruyeron los entornos culturales y ecológicos.

La Comisión da por verdad que de seguir el modelo de desarrollo económico del país, el conflicto armado se reiterará y evolucionará de formas impredecibles debido a cuatro aspectos fundamentales: i) el manejo de los recursos públicos por el Estado que no cobra impuestos a las clases pudientes y deja inmensas desigualdades regionales, permite que un alto porcentaje de los recursos queden en la corrupción y no redistribuye los impuestos para disminuir la inequidad; ii) a pesar del rigor administrativo, los grandes proyectos de inversión privada en la industria, la agro industria y las finanzas no incluye en los mercados a la población popular de las ciudades y a los campesinos, indígenas, afrocolombianos y rom; iii) el narcotráfico ha sido aceptado tácitamente por quienes conducen el Estado y los grandes negocios formales, profundizando la exclusión y la desigualdad; iv) iniciativas empresariales que pagaron a grupos paramilitares con el fin de desplazar y despojar de tierras y territorios a comunidades, o emprendimientos que estigmatizaron a trabajadores siendo cómplices de asesinatos de sindicalistas, o actores económicos desesperados por la guerrilla y la inseguridad contribuyentes de las Convivir, aliados de los paramilitares y compradores de miembros de las Fuerzas Militares para su servicio privado y obtener seguridad.

Las víctimas

Además de las personas asesinadas, desaparecidas, exiliadas de comunidades marginadas y excluidas ya relacionadas y que los medios llaman los de la “Colombia profunda” o la vicepresidenta “los nadies” − ¿la dignidad humana es capítulo de telenovela barata? − hay otras perjudicadas por donde se quiera revisar el sector de la economía.

– Directivos y familiares que fueron secuestrados y muertos.

– Negocios objetivos del cobro de «vacunas» que debieron pagar elevadas extorsiones y chantajes a paramilitares y guerrilleros, o pagar impuestos a las FARC-EP (el del patrimonio) y al Estado (el de guerra).

– Pequeños y medianos empresarios en los pueblos destruidos que sufrieron la quiebra total por masacres de paramilitares y guerrilla, y que al desplazarse abandonaron conexiones, mercados, negocios, pertenencias y fincas para intentar empezar de cero.

– Empresas de transporte de carga y de pasajeros atacadas en carreteras con pérdidas humanas de conductores, de buses y de tractomulas.

– La ganadería sin exclusiones que pagó abigeato, extorsión, secuestro y asesinato de trabajadores y finqueros.

El contexto

Parece el primer párrafo de la literatura latinoamericana de la década de 1960. “Todo ocurrió en un complejo sistema de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico”. Grupos de ciudadanos que optaron por la lucha armada debido a la injusticia estructural e Instituciones del Estado cuya obligación es la Fuerza Militar para defender las leyes, el poder y el statu quo.

Esta confrontación permanente entre protegidos y abandonados degeneró formas de defensa privada, unas apoyadas por el Estado y otras financiadas por grupos armados en terreno y en el medio campesinos impávidos ante masacres y desplazamientos, narcotraficantes convertidos en paramilitares, parapolíticos ordenando a punta de fusil quién gobernaba en su territorio, guerrilleros determinadores del Estado local, proyectos económicos devastadores de la naturaleza y de la gente, administradores de justicia corruptos.

También hubo jueces íntegros y valientes, programas sociales respetuosos del ser humano, pero en el medio más de nueve millones de víctimas. La Comisión establece responsabilidades históricas, éticas y políticas de carácter colectivo pues las responsabilidades son distintas para quienes ejercían el poder del Estado, para quienes lo defendían y para quienes se levantaron en armas y negaron la legitimidad.

Un tema es persistente en la Violencia Nacional pero muchas veces hay represión militar desde el Estado, a saber: el Estado persigue comunistas (Partido Comunista y aliados), los revolucionarios toman las armas como lucha por el poder (contra el enemigo de clase) y la sociedad solo pide cambios estructurales por medios democráticos. No ha sido posible un debate democrático. Todos han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, todos perpetran contra la población civil, cada uno pelea el honor de morir por la patria o morir por el pueblo y en el medio ambigüedades, exaltaciones, odios y alianzas oscuras.

El periodo más intenso de la guerra se dio entre 1996 hasta 2010 cuando se registraron 75% de víctimas y por el camino políticas y decisiones de fondo ante los graves problemas − la tenencia de la tierra, la impunidad, la exclusión, el racismo estructural, el abandono de territorios, el narcotráfico, la inequidad − jamás resueltas. Significa que hay “todavía un conflicto de varios actores que puede volver a tomar fuerza en otro periodo de confrontación total si no se dan pasos serios hacia la construcción de la paz grande.”

Valor ético-político

Ese es el calificativo de la Comisión al proceso reciente de paz, entre el Estado de Colombia y el grupo de guerrilla FARC-EP. Es ético porque involucra a la comunidad internacional, que participó a fondo: las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, Cuba, Noruega, Suecia y Estados Unidos; participaron militares colombianos de alto rango, escucharon a organizaciones sociales, académicas y partidos políticos. Es político debido a que impulsó asambleas para tratar los temas del campo y las víctimas en los territorios, se fortaleció con las participaciones especiales de víctimas afectadas por todos los actores, de grupos étnicos y por la dimensión de género garantizada para mujeres y personas LGBTIQ+.

Así lo nieguen Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez es referente por la comunidad internacional y está vivo como también las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: la Justicia Especial de Paz y el Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Ahora la Comisión presenta el reconocimiento de la verdad para sanar las heridas de las víctimas, transformar a los responsables y abrir el camino para construir unidos el futuro. Por lo tanto, pide, entre otras:

acoger las verdades de la tragedia de la destrucción de la vida humana entre nosotros y tomar la determinación de No Matar;

reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencias; reconocer la injusticia de lo vivido y el trauma colectivo que compartimos como sociedad para comprometernos con la reparación integral y transformadora;

mirar críticamente la historia con presencia constante de la memoria para la construcción de paz y la no repetición;

encarar la verdad sobre las causas y los horrores del conflicto armado y construir la nación nueva;

– al Estado, tomar la iniciativa para la paz con el ELN y otros grupos armados, y buscar con los demás grupos ilegales diálogo para la negociación o el sometimiento a la justicia;

– a todos los estamentos sociales y políticos, profundizar la democracia mediante la exclusión definitiva de las armas de lo público y poner en marcha una reforma para sectores y grupos excluidos;

– a las organizaciones, escuchar el clamor del pueblo que pide «parar la guerra ya desde todos los lados» y ponerse en la ruta del diálogo hasta llegar a la paz;

– a los estamentos de justicia, frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado y garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento;

– al Gobierno, a la fuerza pública, a los partidos políticos, a los empresarios, a las iglesias, a los educadores y demás decisores en Colombia, reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía y la forma como la guerra contra las drogas configura uno de los principales factores de la persistencia del conflicto;

– a la sociedad y al Estado, implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz y avanzar hacia el consenso con base en transformaciones necesarias para superar la reproducción de los ciclos de violencia;

– a los jóvenes, no colaborar en nada que profundice la muerte, el odio y la desesperanza y ser líderes.

Al cerrar las 64 páginas de la Declaración aprendí la obligación moral de no callar, de conversar sin miedo, pues no hay muchas verdades que valgan igual para un mismo asunto.

NOTA: El Informe Final de la Comisión no son 850 páginas como dijo la periodista en un debate de Cablenoticias. Son 10 tomos que se liberaran cada mes. Por ahora, se liberaron el tomo Declaración, el volumen Hallazgos y recomendaciones y el libro dedicado al relato oral de la vida Cuando los pájaros no cantaban.

*Omar Villota Hurtado. Profesor universitario en sociología de los medios y comunicación para programas de pre-grado y post-grado. Creador de conocimiento para Inteligencias Colectivas. Master en comunicación digital. Especialista en redes de información documental.

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