Uno de los argumentos más contundentes que usó el grupo por el No durante la campaña del plebiscito en el nefasto 2016 fue el de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Particular énfasis hizo ese grupo en lo que tenía que ver con sus derechos sexuales vulnerados por la ex guerrilla de las Farc. Y no les faltaba razón. Sin duda son delitos dolorosísimos que merecen un castigo no solo severo, sino también realista.

Siempre fue un problema para la defensa de la negociación y del Acuerdo de Paz defender que los autores de esa clase de delitos recibieran un tratamiento especial por parte de la justicia transicional a cambio de tres cosas: verdad plena de lo sucedido, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. Pensábamos que las críticas tenían razón de ser.

Esa línea argumentativa, tan hábilmente explotada por el ahora Presidente y sus copartidarios en la política electoral del plebiscito y de la campaña de 2018, no tuvo ningún inconveniente al apropiarse de los niños de Colombia, de todos, con la figura retórica de “nuestros niños”. Nuestros niños  – decían en época de campañas –  son el futuro y lo más sagrado y largos etcéteras y lugares comunes.

La semana pasada se conoció que siete militares violaron a una niña indígena del pueblo Embera Chamí en Risaralda. Por la revisión de sus posiciones frente a hechos de la misma naturaleza, muchos imaginaron que la respuesta del Gobierno sería contundente. Pero el Presidente de la República, en su cuenta de Twitter, que es otra larga cadena de lugares comunes lamentó el hecho, pero no solidarizándose con la niña víctima y su familia, ni con la contundencia con la que defendía los derechos de los niños en su época de contradictor a cualquier precio del Acuerdo de Paz, sino que solidarizándose con la fuerza pública: “Colombia debe enfrentar con contundencia y drasticidad cualquier agresión a un menor. Nos duele que se señale a miembros de la #FuerzaPública de violar a una niña indígena. Iremos hasta el fondo de las investigaciones”, escribió. Al Presidente, según su trino, lo que le duele es que se señale a la fuerza pública, no que siete soldados violaran a una niña. Lo que son las prioridades.

Para retomar las primeras líneas, y a la luz de los argumentos de ataque a la justicia transicional para casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes cuando fue negociada y durante los absurdos días de la campaña del plebiscito, resulta sorprendente, por decir lo menos, encontrar que no solo el Presidente, sino también las figuras más relevantes de su partido, gran jefe incluido, no sólo no han mostrado mayor indignación por el hecho, sino que se atreven, como lo hizo una senadora de dudosa calidad humana, a poner en duda el hecho.

Esa indiferencia contrasta con su contundente campaña contra el Acuerdo de Paz y también con su más reciente despliegue de apoyo a iniciativas marcadas por el populismo punitivo: la famosa ley de reforma constitucional que permitirá que en adelante, algunos delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes (los sexuales incluidos) sean castigados con cadena perpetua. Otra muestra del interés, no por la defensa de intereses de los niños, niñas y adolescentes, sino de manipular a sus electores. La nueva norma no es más que un castigo que difícilmente se podrá imponer por la sencilla razón de que no ofrece ninguna herramienta para mejorar en la persecución y presentación ante la justicia de los criminales. La impunidad en Colombia para los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes supera el 95% con un considerable subregistro en los datos, ya que la gran mayoría de las víctimas de esos delitos, no se atreven a denunciarlos.

Es curioso observar el contraste entre la facilidad para usar los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que tuvieron el jefe del partido de gobierno, el ahora Presidente de la República y sus copartidarios con propósitos electoreros y la ligereza para condenar la violación de la niña Embera Chamí. Mejor dicho, sorprende que la superioridad moral con la que declaraban contra la violencia sexual en épocas electorales sea hoy silencio cómplice y doble moral.

El gran jefe, un zorro político que entiende muy bien el poder de sus palabras, llegó al extremo populista de llamar a un humorista contradictor “violador de niños”, hecho por el que en una más de sus ya habituales derrotas judiciales tuvo que retractarse.

Hoy, que el país está ante verdaderos violadores, es aterrador que ni el Presidente de la República, ni sus aliados políticos, ni el jefe del partido de gobierno, ni los otros miembros de su numeroso séquito, sean capaces de llamar a las cosas por su nombre y con la contundencia que merece el caso. Parece que definitivamente ya no son “nuestros niños”.

* Felipe González, comunicador social y periodista.

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