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El ministro Molano debería comprender que su responsabilidad en la muerte de esa niña no se justifica con sus argumentos de matón de bachillerato.
Tras conocerse que, como consecuencia de un bombardeo de la fuerza pública a un campamento de un grupo disidente de las FARC, murió al menos una niña de 16 años, el flamante ministro de defensa, Diego Molano Aponte, declaró sin ningún asomo de compasión, ni de comprensión mínima del Derecho Internacional Humanitario, que los menores reclutados por los grupos violentos ilegales “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos; desafortunadamente se convierten en criminales”.
Sin sonrojarse, el ministro agregó en su entrevista con RCN Radio que “los menores reclutados por los grupos ilegales se convierten en máquinas de guerra que pueden cometer mucho daño a la sociedad, porque los deshumanizan y, por eso, la pregunta no es si los operativos de las Fuerzas Militares son legítimos, sino cómo evitar que esto pase”. Y así, en Colombia y como por arte de magia, quedan legalizados los niños como blancos legítimos de un bombardeo. Es como si de verdad el ministro no entendiera que esos niños acaban reclutados porque el Estado que él representa es incapaz, aún con la oportunidad única del Acuerdo de Paz, de ofrecer alguna alternativa. Mejor dicho, con la oportunidad de implementar el Acuerdo y llevar la oferta del Estado al territorio, el gobierno para el que el ministro trabaja eligió la opción de llevar bombas.
Hace tres años, cuando en medio de la campaña presidencial, el entonces candidato Iván Duque declaraba que, como presidente de la República, derogaría la Jurisdicción Especial para la Paz, no era previsible que el desprecio por las normas internacionales sería la política pública de su gobierno. En ese entonces, cuando la victoria del No en el plebiscito de 2016 estaba aún fresca, se oía en los eventos de campaña del candidato del Centro Democrático una vehemente defensa de “nuestros niños” y de sus derechos vulnerados por el reclutamiento forzado y muchos lamentos por truncarles la posibilidad de vivir una infancia feliz como debía ser. Ese poderosísimo argumento fue, seguramente, uno de los determinantes para incendiar los ánimos en contra del Acuerdo de Paz logrado en La Habana y lograr esa pírrica victoria.
Pero me ocupa el ministro de defensa. El día de su posesión como ministro, Iván Duque mencionó que Molano contaba con todas las credenciales para ocupar ese delicadísimo cargo. Nació en el hospital de los militares, hijo de una familia de militares y alguna otra cosa diría para justificar que un político politiquero llegará a ese puesto. Y resultó, no muchas semanas después, que ni su ancestro militar, ni su antecedente en la institución de la salud castrense fueron suficientes para el lío que significa ser ministro de defensa en Colombia.
Las declaraciones de Molano demuestran que este hecho ya no se puede – hace mucho que no se puede –, llamar un caso aislado. La formación de los militares y funcionarios del Ministerio de Defensa en asuntos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario es deficiente como ya se había visto con las denuncias de Ricardo Calderón en la semana pasada sobre la reactivación de la macabra práctica de los falsos positivos. No sólo eso, la información que hoy se conoce demuestra que era cierto que el nivel de certeza necesario para lanzar operaciones letales ha disminuido dramáticamente tal y como también lo advertía esa revista.
No soy yo quién para explicarle al ministro de la defensa las normas más básicas sobre el uso de las armas de fuego por parte del Estado. No soy yo quién para explicarle al señor ministro que los niños son sujetos de especial protección en todas las normas internacionales. No debería yo, que no soy ministro de defensa, explicarle al señor ministro que los niños reclutados por los grupos armados ilegales no son criminales, sino víctimas.
Pero sí puedo decirle hoy al señor ministro que no sólo la operación en la que murió al menos esa niña es ilegítima sino que la víctima fue doblemente victimizada: una vez por los criminales indolentes que la reclutaron y la segunda por el Estado colombiano que no tuvo ningún inconveniente en soltarle una lluvia de bombas sobre su cabeza. Y en éstas, el ministro ya debería comprender que su responsabilidad en la muerte de esa niña no se justifica con sus argumentos de matón de bachillerato.
*Felipe González, comunicador social y periodista.
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