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Si el pueblo Wayuu no accede al agua potable, como lo plantea el 6º de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), con los cuales Colombia tiene un compromiso vinculante, no será por falta de agua sino de voluntad política.
¡Vale más encender un rayo de luz que maldecir la obscuridad!
Tamaña sorpresa la que me llevé recién posesionado como Ministro de Minas y Energía. Como se recordará, mediante el Decreto 4131 de 2011, se le cambió de naturaleza y denominación al Instituto Colombiano de Geología y Minería (INGEOMINAS) para darle vida al Servicio Geológico Colombiano (SGC). Entre sus funciones y competencias, se le atribuyó “la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo”, entre ellos el agua, además de “administrar la información del subsuelo”.
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Cuando me citaron para presidir la primera junta del SGC, no dudé en confirmar mi asistencia y concurrir a la misma, al contrario de lo que solía darse, ya que, según fui informado, la mayoría de los ministros que me antecedieron delegaba su representación en cabeza de algún subalterno. Quise conocer a fondo y de primera mano las funciones y competencias de esta entidad oficial dependiente de mi despacho, máxime que entre las mismas se contaba el conocimiento sobre el recurso hídrico subterráneo en todo el territorio nacional. Es explicable porque provengo de un departamento en donde el preciado líquido escasea, sobre todo en la zona más septentrional de La Guajira, en donde justamente está asentado el pueblo Wayuu. Por ello, quise apersonarme.
Al hacerme la presentación de la misión, la visión y los valores de la entidad su Director General Oscar Paredes, me llamó poderosamente la atención que una de las tareas más importantes y encomiables que adelanta la misma es el estudio minucioso del recurso hídrico mediante perforaciones de pozos exploratorios, con miras a determinar la existencia de acuíferos en el subsuelo, así como también establecer las zonas de recarga hídrica, amén del análisis fisicoquímico e isotópico del agua alojada en tales reservorios y, a partir de tales registros, establecer el modelo y el ciclo hidrogeológico y geofísico. A partir de esta valiosa información, el SGC ha hecho un levantamiento georreferenciado que le ha permitido contar con un mapeo de sus hallazgos y la identificación de las fuentes de las cuales se surten.
Después de su exposición, le pregunté al ingeniero Paredes cuánto costaba la perforación de cada pozo exploratorio y qué hacían con el mismo después de recabar la información que se buscaba y tener a mano los registros obtenidos a partir de las pruebas a las cuales era sometido. Me contó que, en promedio, la perforación de un pozo hasta los 500 metros de profundidad podía costar $1.200 millones y una vez logrado su cometido el mismo era sellado y abandonado.
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Mi reacción, de neófito en el tema, fue manifestarle a la junta que mi conclusión era que el SGC iba dejando a su paso por todo el territorio nacional unas “guacas” enterradas de $1.200 millones. Se me ocurrió preguntarle al Director del SGC, haciendo un símil con la industria petrolera, con respecto a la cual mi conocimiento no era tan precario como en materia hidrológica, por qué – así como cuando se perfora un pozo exploratoriobuscando petróleo y, si éste se encuentra en cantidades y calidades, el pozo se convierte en productor – no se hacía lo propio con los pozos exploratorios de agua.
La respuesta que recibí me satisfizo mucho y me llevó a plantearle una propuesta al ingeniero Paredes para que, en adelante, los pozos exploratorios perforados, una vez obtenida la información pertinente, en lugar de sellarlos, se le entregara en administración a la entidad responsable del manejo del recurso hídrico en los territorios y por este medio ponerlos a disposición de los operadores de los acueductos. En efecto, el primer convenio interadministrativo se firmó con la Corporación Autónoma de La Guajira (CORPOGUAJIRA), a la cual le entregamos dos pozos en el Municipio de Maicao, tres en Riohacha, uno en Manaure y otro en Uribia, con una capacidad entre 50 y 60 litros por segundo cada uno de ellos, justo en momentos en los que La Guajira era azotada por una sequía extrema que puso en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población.
Mi optimismo se acrecentó cuando supe que, según Teresita Betancur, profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que “La Guajira también es agua…Estos embalses de agua subterránea guardan las reservas que pueden garantizar el futuro abastecimiento para la población del departamento”. Paradójicamente, el territorio de La Guajira, caracterizado en su mayor extensión por la aridez y la escasez de reservorios o afluentes de aguas superficiales, alberga en el subsuelo una enorme riqueza hídrica, de la cual se viene aprovechando para todos los usos sólo el 4% de su potencial anualmente, mientras que la recarga hídrica es del 30%. Ello lo corroboró el SGC con sus estudios, en los cuales se destaca que una de las principales reservas de agua subterránea con que cuenta La Guajira es el Sistema Acuífero formación Monguí.
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Como corolario de lo anteriormente expuesto, se puede concluir que no hay disculpa para que no se les garantice a La Guajira y a los guajiros, sobre todo al pueblo Wayuu, el acceso al agua potable. Si ellos no acceden a ella, como lo plantea el 6º de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), con los cuales Colombia tiene un compromiso vinculante, no será por falta de agua sino de voluntad política, como ha ocurrido inveteradamente.
Gracias a esta nueva política pública y con base en ella, se implementó un plan de contingencia, disponiendo de una batería de pozos profundos, para paliar la calamidad pública que afrontó el Distrito de Santa Marta en el año 2014 debido al desabastecimiento de agua potable a causa de la disminución del caudal de los ríos Piedras, Manzanares y Gaira, de los cuales se sirve el acueducto del Distrito. La misma se hizo extensiva posteriormente al Eje cafetero y hasta Boyacá. Con base en la experiencia anterior, me propuse como Ministro promover un documento CONPES que contuviera los lineamientos de una Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Se trataba y se trata de articular las acciones de las distintas dependencias del Estado y de esta manera aprovechar las sinergias producto de su coordinación, en procura de hacer un uso más eficiente del preciado líquido. Esta propuesta se propone además enfrentar el cambio climático y sus estragos, que ponen en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población, a través de estrategias de prevención, mitigación y adaptación. Con tal fin se deberán coordinar y articular los ministerios de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Agua y Saneamiento Básico, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Dirección de la Gestión de Riesgo de Desastres y la Asociación de Corporaciones Autónomas. Desafortunadamente, el tiempo no me alcanzó para verlo cristalizado.
*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta
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