¡Ojo con EPM!

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Este rifirrafe, además de poner en riesgo la estabilidad financiera y administrativa del grupo empresarial EPM  está poniendo en grave predicamento la entrada en operación del más importante proyecto de generación de energía del país, HIDROITUANGO.

Esta vez quiero expresar mi opinión sobre la reyerta en torno al manejo de las Empresas Públicas de Medellín, más que como ex ministro de Minas y Energía, en mi condición de ex concejal de Medellín y uno de los gestores de la Ley eléctrica y la Ley de servicios públicos. No pretendo tomar partido por ninguno de los dos bandos en contienda, pero sí terciar en la controversia que suscitó el abrupto relevo de su junta directiva, exacerbada por la declaratoria de insubsistencia del nuevo gerente general Álvaro Guillermo Rendón, cuando apenas cumplía un año en el cargo, por parte del alcalde Daniel Quintero.

La decisión ha puesto en el centro del debate el Código de Gobierno Corporativo de EPM, que data de 2007, contentivo de las buenas prácticas a las cuales debe ceñirse su gestión, con el cual se busca justamente blindar esta empresa de servicios, la mayor y más importante del país, con respecto a los vaivenes y avatares de la política, así como de los periódicos cambios de mando en la administración de la capital antioqueña.  

Como dice el poema de Ramón de Campoamor, “en este mundo traidor nada es verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira”. Así se explica que cada una de las dos partes enfrentadas en esta refriega tiene su propia lectura e interpretación sobre el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo. El Alcalde aduce que el cambio de la junta obedeció a la renuncia de sus miembros y que la declaratoria de insubsistencia del Gerente la decretó “con el ánimo de asegurar la estabilidad administrativa y operativa de EPM, con el acompañamiento metodólogo (sic) de la Unidad de Gobierno corporativo”.

Por su parte, la presidente de la Cámara de Comercio de Medellín Lina Vélez le ripostó que ello se hizo contrariando el Código de Gobierno Corporativo, en la medida que “el cambio de Gerente general debe responder a razones objetivas, acordes con los resultados que arroje su gestión”, la que en concepto de la actual junta, presidida por el alcalde Quintero, no había sido satisfactoria y de allí su recomendación de relevarlo del cargo. 

El hecho cierto es que estos cambios tan intempestivos y en medio de tanta polémica y tensiones políticas han puesto a EPM en la mira de la firma calificadora de riesgo Fitch, la misma que le bajó su calificación en agosto del año anterior hasta situarla a un solo peldaño de perder el grado inversionista con todas las consecuencias que de ello se derivaría, especialmente el encarecimiento de su deuda y la mengua de la reputación de la empresa insignia y la más querida para los antioqueños, que ven en EPM su patrimonio más preciado. 

De hecho, Fitch le ha puesto la lupa al proceso de selección del reemplazo de Rendón y está a la espera de que el escogido “sea una persona técnicamente capacitada y con la experiencia adecuada, lo que ayudaría a la compañía a ratificar y devolverle al mercado la percepción de independencia operativa”. Es decir, que quien llegue a la gerencia general de EPM sea un profesional de altas competencias, de gran experiencia y experticia, dada la complejidad del reto de gestionar una empresa integrada verticalmente, que presta servicios tan esenciales como el de acueducto, alcantarillado, gas domiciliario, además del de energía. Huelga decir que EPM no sólo opera en Colombia sino allende nuestras fronteras.

En medio de semejante bololó, sin vísperas, se le ocurrió al ex presidente Álvaro Uribe solicitarle al Presidente Duque la intervención de EPM y ahí fue Troya. Tal vez el expresidente no midió el alcance de su disparatada propuesta y las implicaciones de la misma. Este dislate sería un paso en falso, o mejor una metida de pata, que se llevaría de calle la normatividad que rige las intervenciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que sería la competente para hacerla efectiva. 

Las causales de dicha intervención y toma de posesión de una empresa prestadora de servicios públicos son taxativas y están contempladas en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos y en el caso de EPM no se configura ninguna de las ocho allí contempladas. Tampoco sería dable dicha intervención alegando el “riesgo” de llegar a incurrir en alguna de tales causales, como lo planteó el ex presidente tratando de matizar su trino mañanero. Con razón el Presidente Duque esquivó este salto al vacío y la descartó de plano por improcedente.

Este rifirrafe, además de poner en riesgo la estabilidad financiera y administrativa del grupo empresarial EPM, arrastradas por la vorágine de la política, de la cual debe sustraerse rodeándola de una especie de cortafuegose está poniendo en grave predicamento la entrada en operación del más importante proyecto de generación de energía del país, HIDROITUANGOque es determinante para que no le bajen aún más la calificación, así como la operación del Mercado Caribe Mar por parte de su filial Afinia, que presta  el servicio de energía a millón y medio de usuarios en el Caribe colombiano. Ello es lo que está en juego, nada más ni nada menos. Están jugando con candela. ¡Ojo, pues!

*Amylkar Acosta, ex Ministro de Minas y Energía, ex Director de la Federación Nacional de Departamentos, Miembro de Número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, @amylkaracosta

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