Anunció en Caracas el Presidente Guaidó que quienes adversan al señor Maduro no concurrirán a elecciones mientras éste ocupe el Palacio de Miraflores. Se vislumbra así una nueva abstención.

Durante el año 2020, por imperativo constitucional, debe realizarse en Venezuela en algún momento del año –y la ley no establece cuando- elecciones al parlamento, ese mismo órgano cuya legitimidad es reconocida por toda la comunidad internacional. La abstención que se anuncia, sin duda alguna, repercutirá sobre la integración de ese cuerpo legislativo tendrá y quizás- no lo sabemos- sobre la credibilidad del mismo.

Una de las exigencias de quienes adversan al señor Maduro es la integración del órgano electoral venezolano, cuya junta directiva, en la actualidad, la forman –cuatro a uno- militantes del partido de éste. Constitucionalmente, corresponde al parlamento venezolano su designación. Esta -vista la actual situación política venezolana- solo podrá hacerla el poder legislativo venezolano de manera consensuada. Si ello no ocurre, muy probablemente, tendremos elecciones con los mismos rectores, con todo lo que ello implica.

Consensuar significa hablar, negociar, algo que hasta ahora, por los resultados, no ha sido posible, bien porque no son capaces de hacerlo, porque han decidido no hacerlo o porque han renunciado a ello. Lo cierto es que es la única vía para lograr –dentro de la Asamblea Nacional- que se hagan las respectivas designaciones.

El poder público venezolano está absolutamente desintegrado. La comunidad internacional tiene como presidente a dos personas; el órgano parlamentario está impedido de legislar por decisión de un poder judicial cooptado por la gente que acompaña a Nicolás Maduro. Este hizo instaurar una constituyente que no tiene límite de tiempo de actuación, que no ha discutido un solo artículo y que, por el contrario, ha sustituido en los hechos las atribuciones del órgano legislativo regular. Mientras todo eso pasa, el tiempo avanza, en perjuicio del venezolano del común que observa como el mismo transcurre sin que su dirigencia, de una u otra manera, haya podido implementar un mecanismo de solución al conflicto país existente.

Seguro estoy que la mayoría de los venezolanos quisiéramos que nuestros problemas se resolvieran de manera perentoria. Uno cree que, ante la imposibilidad evidenciada hasta ahora de que ello ocurra, lo prudente sería empezar a resolverlo de a uno por vez. Pareciere –sin embargo- que eso no está planteado. Ante eso solo queda concluir que si se continúa haciendo lo mismo, con certeza se obtendrán resultados similares a los precedentes y ya sabemos cuáles son, no solo internamente sino también fuera del país.

Gonzalo Oliveros Navarro, @barraplural, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, refugiado en Colombia, presidente de AsoVenezuela

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