Quienes aparecen firmando los contratos son testaferros de terceros.

Horas después de que la Procuraduría anunciara la suspensión del Gobernador de Chocó Ariel Palacios por cuenta del Contrato 198 de 2020 por dos mil noventa y un millones de pesos, que tenía por objeto “prestar los servicios a través de una jornada de salud para el desarrollo de las acciones del plan de intervenciones colectivas bajo el enfoque técnico de actividades para la prevención en las diferentes áreas que garanticen la protección de individuos, familia y comunidad frente la (sic) amenaza del coronavirus en las líneas de promoción y prevención”, el Instituto Anticorrupción descubrió que la Señora Delly Karen Mosquera García, representante legal de la contratista, la Fundación Chocó Saludable, tiene un puntaje de 32,94 según medición del Sisbén III (ver Imagen 1).

Imagen 1

Esto significa que ante los ojos del Estado esta mujer está en situación de grave vulnerabilidad económica. Extraña circunstancia para la representante legal de una Fundación que dice tener la capacidad de ejecutar un contrato por semejante cantidad de dinero. Ahora bien, según el Manual Operativo de Ingreso Solidario diseñado por el Departamento Nacional de Planeación, las personas que aparecen registradas en Sisbén III o IV serán beneficiarias de las ayudas que el Estado entregue con ocasión de la pandemia actual (ver el Manual acá). Así las cosas, Delly Karen pronto recibirá – si no recibió ya – el aporte mensual del Estado de 160,000 pesos en su cuenta bancaria, por supuesto, financiado con la plata de los impuestos de todos los colombianos.

Pero la cosa no para ahí. El Gobernador destituido le dijo a los medios de comunicación – a modo de excusa – que el contrato no se había ejecutado y que no se habían desembolsado los recursos (ver acá). Eso tendrán que corroborarlo las autoridades. Sin embargo, desde el Instituto Anticorrupción encontramos que, el 31 de octubre de 2019, el Secretario de Salud de la Gobernación Carlos Tirso Murillo Hurtado firmó otro contrato similar (ver Imagen 2) con la Fundación Etnodesarrollo Social, el Contrato 1141 (ver acá), por mil quinientos millones de pesos, que solo fue publicado en el SECOP el 11 de marzo siguiente. El valor de este contrató sí se desembolsó al contratista.

Imagen 2

Más allá de la publicación extemporánea del contrato, así como del ambiguo objeto perseguido por el mismo, lo que más llama la atención es que – según descubrimos – la Fundación Etnodesarrollo Social es la misma Fundación Chocó Saludable, antes de que cambiara su razón social en el mes de enero de 2020. Si sumamos el monto de ambos contratos, la fundación en cuestión habría recibido más de tres mil quinientos noventa y un millones de pesos en seis meses.

Otro aspecto que llama la atención es que la Fundación Etnodesarrollo Social fue constituida formalmente en el mes de diciembre de 2016 con el objeto de “contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de afrodescendientes, indígenas en Colombia y víctimas del conflicto armado, a través de la gestión y desarrollo de proyectos tendientes a movilizar recursos para transformación (sic) la realidad socioeconómica de la población objeto. Coadyuvando también el crecimiento del país en el posconflicto”. Aparentemente, la fundación que hoy celebra millonarios contratos para la prestación de servicios de salud pretendía trabajar originalmente en la reconstrucción del tejido social en el posconflicto.

Esta fundación es sólo un ejemplo de muchas otras que son creadas para saquear las arcas públicas, cuyos objetos sociales suelen ser tan amplios que cualquier contrato con el Estado resulta posible bajo la mirada cómplice de quienes tienen la responsabilidad de vigilarlas y controlarlas. Por ejemplo: ¡En el caso de la Fundación Chocó Saludable, el organismo encargado de su inspección es la Gobernación del Chocó, la misma entidad con la cual ha celebrado los contratos que hoy la tienen en el ojo del huracán! Urge la creación de una Superintendencia de Organizaciones Sin Fines de Lucro, incluyendo ONGs, fundaciones y asociaciones, o al menos asignarle esa función a la Superintendencia de Economía Solidaria.

De otra parte, según documentos oficiales la secretaria de la Fundación Chocó Saludable es la señora Nuria Everny Maturana Pino (ver Imagen 3). Según pudimos concluir después de observar la información pública de su cuenta de Facebook, la señora Maturana ha dedicado sus últimos años a la venta de productos adelgazantes, aceleradores metabólicos y potenciadores sexuales, que en sus propias palabras son “100% efectivos”. (ver Imágenes 4 y 5) Intentamos contactarla para preguntarle más detalles sobre su rol en la Fundación, pero no nos contestó.

Imagen 3
Imagen 4
Imagen 5

En Chocó, hay más contratos que llaman la atención. El 24 de marzo la  Alcaldía de Quibdó firmó un contrato por ciento diez y ocho millones de pesos (ver acá) con Jhon Edison Chaverra Rentería, propietario del establecimiento Diseño y Publicidad Quibdó (ver Imagen 6), cuyo objeto es el “servicio de publicidad para la promoción y prevención del contagio de la pandemia del coronavirus -covid-19 en el municipio de Quibdó”. El supervisor del contrato es Jorge Tadeo Lozano, homónimo del prócer de la independencia, según consta en el acta de inicio del mismo, de 17 de abril de 2020.

Imagen 6

Sin perjuicio de las responsabilidades individuales que le puedan caber a cada quien por prestarse a chanchullos como los que desde ya se puede intuir que se están fraguando, es posible deducir que quienes aparecen firmando los contratos son testaferros de terceros. Las autoridades deberían indagar quiénes son los determinadores de tales negocios y quiénes son los que se están lucrando de esa feria de contratos. Lo dije hace unas semanas y ahora lo repito: las aves de rapiña hacen su agosto sobre los cadáveres de la desgracia ajena.

*Camilo Enciso, @camiloencisov, Director del Instituto Anticorrupción y Ex Secretario de Transparencia de Colombia

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