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Un nuevo modelo de gobernanza podría llegar a implementarse a través de pactos regionales que promuevan el crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad ambiental en los territorios.
El domingo 2 de Agosto, el periódico El Espectador publicó una entrevista con el Presidente Duque en la que anuncia sus planes para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19. En palabras del Presidente, lo que busca el Gobierno es “movilizar (…) más de 100 billones de pesos en (…) vías, puertos, aeropuertos, proyectos digitales, energías limpias, vivienda conectividad, desarrollo social, vías terciarias y paz con legalidad, mediante catastro multipropósito y aceleración de obras PDET, entre otros”.
La larga lista de sectores y proyectos citados en la entrevista demuestra que el Gobierno no tiene un plan ni unas prioridades definidas para lograr la reactivación económica. Nuevamente el Presidente deja pasar la oportunidad de proponer una visión de mediano y largo plazo para Colombia, que permita no solo recuperar la senda de crecimiento y los niveles de empleo de los primeros meses del año, sino la confianza, la tranquilidad y el optimismo de la gente.
Para lograr una pronta recuperación económica y social, el país necesita de la construcción de unas agendas territoriales de desarrollo, que le sirvan de guía al Gobierno para focalizar, orientar y darle sentido técnico y político a los más de 100 billones de pesos que pretende invertir en el periodo de la post-pandemia.
Para garantizar el éxito de este proceso, los responsables de su implementación deberán tener en cuenta algunas de las lecciones que han dejado las distintas iniciativas de desarrollo local en el pasado.
La estrategia del Gobierno no puede consistir simplemente en profundizar la descentralización, otorgando mayor autonomía administrativa y fiscal a las entidades territoriales y delegando en su totalidad la construcción de estas agendas.
La transferencia de funciones y recursos a los gobiernos locales garantiza un mejor acople entre las necesidades de los ciudadanos y las políticas públicas, promueve la participación ciudadana; y refuerza la legitimidad del Estado. Sin embargo, a pesar de sus efectos positivos, la descentralización puede terminar afectando el crecimiento económico y agravando las desigualdades regionales.
Sus efectos negativos, por lo general, se pueden explicar a partir de tres hipótesis: (i) la baja capacidad de los gobiernos locales para asumir responsabilidades administrativas y fiscales; (ii) la baja representatividad política de las regiones más apartadas y, en consecuencia, el acceso limitado a los recursos del Gobierno; y (iii) la competencia nociva entre regiones por atraer inversión privada. Esta última puede llevar a una situación en la que los municipios terminen bajando desproporcionadamente sus impuestos y limitando en exceso su capacidad de gasto, con el ánimo de ofrecer mejores condiciones a los inversionistas.
Pero, – y hay que ser enfáticos en este punto – , tampoco se trata de construir estas agendas desde Bogotá. Como dijo alguna vez Sergio Jaramillo, “el modelo centralista, en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para traer el Estado, se quedó sin aire”. Parece claro que de esa manera “el Estado nunca va a llegar a ninguna parte de manera sostenida y con suficiente intensidad”.
Para la construcción de estas agendas territoriales, el Gobierno Nacional debe tener en cuenta las limitaciones que tiene cada una de estas dos aproximaciones al desarrollo local y proponer un nuevo modelo de gobernanza que logre articular las demandas regionales con los recursos del nivel central.
Este nuevo modelo de gobernanza podría llegar a implementarse a través de pactos regionales que promuevan el crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad ambiental en los territorios. Cada uno de estos pactos agruparía a un conjunto de municipios conexos con características económicas, sociales y culturales similares. Los límites departamentales no supondrían una limitación para la conformación de estas regiones.
La coordinación del proceso de formulación de estos pactos estaría a cargo del Gobierno, que deberá asegurar la participación de representantes de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y del sector privado.
El primer paso en la construcción de estos pactos sería definir,en conjunto con los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado, unas vocaciones productivas para cada una de las regiones y comprometer a los distintos niveles de gobierno en la provisión de los bienes públicos necesarios para acelerar el crecimiento de cada uno de estos sectores.
El plan de inversiones de las Entidades Territoriales y el Gobierno Nacional debe reflejar algunas prioridades estratégicas comunes a todas las regiones: la necesidad de invertir en centros educativos que formen a los técnicos y/o profesionales en las habilidades requeridas para trabajar en las actividades que fueron priorizadas, en centros de innovación que trabajen por mejorar la productividad de las empresas de la región, en vías terciarias que mejoren la conectividad con los centros poblados y/o con puertos y aeropuertos y en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Al Gobierno le corresponderían, además, las funciones de fortalecer técnicamente a los municipios con menor capacidad institucional y de garantizar la coherencia entre los distintos pactos. Las apuestas de desarrollo de las distintas regiones deben ser complementarias. En lo posible, el crecimiento de una región debería impulsar o, al menos no perjudicar, el desarrollo de las otras regiones.
La propuesta de los pactos regionales por el crecimiento, la inclusión y la sostenibilidad ambiental podría darle al Gobierno una hoja de ruta para priorizar los más de 100 billones que piensa invertir en la generación de empleo en el periodo de la post-pandemia. El Presidente Duque está ante una oportunidad única de unir a los colombianos alrededor de unas apuestas territoriales de desarrollo, que pueden llegar a cumplir un doble propósito: sacar al país de la crisis económica y social en la que se encuentra por el COVID-19 y sentar las bases para la construcción de un nuevo pacto de gobernanza que permita acelerar el crecimiento en las regiones así como reducir las brechas entre los municipios más prósperos y los territorios olvidados.
*Camilo Umaña Pizano, economista y magíster en políticas públicas, con una maestría en planeación urbana y regional. Ha trabajado en el Ministerio del Interior, y como consultor del Banco Mundial en el área de gobernanza pública. Actualmente se desempeña como consultor del área de Ciudad y Territorio en la firma española IDOM.
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