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El posicionamiento constante de las fichas de la familia Char en el ejecutivo evidencia la relación entre el gobierno nacional de Iván Duque y este clan a lo largo de estos últimos cuatro años.
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El los últimos días el candidato presidencial Alejandro Char ha estado en el ojo mediático debido a las declaraciones dadas por la ex representante a la cámara por el partido conservador, Aida Merlano, que lo involucran a él y a su hermano Arturo, ex presidente del Senado, con la compra de votos en el Caribe y en su ciudad natal Barranquilla. Éste no es el único escándalo que rodea a la familia de los Char, ni al hoy candidato presidencial perteneciente a la coalición de derecha “Equipo por Colombia”.
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Más allá de los presuntos cargos que podrían derivarse de las declaraciones de Merlano, que incluyen corrupción al sufragante, complicidad en la fuga de la ex congresista, intento de asesinato y violación, los nombres de “Alex” y su familia también aparecieron en las investigaciones de los Pandora Papers. Lastimosamente a estas revelaciones no se les dio la importancia suficiente. En esta investigación, realizada por el equipo conformado por periodistas del El Espectador y de Connectas, se logró vincular a la familia con más de diez sociedades offshore gestionadas por la firma “Alcogal”. Esta firma de abogados panameña se caracteriza por ofrecer a sus clientes la apertura y gestión de empresas offshore en paraísos fiscales, como Delaware, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, entre otras.
El principal cliente de Alcogal en Colombia es Fuad Char, padre del presidenciable y patriarca supremo del clan barranquillero. Sus hijos también aparecen numerosas veces como miembros de las juntas directivas de las empresas. Jabib Char Abdala, hermano de Fuad, también es nombrado en las investigaciones y aparece como el dueño de las sociedades Linwall International INC y Inpernis Holdings LTD. El hijo de Jabib, David Char Navas, también tiene nexos con estas empresas, aunque más importante aún, fue condenado por vínculos con paramilitares. En su confesión ante la Jurisdicción Especial para la Paz, David declaró que en la costa atlántica hay un entramado de compra de votos que involucra a su familia y a otras dos: la Gerlein y la Name.
El candidato presidencial Alex Char fue denunciado en el año 2017 ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado barranquillero Luis Enrique Guzmán Chams. Según su relato, cuando Alejandro era alcalde de la ciudad le pidió una serie de coimas que sumaban aproximadamente 2.300 millones de pesos por la contratación de la construcción del megatanque de Barranquilla, que luego de cinco años, 11 prórrogas y 12.500 millones en sobrecostos, sigue sin entregarse. El 11 de septiembre del año 2020, Guzmán Chams volvió a denunciar a Alejandro e involucró además a la hoy Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, amiga íntima de la familia y su ficha política en las altas esferas de las llamadas “ias”, por constreñimiento a la justicia. Luego de su primera denuncia, relata Guzmán, diferentes personas lo amedrentaron para que la retirara, entre ellas la señora Cabello. Las acusaciones son graves y, sin embargo, la única persona a quien la justicia parece haberle abierto un proceso es al denunciante.
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La familia Char, como muchas otras familias influyentes y cuestionadas, juega de esta manera en los escenarios de la política, expandiendo sus tentáculos a través de alfiles que protegen sus intereses. Otro ejemplo claro de este fenómeno es la ex ministra de las TIC, Karen Abudinen, protagonista y principal responsable política del desfalco de 70.000 millones de pesos por el contrato fallido otorgado a la firma “Centros Poblados”. Para 2020, el clan tenía 11 congresistas, ocho alcaldes y 20 concejales y también una ficha política importante saltando de cargo en cargo llamada Ana María Aljure. Esta mujer, quien otrora se desempeñó como secretaria general de Alejandro Char durante su alcaldía, pasó de ser viceministra de Talento y Apropiación Social – cargo inventado por el gobierno – a Directora del Instituto Geológico Agustín Codazzi, un cargo importantísimo si se tiene en cuenta que es el instituto encargado del catastro del país y para el cual, cabe aclarar, no tiene ninguna experiencia. Esta mujer también fue nombrada por Guzmán Chams en sus denuncias pues, según él, estuvo presente durante la entrega de las coimas. El posicionamiento constante de este tipo de personas en el ejecutivo evidencia, además del poder de la familia, la relación que hubo entre el gobierno nacional de Iván Duque y este clan a lo largo de estos últimos cuatro años.
Laura Ardila, periodista de la Silla Vacía, ha investigado el modus operandi de la familia. Entre sus revelaciones está la ya reiterada de compra de votos, la cual se lleva a cabo a plena luz del día el día durante las jornadas electorales y un entramado de contratación irregular que se ejecuta a través de una figura llamada “crédito proveedor” la cual, si bien no es ilegal, facilita las dinámicas de corrupción y el posible lavado de activos a través del mismo organismo estatal. Para que esta empresa de corrupción funcione la familia ha creado un monopolio facilitado por empresarios amigos. Nombres que resaltan en estos procesos licitatorios irregulares y amañados son Christian Daes, Faisal Cure y Samuel Tcherassi, quien junto a los hermanos Daes, creó más de 1.500 empresas de papel para quedarse con el poder de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Si bien eso no lo lograron hacer debido a los impedimentos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), esta Cámara de Comercio ya estuvo en manos de los Char a través de otra persona muy cercana a la familia, José Manuel Carbonell, quien en 2017 fue nombrado como presidente de la junta y que, además, es uno de los apoderados de ciertas empresas offshore de los Char, según se demuestra en los antes nombrados Pandora Papers.
El entramado de corrupción y clientelismo de la Costa Atlántica y en específico de la ciudad de Barranquilla puede seguir entregándonos nombres y pruebas y, sin embargo, lo único que gira alrededor de los Char, quienes se presentan como el núcleo principal de este fenómeno, es el silencio complaciente de quienes por miedo o complicidad deciden callar.
Es el caso del periódico El Heraldo que, en muy pocas ocasiones, ha tocado los intereses de la familia. Esto puede explicarse por el hecho de que la familia del alcalde Jaime Pumarejo, ficha charista, tiene silla en la junta directiva del periódico. Con las instituciones de control pasa igual. El nivel de cooptación de la familia sobre estos organismos los hace, en palabras del mismo Alejandro, “intocables”. Lo que sí sorprende es el silencio cómplice de los miembros de su coalición, quienes siguen posando al lado de Alejandro aún a sabiendas de la tonelada de procesos, indicios, pruebas y denuncias que lo rodean y vinculan a un sinnúmero de crímenes, conductas indebidas y corrupción y de lo que representa él y su familia para la realidad política de nuestro país. ¿Éste es el tipo de gente de la antes llamada “Coalición de la Experiencia”? Tal vez esa experiencia de la que tanto se jactan sea aquella que tiene a Colombia en el nicho de corrupción, mutismo y complicidades políticas que no la dejan salir del hoyo en el que está. Si esa es la experiencia que le quieren brindar al país, debemos protegernos a toda costa.
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*Martín Zamudio. Politólogo y periodista. @MartinZamudioE
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