Paquidermos

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La concejal Andrea Padilla describe cómo el Estado se comporta igual que el narco: a punta de bala, pretende lidiar con los hipopótamos que nos dejó Pablo Escobar.

Por estos días se han hecho públicos varios artículos periodísticos que recogen la discusión sobre qué hacer con los hipopótamos que el narcotraficante Pablo Escobar ingresó a Colombia hace más de treinta años, junto a otros cientos de mamíferos africanos, en las narices de un Estado cómplice. Cuando ingresaron al país eran tres hembras y un macho. Hoy son entre ochenta y cien los hipopótamos dispersados por la cuenca del río Magdalena, cuyos ecosistemas han favorecido la reproducción y buena vida de estos extraordinarios gigantes.

La situación se salió de control por razones obvias. El Estado, además de cómplice, fue irresponsable, pues no actuó cuando habría sido económico y relativamente sencillo evitar éticamente el crecimiento de la población de hipopótamos. De hecho, habría bastado con castrar al macho.

En cambio, el Estado se comportó igual que el narco. En 1999, Corantioquia optó por resolver el problema a punta de plomo, mediante la expedición de una resolución que le dio a la Fundación Vida Silvestre la potestad de hacer las gestiones necesarias para balear a tres hipopótamos – de una población de dieciséis – que se habían fugado de la Hacienda Nápoles. Y en efecto, así se hizo. El 26 de julio de 2009, los colombianos nos despertamos con una fotografía impúdica en la que un batallón del ejército posaba, orondo, junto al cadáver de un hipopótamo. ‘Pepe’, como bautizaron a su víctima mortal, fue aniquilado por un cazador extranjero de la Federación Colombiana de Caza.

Por fortuna, un ciudadano interpuso una acción popular contra Corantioquia y el Ministerio de Ambiente que, para aquel entonces, estaba en cabeza de Carlos Costa, bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez. El juez ordenó no emitir más permisos de caza para matar a los dos hipopótamos restantes y, en vez de ello, les ordenó a las entidades accionadas adelantar las gestiones necesarias para capturarlos y regresarlos a la Hacienda. Sin embargo, esta orden bastó para que la institucionalidad ambiental retornara a su estado natural de aletargamiento, mientras la población de paquidermos aumentaba junto a comunidades humanas que poco a poco se acostumbraban a ella, igual que a la ausencia del Estado.

Once años más tarde, nadie negaría que la presencia de casi un centenar de hipopótamos en las aguas del río Magdalena es un problema ético, además de socioambiental, por los riesgos que genera para la supervivencia de individuos de otras especies. Lamentablemente, según algunos profesionales de ciencias ambientales, matar a los animales es la única opción. Sostienen que devolverlos al África sería irresponsable por razones genéticas – un argumento difícil de rebatir – y que esterilizarlos sería lento y costoso: dos somnolientas palabras propias de la administración pública de nuestro país, que nos han forzado a avanzar a ritmo de paquidermo.

Pero, además, no son argumentos ciertos. En Colombia hay biólogos y veterinarios extraordinarios que podrían conformar un equipo élite dispuesto a rendir a toda marcha. En cuanto al recurso, descartar la opción por costosa es ruin y descarado. Esterilizar a cien hipopótamos costaría entre $1.500 y $2.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto nos cuesta un mes de congresistas, incluidas sus unidades de trabajo, camionetas y arandelas como seguros y tiquetes aéreos, ahora que tuvieron el descaro de subirse el sueldo? $26.402 millones de pesos. Es decir que, con lo de un mes de Congreso, esterilizaríamos entre mil trescientos y mil setecientos hipopótamos.

¿Desde cuándo ahorrarle plata al Estado hace parte de las valoraciones ambientales? Lo que paguemos por la esterilización de los hipopótamos que un día sacamos de su tierra, por todos los programas posibles de conservación de especies endémicas, por los más de dieciocho mil animales encerrados en zoológicos, provenientes del tráfico ilegal y por los más sofisticados centros de rehabilitación de animales silvestres, será poco para intentar compensar los daños irreparables que les hemos causado y el abandono en el que los hemos mantenido desde siempre.

Por eso inquieta la facilidad con la que algunos expertos parecieran entregados a la solución final. Del Estado no sorprende – y no me extrañaría que un día de estos nos levantáramos con la noticia de una matazón de hipopótamos –, pero sí de quienes, por su formación profesional al servicio de la vida, lo que incluye a individuos, especies y ecosistemas, deberían bregar por buscar salidas que tuvieran en cuenta los intereses de todos los animales involucrados en el conflicto.

En buena hora el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular en la que nuestro amigo, el profesor Luis Domingo Gómez – también abogado de osos, abejas y tiburones – le solicita al juez ordenarle al Ministerio de Ambiente, a Cornare y a Corantioquia instalar una mesa de trabajo con expertos científicos y profesionales en bioética para estudiar alternativas que protejan a los animales de las especies nativas de la región y a los hipopótamos. De hecho, en estos días biólogos de Cornare informaron que están analizando la posibilidad de iniciar un plan de castración química (¡para eso es la ciencia!) y de reubicar a algunos hipopótamos en zoológicos que les brinden bienestar. Ojalá la conservación le siga perdiendo el miedo a la compasión.

Nunca dejará de sorprenderme la facilidad con la que proponemos matar a otros animales, alegando que causan daños. Pareciera que ni a punta de pandemias acabamos de entender y aceptar que somos nosotros, animales humanos, la especie más devastadora que ha existido en el planeta. Claro, para eso sirven nuestros derechos y para eso sirve seguir negándoselos a los demás.

*Andrea Padilla Villarraga, PhD., activista por los derechos de los animales, concejal de Bogotá @andreanimalidad

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