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Luis Emil Sanabria hace la radiografía de una sociedad que no se decide a defender la paz.
La desesperanza recorre nuestros ríos y montañas, se apodera a pasos agigantados de campos y ciudades, un sentimiento que crece y se alimenta con las noticias diarias que son creadas, alimentadas y multiplicadas exponencialmente por unas manos blancas que manipulan y firman decretos, en medio de la debilidad movilizadora causada por el miedo a contagiarnos con el Covid-19. Y no es para menos, cuando la realidad es que asistimos impávidos, casi cegados, a la más descarada operación política y militar, que mezcla aceleradamente limitación de derechos, fortalecimiento del aparato militar y represivo y persecución a grupos sociales y de oposición, en un ataque frontal en contra del establecimiento de la paz integral, los anhelos de democracia en todas sus acepciones y que, en definitiva, va en contra del avance efectivo del Estado social de derecho.
El pueblo, sus organizaciones y los excombatientes de las FARC firmantes del acuerdo de paz siguen viendo asesinados, judicializados o desaparecidos a sus líderes y lideresas, lo que no solamente es un número en el inventario, que no se detiene desde hace decenas de años y que, en el 2020, asciende a la fecha a más de 110 líderes y lideresas asesinadas y más de 20 excombatientes FARC, sino que es fundamentalmente un ataque sistemático, con un mismo patrón de ejecución y un similar perfil de la víctima, ataque preconcebido desde las estructuras del poder político, económico y social, contra el soporte de la sociedad, la democracia y el Estado, que es su ciudadanía y su tejido social y el derecho que le asiste a opinar, disentir, proponer, oponerse u organizarse, sin que esto implique poner en riesgo su vida.
Las organizaciones campesinas que defienden el territorio y están comprometidas con hacer de este un espacio de paz y reconciliación, en donde se sueña y avanza en la creación y defensa de un modelo de vida autogestionado, soberano, amoroso y solidario, que reconoce la importancia de mantener las fuentes hídricas, los bosques, los animales y en general la biodiversidad, son víctimas, no exclusivas, en el menor de los casos, del uso indebido del derecho por parte del Estado y del Gobierno Nacional que en alianza, la mayoría de las veces, con intereses privados -que no ocultan su intención de imponer un “modelo de desarrollo” depredador, extractivista u hostil con el ambiente y las tradiciones-, judicializan a los y las lideresas sociales y desprestigian su importante labor y compromiso.
Los pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales, defensores del territorio y de las costumbres ancestrales, siguen sufriendo los rigores del Gobierno, de algunos gobiernos locales y del modelo de Estado centralista, occidentalizado y excluyente, que impone mediante el uso de la fuerza militar legal e ilegal, el saqueo, el empobrecimiento y, en no pocos casos, el genocidio étnico en las llamadas zonas futuro o en territorios con proyectos “estratégicos”, una forma de gobernar y un modelo de Estado que ha abandonado la importancia de promover o fortalecer a los pueblos y sus formas de organización socio-política, con gobierno propio, con soberanía plena sobre el suelo y el subsuelo, con reconocimiento de su lengua y sus derechos. No solo se trata de restringir el derecho a la consulta previa, mediante una supuesta reglamentación, sino esencialmente, de destruir la resistencia y la persistencia de los pueblos que se niegan a ser parte de un modelo cultural y económico, nunca legítimo, que les está llevando contaminación, pobreza, exterminio y violencias.
Las organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos, de víctimas, mujeres, jóvenes, población LGBTI, de personas con discapacidad y las organizaciones constructoras de paz, que mantienen su compromiso irrenunciable por avanzar hacia una sociedad reconciliada, deliberativa, en donde se goce plenamente de los derechos humanos, en la cual sean reconocidos plenamente como sujetos de derechos con total capacidad para proponer, interpelar y trabajar por un mejor país son el objetivo al cual los “escupe balas” y/o los disparadores materiales apuntan constantemente sus frases señaladoras y falsas, o sus armas letales, en una mezcla perversa de intolerancia social, fanatismo religioso, ideológico o retorcida modalidad del uso de los medios e instrumentos de comunicación modernos, para crear falsas verdades que de tanto repetirse, terminan por construir una masa amorfa de seguidores políticos, fanáticos, culebreros, estafadores y corruptos, que posan de sicarios morales contra quienes no concuerdan con el modelo de país que han diseñado bajo el amparo de las nuevas hordas facistoides que recorren el mundo.
Esa es una radiografía de esta sociedad que se debate entre avanzar hacia el encuentro con la vida de la mano de la reconciliación, la democracia, los derechos humanos, la equidad, el respeto por el ambiente, la justicia, la soberanía, la transparencia y el buen gobierno, o seguir retrocediendo para lanzarse al abismo de la muerte, y continuar perdida en el laberinto de las violencias, la impunidad, el narcotráfico, la corrupción, el empobrecimiento, la destrucción, el genocidio contra sus pueblos ancestrales y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Una sociedad que quiere la paz, pero que no se decide a cambiar o que no sabe cómo hacerlo, que no se libera de los temores que implica reencontrarse con los desafíos de lograr el bienestar de las mayorías, renunciando o rompiendo con viejos privilegios, que no se la juega con decisión por la democracia plena, profunda, deliberativa y decisoria. Una sociedad, que debe escoger prontamente, entre el oscurantismo que se apodera de las riquezas que son colectivas o la luz que ilumina el camino hacia una vida con dignidad.
En algún momento, seguramente no muy lejano, tendremos que movernos con más decisión y compromiso, retomar la acción social y política, para ayudar a liberar la paz que queremos y que se encuentra atrapada entre la bayoneta y la pared. Tendremos que renunciar a la “tranquilidad” y al conformismo, y sin más ropaje que el de la solidaridad y la unidad, enfrentar la barbarie, la injusticia y la inequidad, con toda la fuerza de la fragilidad amorosa de la ciudadanía. Tendremos que fortalecer y respaldar con más decisión la acción política legislativa y de control, la movilización y la acción simbólica en plazas y veredas y la gobernabilidad para la paz.
*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz
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