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En el mundo rural colombiano en donde la guerra ya se reanudó plenamente hay que construir desde cero la paz.
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En los pasados días se han desarrollado varios hechos que evidencian un reinició pleno de la guerra en varias zonas de la geografía colombiana, en primer lugar los combates que se han desarrollado en los municipios de Arauquita y Puerto Rondón en el departamento de Arauca entre disidentes del Acuerdo Final de Paz con las FARC y guerrilleros del ELN, el segundo de los hechos es el patrullaje de disidencias de las FARC en el perímetro urbano del municipio de Policarpa en el departamento de Nariño; en ambos casos se evidencia que, las estructuras militares ilegales que operan en estos territorios, están consolidadas y tienen un poder bélico sumamente relevante.
De la misma manera que el Estado y las empresas dinamizan las economías de mercado en las ciudades capitales del país, los grupos armados ilegales dinamizan los procesos económicos de estos territorios, cobran impuestos, imparten multas, se imbrican en las economías primarias como la extracción de oro ilegal y petróleo, y se relacionan con la fabricación y comercialización de cocaína en estos territorios periféricos, en otras palabras, son el ente regulador y uno de los proveedores de trabajo en las zonas. En buena medida, esta es una de las razones para que zonas como el Urabá, Norte del Cauca, Sur de Nariño, Catatumbo, zonas del departamento de Putumayo y territorios de frontera estén nuevamente en guerra.
Las anteriores precisiones traen una reflexión que en ocasiones y pensando con el deseo se nos había olvidado: en Colombia existen muchas zonas en las que aún se está construyendo el Estado y los diferentes actores armados legales e ilegales controlan de manera compartida el curso de la vida, en otras palabras, estos casos muestran que Colombia está muy lejos de ser el Estado weberiano que tiene el monopolio de la fuerza y controla todas las esferas de la vida. En efecto, esto no quiere decir que lo que está sucediendo en el mundo rural colombiano en donde se ha reactivado la guerra plenamente, no merezca preocupación, sin embargo, no debemos fingir sorpresa ante esta situación que viene sucediendo desde hace tiempo y que el Estado colombiano no ha podido revertir.
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Dichos fenómenos que se están presentando en el territorio rural en Colombia no son nuevos, pero sí se pensaba que el Acuerdo Final de Paz con las FARC en el año 2016 y su posterior implementación iban a cambiar totalmente el escenario de la guerra. En otras palabras, el Estado colombiano intentó sin éxito convertirse en el tercero garante de los territorios, tener el monopolio de la violencia, dinamizar la economía campesina y establecer los órdenes sociales con los cuales la comunidad desarrollaría su vida desde el 2016 en adelante. En esta dirección sociólogos como Michael Mann advertían desde hace tiempo que un Estado no puede controlar totalmente a la sociedad, es decir, la pregunta no es ¿sí el Estado controla o no un territorio? La pregunta correcta es ¿Cuál es el grado de control e integración que ha tenido el Estado en un territorio?; en efecto si este control es alto al igual que la integración, el Estado tiende a consolidarse y la guerra civil es cosa del pasado.
En consecuencia, en el mundo rural colombiano en donde la guerra ya se reanudó plenamente hay que construir desde cero la paz, para muchos sectores esto puede ser incomodo y probablemente se intente invisibilizar, pero la realidad es que los avances logrados por el Acuerdo Final de Paz del 2016 son irrelevantes en algunos territorios de Colombia. Lo anterior no significa que se deben construir varios diálogos de paz con las estructuras militares ilegales activas de la misma forma que fueron realizadas con las FARC-EP desde el año 2012, sin embargo, esto sí implica que la construcción de paz en muchas partes del mundo rural colombiano requiere una atención como si nunca se hubiera implementado la paz, es decir, llevar Estado, mercado, instituciones, bienes y servicios a estos lugares para contener esta guerra en la que estamos.
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*Jorge Baquero Monroy. Licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca. Mágister en administración pública de la ESAP. Investigador del proyecto Infraestructuras de Paz, agendas políticas y dinámicas organizacionales en la implementación efectiva del Acuerdo Final en Colombia (2016-2022).
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