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Mientras la mitad de la sociedad colombiana deja el hábito de matarse y la otra mitad deja el hábito de guardar silencio.
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El pasado 8 de noviembre Juan Pappier, director asociado para las Américas de la ONG the Human Rights Watch señaló que en los primeros 3 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro se han cometido 35 homicidios a defensores de derechos humanos y líderes sociales, siendo los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca los más afectados, con 8, 4 y 3 homicidios respectivamente. Los registros de quizás la organización no gubernamental de derechos humanos más respetable a nivel internacional, refleja que Colombia es un país peligrosísimo para ejercer este tipo de actividades. Existe una serie de motivaciones interminables para realizar estos asesinatos, hay un número relevante de personal criminal dispuesto a ejecutar estos homicidios y el Estado a nivel local no tiene el aparato judicial e investigativo robusto como para esclarecer estos casos y evitar otro tanto.
Aparentemente el asesinato de líderes sociales está relacionado mayoritariamente con dos fenómenos que confluyen en un mismo territorio. Por un lado, la injerencia de los grupos guerrilleros y paramilitares posdesmovilización que tensionan las relaciones en las comunidades más empobrecidas y periféricas del país y por otro lado, la relación de los líderes sociales con la economía política de la coca, es decir, estos líderes sociales se opusieron en algún momento al trafico de cocaína o a la producción de pasta base de coca, o impulsaban proyectos de sustitución de cultivos o simplemente caen por balas del narcotráfico paranoico que ve enemigos por todo lado. Ahora bien, de estos 35 asesinatos también emergen emprendimientos locales que subcontratan violencia privada para asesinar adversarios, buen ejemplo de ello es el caso del periodista Rafael Emiro Moreno, el cual desde hace años había iniciado una serie de denuncias en contra de una parte de la clase política del departamento de Córdoba. En dichas denuncias Moreno afirmaba con pruebas que en el departamento afloraban las dobles contrataciones, bienes públicos inconclusos, tráfico de influencias, entre otros delitos contra el servicio público.
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Si bien este escenario por el que transita Colombia es muy preocupante y reclama toda la atención de las agencias del Estado, es necesario decir que la cifra de asesinatos de líderes sociales en los primeros 100 días de gobierno del presidente Petro es muy inferior a la cifra que se presentó en los primeros 100 días de gobierno del expresidente Iván Duque Márquez. En efecto en esos primeros 100 días de gobierno de Duque se produjeron 120 asesinatos de líderes sociales, es decir, tres veces más que en el gobierno del presidente Gustavo Petro. De esta forma, por un lado, las cifras están evidenciando que la violencia se está desescalando en Colombia, y que los líderes sociales de a poco tienen más garantías de seguridad en sus territorios; mientras que, por otro lado, se está desmontando la imagen catastrófica que algunos medios de comunicación desean describir y los partidos políticos de oposición quieren usar para catapultarse en las elecciones locales.
El diagnóstico sobre el estado de la violencia hacia los líderes sociales lo tiene el gobierno del presidente Petro. No hay necesidad de entrar a realizar interminables consejos comunales y pactos regionales para evidenciar la catástrofe de la muerte que desde hace años vienen denunciando organizaciones como el CRIC, IDEPAZ, la FIP, PARES, entre otras; tampoco se requieren eternos análisis de patrones, contextos, tiempos y lugares de los delitos por parte de la Fiscalía General De La Nación para comprender lo que está pasando. De tal suerte es necesario que el presidente Petro coloque un derrotero claro y directo hacia sus gerentes de infraestructuras estatales que protegen la vida de los líderes sociales, es decir, agencias como la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, las centrales de inteligencia militar, entre otras. Del mismo modo, urge que el gobierno central presione al Fiscal Barbosa y al defensor del pueblo Carlos Camargo, los cuales han tenido durante varios años una gestión lamentable en este tema.
Según la Universidad de Londres, una de las más prestigiosas del mundo, un ser humano puede tardar entre 18 y 254 días en adquirir un hábito, en promedio, la mayoría de las personas lo consiguen en dos meses. Sin embargo, mientras la mitad de la sociedad colombiana deja el hábito de matarse y la otra mitad deja el hábito de guardar silencio, es necesario que el gobierno colombiano deje el hábito de solo contar los muertos.
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*Jorge Baquero Monroy. Licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca. Mágister en administración pública de la ESAP. Investigador del proyecto Infraestructuras de Paz, agendas políticas y dinámicas organizacionales en la implementación efectiva del Acuerdo Final en Colombia (2016-2022).
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