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Hace unos meses, en un programa de la W Radio, la nueva alcaldesa Claudia López propuso clasificar los parques en Bogotá de acuerdo con los usos que tienen y establecer horarios para restringir el consumo de alcohol y drogas. Así por ejemplo se podría sancionar a alguien que esté ingiriendo licor en un parque infantil, mediante la aplicación de la ley 745 de 2002, en horas en las que hay niños. La medida, por otro lado, es amigable con los usuarios de drogas, pues no los criminaliza ni los excluye, sino que les brinda garantías para un consumo sin represión, ya que les permite hacer uso del parque en un horario determinado.
Vale la pena aclarar que la intención de la propuesta no es permitir la venta de sustancias ilegales, como El Nodo y otros portales de noticias falsas hicieron creer, y gracias a la labor de sitios de verificación de noticias como La Silla Vacía y Colombian Check, se logró desmentir. La tergiversación que intentaron estos portales era superficial, pues López fue muy enfática en el programa al decir “en cualquier caso, nada nos impide capturar a un jíbaro en cualquier momento, en cualquier sitio público”.
La idea de López, que también ha sido planteada por senadores de la Alianza Verde e incluso por la Alcaldía, no es descabellada. De hecho, puede considerarse parte del enfoque ‘Reducción de Daño’, una alternativa diferente a la prohibición o legalización que ha resultado acertado en otras partes del mundo.
La Reducción de Daño es un modelo que nació en los años 20 en Reino Unido bajo la premisa de que hay personas con problemas de consumo crónico de morfina y que quitarles la droga abruptamente representaba un riesgo para sus vidas. El modelo ha venido evolucionando y, en tiempos modernos, reconoce que, a pesar de la fuerte guerra contra las drogas, los narcóticos siguen siendo consumidos y representan un problema para la salud. Por eso, propone crear estrategias prácticas que reduzcan los impactos negativos del consumo, tanto para usuarios de drogas como para los que no lo son.
Las políticas públicas que se contemplan dentro de esta aproximación pueden ser salas de consumo asépticas y controladas, como también alimentación y análisis médicos a bajo costo, como ya ocurre en países como Canadá, Alemania o Suiza. Una propuesta interesante es que los policías que atiendan casos de drogas podrían llevar consigo una inyección de naloxona, fármaco que podría revertir los efectos de una sobredosis de heroína y así asistir efectivamente a los ciudadanos.
El pico y placa en los parques puede ayudar a eliminar estigmas hacia usuarios de drogas pues, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo el 10% de consumidores presentan consumo problemático, además de mejorar la relación de las autoridades con los ciudadanos. Pero la medida, si se hace efectiva, debe ir más allá y con el tiempo incluir jeringas, puntos de hidratación, asistencia médica, servicios de análisis de sustancias e incluso llevar el modelo a sitios como las cárceles, donde las drogas siempre entran y los usuarios se ven obligados a compartir jeringas, lo cual provoca epidemias y se convierte en un problema de salud pública para todos los ciudadanos.
Oswaldo Beltrán, periodista colaborador