“Si hay objeción, los derechos de las víctimas que se establecieron en la estatutaria serán solo un buen recuerdo de un esfuerzo infructuoso tal y como ocurrió con las curules para las víctimas en el Congreso”.

Muy hábilmente los críticos de la JEP han usado la fotografía de Timochenko compareciendo ante esa jurisdicción para destacar que en esa diligencia no hay víctimas. A renglón seguido sugieren que quienes promovimos el acuerdo de paz y su implementación engañamos a los colombianos cuando dijimos que, en el centro del acuerdo de paz, estaban los derechos de las víctimas y que la JEP tenía como propósito fundamental garantizarlos.

Un ciudadano no familiarizado con las normas constitucionales y legales que rigen la actuación de la JEP puede pensar que esas afirmaciones son ciertas. El objetivo es claro y perverso: desacreditar a la JEP, incluso con engaños, algo así como lo que dejaron en evidencia las confesiones de Juan Carlos Vélez pocos días después del plebiscito.

Es cierto que, en la diligencia de versión voluntaria a la que acudió Timochenko a la JEP, no estaban presentes víctimas, y no porque se las desconociera, como sugieren quienes aspiran a acabar con esa jurisdicción, sino porque ese no es aún un momento procesal en el que ellas pueden intervenir.

La ley 1922 de 2018 (ley de procedimiento de la JEP), que entró en vigencia en julio del año pasado, contiene varias disposiciones que les permiten a las víctimas intervenir ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Menciono algunas:

*Entre los principios de esa ley se encuentra uno que se refiere a la interpretación pro víctima, lo que significa que, ante cualquier duda de interpretación de las normas de procedimiento, se aplicará aquella que sea más favorable a la víctima.

*Le otorga a las víctimas la categoría de interviniente especial, con lo cual les permite presentar recursos de reposición y apelación a buena parte de las decisiones que expidan las salas y secciones de la JEP.

*La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP puede decretar la celebración de audiencia con presencia de las organizaciones de víctimas para efectos del reconocimiento de verdad de los comparecientes (que es distinto a la versión voluntaria, diligencia a la que acudió Timochenko en días pasados).

*Y ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, las víctimas pueden presentar informes, ser oídas en los procesos de priorización de casos a conocer por parte de la JEP, presentar observaciones a las declaraciones voluntarias que ofrezcan los comparecientes y recibir copia del expediente respectivo.

Por si lo anterior fuera poco, la ley estatutaria de la JEP, la misma que aprobó el Congreso en noviembre del año 2017, la que la Corte Constitucional declaró ajustada a la Constitución en diciembre del año pasado, la que el Presidente del Senado tuvo guardada por dos meses, sobre la cual la Ministra del Interior expresó que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de objetar, y que ahora se encuentra en el escritorio del Presidente Duque para su firma, requisito que es indispensable para que entre en vigencia, consagra los derechos de las víctimas ante esa jurisdicción, entre los que me permito destacar:

*Señala que las victimas tienen la categoría de interviniente especial y bajo esa condición les permite aportar pruebas ante la JEP.

*Les otorga el derecho de recibir asesoría y representación judicial (abogado) para actuar ante la JEP.

*Les da el derecho de contar con acompañamiento sicológico.

*Les da el derecho de recibir informes del avance de las investigaciones.

*Y prescribe una serie de derechos particulares para las victimas de violencia sexual.

Si el Presidente Duque toma la decisión de objetar la ley estatutaria de la JEP y el Congreso la acepta, esta jurisdicción podrá seguir funcionando con las normas constitucionales y las de procedimiento que están vigentes. En cambio, los derechos de las víctimas que se establecieron en la estatutaria serán solo un buen recuerdo de un esfuerzo infructuoso tal y como ocurrió con las curules para las víctimas en el Congreso.

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