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Conforme es conocido, en días pasados ocurrió un incidente en esta ciudad capital de Colombia que produjo la muerte de un agente de policía, aparentemente a manos de un nacional venezolano.
Con ocasión de la detención de éste, él solicitó ser enviado de vuelta a nuestro país sin juicio de ninguna naturaleza, quizás como consecuencia de haber interiorizado que esa era la práctica de Colombia respecto de migrantes irregulares venezolanos que aquí delinquían, vale decir, deportación sin judicialización. Seguramente desconocía el cambio de política pública que, respecto de hechos punibles por parte de venezolanos, decidió aplicar el gobierno del señor Presidente Duque.
En efecto, debe recordarse que, en estas líneas y en distintas oportunidades, reclamamos lo erróneo que era deportar sin judicializar al venezolano que en Colombia cometía delitos. Sosteníamos que ello era enviar a quien eso hacía de vacaciones a Venezuela para, luego de pasar días en familia, retornar a esta tierra a continuar haciendo de las suyas.
Sosteníamos que para evitar eso era necesario caracterizar al migrante irregular de forma que, aquel que delinquiere fuere judicializado, enjuiciado y, si resultaba culpable, condenado y, luego de cumplir su pena, deportado, no antes. Fue esa propuesta que presentamos como una política disuasiva. Al respecto, nuestro discurso, común al de otras organizaciones que hacen vida en el país, algo quizás influyó en la referida rectificación.
Así las cosas, desde meses atrás, Colombia comenzó a implementar la política de judicialización – rectificación obviamente desconocida por el venezolano de marras – y, a través de la implementación del Estatuto de Protección anunciado por el señor Presidente Duque, reiniciará la caracterización del migrante irregular que para el pasado 31 de enero se encontrara en el país.
Las dos medidas van en beneficio de todos. Por un lado, Colombia sabrá quiénes somos y lo que podemos hacer y, por el otro, quien cometa delitos queda en cuenta que su accionar ilegal en Colombia le originará prisión en el país, lejos de la familia, y, luego que cumpla su pena, deportación de esta tierra.
Ciertamente, el registro ordenado en el Estatuto no implica la identificación del irregular que continuará llegando – porque mientras no cambien las cosas en Venezuela lo hará – pero cuando menos reduce en casi un millón de personas el desconocimiento que respecto de ellos Colombia tiene, redundando por tanto en su seguridad interior.
Así, entonces, ese ínfimo porcentaje de venezolanos que en Colombia comete delitos debe saber que ya no retornará como vacacionista a nuestro país, sino que deberá responder en este por las fechorías que cometa. A alguno eso disuadirá.
*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural
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