Ante la crisis generada por la pandemia, una de las arengas más representativas de las manifestaciones cobra valor. La salud y la educación, rezagadas tiempo atrás, son ahora la necesidad de un país entero.

En múltiples protestas, hemos escuchado centenares de arengas entonadas por estudiantes, líderes sociales y sindicales, obreros, trabajadores del área de la salud e, incluso, madres cabeza de hogar que asisten a las multitudinarias manifestaciones. Los canticos que enardecen los ánimos, acompañados por vuvuzelas, pitos, tamboras y aplausos, reciben el nombre de arengas. impregnadas de exigencias y disgustos, tienen un fin último: expresar inconformidad a una sola voz, con la esperanza de un cambio social.

Uno de los fragmentos de una arenga en especial ha tomado protagonismo, retumba en la conciencia de muchos y recoge las necesidades y clamores de millones en el mundo entero: ¡Primero lo primero, salud y educación!

En tiempos de pandemia, queda demostrado que el acceso a los servicios básicos de salud ha sido cuestión de privilegios. Se vulnera un derecho fundamental y, como si fuera poco, es vilmente mercantilizado. Tan solo accedes a los servicios de salud de calidad si tienes los medios económicos necesarios o, peor aún, si tu influencia o tu ‘palanca’ lo permiten. ¿Cuán nefasta debe ser nuestra realidad para garantizar atención basándose en el status social?

En nuestro país, el enceguecimiento ha llegado al punto de la normalización. Adultos mayores, niñas y niños, pacientes con enfermedades terminales o degenerativas y demás población vulnerable sometidos a esperas interminables. Las respuestas por parte de los prestadores de salud, aunque suene paradójico, llegan justo cuando el paciente ya ha fallecido -literalmente-, como una burla en la cara de las familias que por mucho tiempo mantuvieron viva la ilusión de ver con vida a sus seres queridos.

En nuestro país, las EPS, IPS y el mismo Estado han sido responsables directos de muertes, pero se limpian las manos, unos sobre otros, tirándose la pelota de este interminable juego en el que, al parecer, buscan descubrir quién es el ganador de las justas mortales, perjudicando a inocentes y dejando dolor ante el paso inclemente de la corrupción que todo lo carcome.

Años atrás, la desgracia alcanzó límites inimaginables: las EPS en quiebra y sin respaldo suficiente, el Estado en deuda económica con el sector salud, escándalos que empañaban la imagen de empresarios, políticos y funcionarios que tenían fines netamente lucrativos, como si la vida de otros fuese tan solo el negocio redondo que muchos anhelaban.

Por otra parte, la educación, golpeada, ultrajada y estigmatizada por años. Como si fuese un motivo de desagrado, vista por muchos a través de las etiquetas y los prejuicios, ignorando todo aporte al desarrollo intelectual, cultural y social. También víctima de la mercantilización, pero desangrada.

Ejemplo claro de la segregación social y la estigmatización han sido las universidades. Los centros de educación superior en el país, de carácter público, no solo padecen los efectos secundarios de la corrupción, sino también, son el blanco de críticas que, a partir de la generalización, tachan la imagen de cientos de sus integrantes. De lado se dejan los avances en investigación, los alcances de extensión, los pasos agigantados en materia de conocimiento, la entrega al servicio por la comunidad y predomina la falsa imagen de ‘mamertos improductivos de izquierda’, cuando, en realidad, son esos los espacios propicios para repensarse la vida en sociedad.

Como si fuera poco, unas cuantas instituciones de carácter privado dejan de lado cualquier tipo de compromiso social, haciendo del aprender y el enseñar una actividad mercantil para aquellos con ánimo de conquistar el mercado laboral cueste lo que cueste.

 Y un Estado incapaz de atender a las necesidades de estudiantes, docentes y administrativos que piden recursos, algo de apoyo o un mínimo de participación.

Adicional a esto, cientos de estudiantes que llegan con el ánimo de proponer, debatir, descubrir y construir, pero que dejan el aliento en el camino cuando el hambre y las necesidades se van haciendo cada vez más notorias. Aunque para muchos sea un ‘altibajo’ más, para otros, la falta de financiamiento a las instituciones de educación significa la ausencia de apoyo para fortalecer el conocimiento, porque parte de esos recursos se destinan como ayudas a estudiantes en condición de vulnerabilidad y, cuando el rubro del presupuesto para la guerra es mayor al de la educación, se sobreentiende que un país ignorante le aporta más a la corrupción.

Qué sería de las niñas y niños si tuvieran planes de alimentación de calidad porque, para nadie es secreto que, en nuestro país, la ‘mermelada’ política juega hasta con el hambre de los más inocentes. Los gobiernos han sabido vanagloriarse, pero se les ha olvidado que en departamentos como La Guajira y el Chocó aún se pasa hambre para ir a estudiar.

Hasta aquí, cuánto valor han tomado tantas arengas entonadas en las marchas. Y es que, viéndolo bien, el coronavirus ha sido la radiografía necesaria. Muchos han abierto los ojos a la realidad de la injusticia social. Mientras unos aguardan en cuarentena a que el caos pase, otros no tienen ni siquiera para una comida en el día.

Ahora que el Ministerio de Hacienda ha presentado el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación para el año 2021, donde se priorizan la educación con $46 billones y la salud con un monto de $34,5 billones, solo queda esperar que la cara de la seguridad social no sea la de la injusticia o, al menos, no una injusticia tan notoria, porque la corrupción no es de ahora y para combatirla hacen falta unas cuantas arengas más que propicien la acción en contra de la politiquería nefasta del país.

Que no haga falta una pandemia para desmantelar la crudeza de la nación, porque ¡primero lo primero, salud y educación!

*Lucas Hernández,@lucashercas, estudiante de economía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín y de ciencia Política de la Universidad de Antioquia

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