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Los desaparecidos no son un tema menor; por el contrario, se constituyen como un flagelo supremamente preocupante, así en Colombia se haya ʻnormalizadoʼ esa práctica aberrante.
“Y cuando la noche se volvió candela y de Ceilán no quedaba sino cenizas humeantes, el padre Obando, Ana Joaquina Torrentes y treinta y siete viudas, ochenta y nueve huérfanos y un olor a sangre y un olor a muerto y una bandera roja en las manos del bobo de La Pelusa, la chusma, los pájaros, dejaron de ser hombres para volverse sombras con las luces de la mañana”. Ana Joaquina Torrentes, Gustavo Álvarez Gardeazábal
Sería injusto decir que en Colombia las cosas no funcionan bien, que siempre somos los últimos en todo, o que el Estado no está presente. No, en realidad existe un sinnúmero de situaciones y circunstancias en las cuales somos imbatibles.
La historia colombiana ha sido una serie de eventos desafortunados (parafraseando el título de una película) que, aunque pareciera obedecer a un sino trágico que pesa sobre la esquina noroccidental de América del Sur, no ha sido más que la perversa orquestación de una caterva de aprovechados que heredaron el poder codicioso, sucio, violador y esclavizante que los españoles dejaron tras su avasallante dominio.
Gracias a estos mandamás y a su insaciable sed de acaparar, Colombia desde sus albores se enfrascó en guerras fratricidas, una tras otra, trazando ciegamente un camino absurdo de muerte, una huella indeleble marcada con sangre: las guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días; los conflictos sociales en los años veinte – masacre de la bananeras -, la guerra bipartidista, el Bogotazo, el Frente Nacional, las guerrillas – Farc, ELN, EPL, M-19 -; el paramilitarismo, los carteles de la droga y otras dantescas batallas que bastante bien conocemos los que aquí hemos vivido, teniendo todas su génesis en las desigualdades que enraizaron aquellos que creyeron, por derecho divino, ser los dueños de todo.
Sí, una casta maldita que germinó en el lugar ʻcorrectoʼ, que sin haber hecho nada para merecerlo —solo nacer en la cuna de una portentosa hacienda o en un palacio de gobierno—, obtuvo el don de mandar sobre el resto de sus congéneres. Unos cuantos apellidos que decidieron, entre ellos, cómo se repartirían el país por In saecula saeculorum.
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Desde aquella republiqueta feudal, empobrecida y obediente que quedó después de la tiranía española, hasta nuestros días, las dinastías que se repartieron el pastel siguen traspasándose el mandato en cada elección presidencial (y de ahí para abajo la telaraña burocrática), como en una carrera de relevos. A veces cambian los apellidos, pero por las obvias alteraciones que se dan entre combinaciones parentales (primos, tíos, cuñados, yernos, nueras y demás ralea).
Estos podridos linajes han sabido mover sus fichas de manera que no se perciba su voluntad de perpetuarse. La idea es mantener al pueblo narcotizado, sin educación y con unos cuantos fríjoles en el plato. Con eso basta.
Esas familias reales han permitido que en varios temas el país sea único e inalcanzable. Esta gente ha sido la responsable de poner la vara muy alta.
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Aunque en teoría, en Colombia los gobiernos han sido democráticos, en los últimos 20 años el número de víctimas (asesinados y desaparecidos) ha superado con creces a los de las dictaduras más sangrientas:
- Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1958 y 2018 la guerra en Colombia dejó 262.197 muertos: casi la misma población que habita el área urbana de Sincelejo, Sucre. De este total de víctimas fatales, 215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes. Dejó 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados (sin contar los muertos, desaparecidos, desplazados, violentados, etcétera, de 2018 a hoy. El rancho ardiendo).
- En Argentina las organizaciones de derechos humanos estiman en 30.000 el número de las víctimas del régimen que gobernó entre 1976 y 1983.
- En Chile, en total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos -sin considerar los exiliados ni las familias de todos los afectados-, el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 fueron muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
- En Uruguay, entre 1973 y 1985, fueron reportados por los organismos de Derechos Humanos 192 desaparecidos.
Como se puede observar, en materia de violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones, Colombia siempre pone la pauta. Para no ir tan lejos, entre 2002 y 2008 se presentaron, al menos, 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales, según la JEP (Quizá esta cifra y el periodo mencionado les sugiera algo).
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De acuerdo con el informe presentado por Temblores ONG, Indepaz y Paiis a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre la violación sistemática de la Convención Americana y los alcances jurisprudenciales de la Corte IDH con respecto al uso de la fuerza pública contra la sociedad civil en Colombia, en el marco de las actuales protestas fue posible identificar 3.789 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública (sin incluir casos de desapariciones) registrados en la plataforma GRITA, entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 12:00 p. m. del 31 de mayo del 2021.
Dentro de estos casos, fue posible clarificar las siguientes cifras: 1.248 víctimas de violencia física; 45 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública (29 casos de homicidio se encuentran en proceso de verificación de circunstancias de tiempo, modo, lugar, contexto social y presunto agresor); 1.649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes; 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas; 65 víctimas de agresiones oculares; 180 casos de disparos de arma de fuego; 25 víctimas de violencia sexual; y 6 víctimas de violencia basada en género.
De acuerdo con Ismael Jalil, miembro de Misión de Solidaridad Internacional de DDHH, hasta el momento se han constatado 46 asesinatos, 93 desaparecidos, 149 heridos con armas de fuego y 240 detenidos.
Los desaparecidos no son un tema menor; por el contrario, se constituyen como un flagelo supremamente preocupante, así en Colombia se haya ʻnormalizadoʼ esa práctica aberrante. Un desaparecido puede ser más grave que los muertos. Para quienes comenten ese delito, llámese Estado, grupos al margen de la ley o crimen organizado, siempre será ʻmás fácilʼ lidiar con un desaparecido que con un muerto, un cadáver encarta, hace bulto. Por eso les resulta más ʻprácticoʼ, sepultarlo, incinerarlo o tirarlo al río.
Los ríos, por el elemento agua, siempre han estado asociados a la vida; lamentablemente en Colombia los afluentes son asociación directa con la muerte. El río Magdalena no solo es conocido por ser el más largo, también se le recuerda como el mayor cementerio del país. A manera de anécdota nefasta, en alguna época Venezuela sentó su voz de protesta por tanto muerto que los ríos traían desde Colombia, navegando vagamente, como tristes barcazas a la deriva.
Pero volviendo al paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril, la única certeza es que aún faltan muchas víctimas. Y con seguridad las cifras que arrojará Colombia serán de enmarcar; y las investigaciones nulas; y los responsables invisibilizados, porque la vara debe quedar alta, como ya es tradición. De eso se encarga la hidalga estirpe de siempre.
Aunque resulte deprimente o risible si se quiere, a lo que pueden aspirar las familias de los desaparecidos y asesinados en Colombia es, a lo sumo, a crear una fundación: Asociación de Familiares de Desaparecidos y Asesinados Durante el gobierno Duque (¿AFADAGODU?). Algo así como MAFAPO, Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá; o la de las víctimas del Palacio de Justicia, o a los desaparecidos del Magdalena Medio, y un largo etcétera, porque muy a nuestro pesar, la justicia no investiga ni esclarece las aberrantes violaciones de los derechos humanos, las desapariciones forzadas, los crímenes de Estado, ni la represión sanguinaria a las protestas pacíficas, porque simple y llanamente la justicia no existe, todos los poderes y los entes de control son de la misma gavilla, la misma que desde el principio de los tiempos ha dejado la vara muy alta.
*Fredy René Aguilar, periodista de la Universidad Central. Especialista en política social de la Universidad Javeriana. Corrector de estilo. Desde hace más de 20 años me he desempeñado profesionalmente, tanto en el sector público como privado. @fregar11
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Excelente. Felicitaciones. Cifras escalofriantes. Pero este es el país del Sagrado Corazón