“El problema fundamental de Bogotá es el de la incapacidad para construir un consenso, una visión compartida y una acción colectiva, elevada además a la categoría de un pacto estable, vinculante y respetado.”

Bogotá carga sus dramas y arrastra sus fantasmas. El metro ha sido uno de ellos. El Plan de Ordenamiento Territorial – POT – es el otro y ambos están emparentados porque construir el sistema de metro como formular un POT  se convirtieron  en banderas de disputa,  zancadilla, ajuste de cuentas y revancha entre políticos, caudillos y escuderos. El forcejeo con el metro lleva 77 años y 20 lleva el POT.

Se cayó el pasado sábado 2 de noviembre en el Concejo el proyecto que quería decretar Peñalosa. El anterior POT que decretó Petro fue suspendido por decisión judicial en 2014 ante una avalancha de demandas. Y el que lo precedió, la versión que quiso hacer Samuel Moreno no prosperó, porque se dedicó a otros asuntos. Luis Eduardo Garzón decretó un POT híbrido en 2004 que se construyó durante la administración anterior de  Antanas Mockus que, a su vez, revisaba el primer POT que se  adoptó también por decreto en el año 2000 en la primera alcaldía de Peñalosa. Esa es la historia.

Lo paradójico es que este instrumento fue concebido precisamente para acabar con la mala práctica de improvisaciones y  timonazos de los alcaldes del país en el manejo territorial. Se concibió como una herramienta para obligar al menos a tres administraciones a mantener una hoja de ruta común para dar un trato más racional al territorio en un escenario mínimo de una década. Ese propósito no se ha alcanzado en Bogotá, al parecer por la razón elemental y  consagrada en el adagio popular de que cada alcalde manda en su año.

En reciente entrevista por la emisora la W – 5 de noviembre- el ex alcalde Petro expresó su convicción de que el MEPOT vigente hoy en Bogotá es el decretado por Peñalosa en su primera alcaldía. La verdad es que el POT del año 2000 no se aplicó ni siquiera por espacio de un año. Resulta muy curioso y extraño que Petro tenga esa percepción, puesto que en el año 2001, iniciando su segunda alcaldía,  Mockus  se embarcó en la aventura que le trazó su secretaria de planeación para cambiar de manera inmediata el primer POT adoptado. Producto de eso expidió el Decreto 469 de 2003 que, al año siguiente, y bajo la firma de Luis Eduardo Garzón, adoptó la forma del decreto 190 compilatorio de las disposiciones contenidas en los dos decretos anteriores. Así  Petro parece desconocer o ignora – no se sabe por qué – que el POT vigente es el redactado por la más caracterizada contradictora, opositora y enemiga de Enrique Peñalosa, cuyo propósito básico fue modificarlo. Y ahora, la nueva alcaldesa Claudia López, debe formular un nuevo POT. Entonces, hay que preguntar ¿qué pasa con el POT de Bogotá?

El contrariado itinerario de este instrumento de planeación indica a las claras y sin eufemismos que no ha habido acuerdo ni voluntad en estos 20 años para construir una hoja de ruta, aunque sea de mediano plazo, para manejar el territorio del Distrito Capital.  Seis intentos se han registrado en esta travesía. Se han redactado 2.409 artículos y una enorme cantidad de documentos y soportes técnicos, se han invertido cerca de 13 años de trabajo, se han contratado numerosos expertos nacionales y extranjeros, se han conformado equipos de trabajo que quizá superan ya la cifra de 500 funcionarios y técnicos, se han gastado miles de millones de pesos y es imposible calcular las miles horas de trabajo invertidas y perdidas en los debates con las diversas entidades distritales, con las autoridades ambientales, con el Consejo Territorial de Planeación, con el Concejo Distrital, con las comunidades y las diversas organizaciones, corporaciones y grupos de ciudadanos. Esos ingentes esfuerzos y esa enorme energía desplegada no han dado los resultados esperados.  ¿Por qué?

El territorio, con su construcción y su administración, es sin duda un desafío complejo en términos políticos, técnicos y de gestión. Pero el problema fundamental de Bogotá es el de la incapacidad para construir un consenso, una visión compartida y una acción colectiva, elevada además a la categoría de un pacto estable, vinculante y respetado. Lo que en otros lenguajes se expresa como la incapacidad para construir una geografía voluntaria o la incapacidad para afrontar y tramitar algo indiscutible e ineludible: la diversidad y diferencia de visiones, intereses y expectativas.  Y las formas de tramitar esas diferencias han sido la utilización del poder para hegemonizar un interés y utilizar la zancadilla en la carrera para deshacerse de los otros. Pero el territorio es sólo uno, indivisible, limitado y vulnerable. Claro, se puede ocupar, usufructuar y manejar a los trancazos, pero eso tiene consecuencias. Un historiador del imperio otomano decía que una de sus debilidades fue ser una federación de lentitudes. Quizá otro historiador en el futuro diga que el rasgo predominante de Bogotá era el de ser esa montonera de egoísmos y arrogancias.

Además de esta incapacidad manifiesta de voluntad y acción colectiva, la utilización de esta herramienta para manejar el territorio puso de presente las malas costumbres y hábitos contrarios: la retórica, la desmesura y el síndrome demiúrgico de políticos y técnicos. Los documentos de los Planes de Ordenamiento son en general unas narrativas casi imposibles de digerir por kilométricos, delirantes, farrogosos,  y por el despliegue de la incontinencia normativa. A falta de ponerse de acuerdo en dos o tres simples cosas, se despliega un enorme manto para el desacuerdo y el desencuentro en miles más.   

Los POT no escapan a la manía retórica de ofrecer paraísos terrenales que nos proponen alcanzar y construir. No escapan a la desmesura para la formulación de objetivos, propósitos, metas, intenciones y en la redacción de artículos, que no bajan de 300 y tienden por lo general a los 600. Por otra parte, a cambio de acotar un campo vital  para construir un consenso viable y creíble, son invasivos en una gran cantidad de materias y terrenos que no son sustantivos ni necesarios. Y no escapan al síndrome del demiurgo: refundar el paraíso, arrancando de cero, bajo un solo dios, una sola mano y una sola espada.

Y ese camino tortuoso hay que iniciarlo otra vez. Ojalá la nueva alcaldesa que dice creer en la acción colectiva, explore otra narrativa sobre el manejo territorial. No la de refundar otro paraíso con media docena de arcángeles iluminados y provistos de espadas justicieras, sino la de construir un consenso básico, viable, creíble, vinculante y movilizador de energías. Las ciudades, como los territorios, son construcciones sociales que hacen  actores sociales con diferentes intereses, visiones y expectativas,  que despliegan energías constructivas, destructivas o paralizantes.  La gracia está, no en suplantarlos, sino en convencerlos, ganarlos y animarlos a la idea de que otra ruta es posible. Eso es construir cultura del territorio. Salir del nicho oscuro y opaco del limitado interés individual y de ese pequeño escenario del paso aleatorio por este mundo a un nicho más amplio en el que entendamos que el territorio, el entorno y el planeta es algo más que nuestra efímera y minúscula existencia.   

*Juan Carlos del Castillo, arquitecto, PhD en urbanismo

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