¿Qué significa la transición energética para los territorios en Colombia?

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Una política que debería vincular en su definición, la participación de distintos sectores, incluidas las comunidades que habitan territorios donde su desarrollo traerá efectos.

Se cumplen seis meses de la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez y empiezan a darse las discusiones alrededor de algunas de las reformas (laboral, salud, pensiones) que sustentan las banderas de este gobierno. Las propuestas de cambio han generado múltiples controversias, en algunos casos, sin aún haberse conocido su articulado. Así que el 2023 inicia con fuertes tensiones en distintos sectores del Estado, fracturando incluso los apoyos logrados al interior de la coalición de gobierno y también, evidenciando posturas divergentes dentro del mismo gabinete. Mientras se espera la concreción de las reformas estructurales, el cambio por el momento se evidencia en el discurso del gobierno. En este sentido, entre otros asuntos, se reavivó el compromiso con el cumplimiento del Acuerdo Paz, se introdujo la idea de “Paz Total”, se ha asumido la responsabilidad del Estado en crímenes de lesa humanidad por las que ha sido condenado, se reconoce la necesidad de hacer un cambio en la política contra las drogas y la urgencia de atender el cambio climático, la descarbonificación de la economía y, por tanto, acelerar la transición energética.

Me interesa concentrarme aquí en el proceso de transición energética. A lo largo de estos meses de gobierno, el sector de minas y energía ha sido uno de los sectores donde mayores cuestionamientos, incertidumbre y tensión se ha vivido como resultado de las posturas públicas que su Ministra, Irene Vélez Torres, al respecto del enfoque de la política de exploración y explotación de hidrocarburos; así como también las imprecisiones técnicas y fallas metodológicas que se han evidenciado, en las últimas semanas, en las cifras manejadas en documentos que al parecer orientan sus planteamientos. La postura del actual gobierno en el debate respecto a continuar, o no, con la exploración y explotación de minerales como el carbón o el petróleo ha sido articulada a la necesidad de avanzar en el proceso de transición energética. No es del interés de esta columna entrar a debatir el posicionamiento del gobierno, sino llamar la atención respecto a que si bien el país debe embarcarse de manera decidida en dicha transición, que implica la disminución del uso de combustibles fósiles y la diversificación de las fuentes de energía con las que nos movemos en nuestra vida cotidiana, es necesario incluir en la discusión y definición de la política al menos dos asuntos: la manera como la transición energética se traduce en los territorios y la institucionalidad que a nivel subnacional acompañará la implementación de este proceso.

La transición energética requiere pasar del discurso a la construcción de una política que clarifique cómo va ocurrir, las etapas de su implementación, las acciones priorizadas, los actores y zonas del país que se focalizarán. Una política que debería vincular en su definición, la participación de distintos sectores, incluidas las comunidades que habitan territorios donde su desarrollo traerá efectos. ¿Cómo se propone este proceso de transición a los territorios que durante décadas han dependido de la extracción de minerales como el carbón o el petróleo en nuestro país?, ¿Cómo se integran a este proceso los territorios donde actualmente se realiza exploración y explotación de cobre, cobalto o níquel, minerales de alta demanda para la generación de energía eólica, térmica o geotérmica? ¿Cómo se vinculan los habitantes de territorios donde se construirá la infraestructura necesaria para la producción de estas nuevas energías, como paneles solares o parques eólicos? ¿De qué manera debe darse este proceso y la distribución de las rentas generadas para mejorar realmente el bienestar en los territorios?  

Varios casos evidencian la existencia de conflictos sociales relacionados con actividades vinculadas al proceso de transición energética en el país. En la Guajira, se viven conflictos intracomunitarios en la comunidad Wayuu por la instalación de parques eólicos en su territorio. En la región de Montes de María se han generado tensiones por el acaparamiento de tierra por parte de una empresa reforestadora vinculada al negocio de los bonos de carbono, tema que también ha provocado diferencias en algunas comunidades del Putumayo por la falta de claridad en los acuerdos realizados por las autoridades indígenas con éstas empresas. De igual manera,  en las montañas de Mocoa a 10 kilómetros de su casco urbano, la llegada de la empresa Libero Cobre y el avance de la fase exploratoria para la posible instalación de una mina de cobre y molibdeno ha causado incertidumbre y opiniones divididas dentro de la población respecto a la realización de este tipo de actividades en el piedemonte amazónico, provocando tensiones y transformando las relaciones sociales, políticas y económicas, aunque no se haya iniciado la explotación aún.

Existen por tanto indicios para pensar que la llegada de las empresas a los territorios no configura un escenario muy distinto al ocurrido durante la primera década de los 2000, cuando Colombia intensificó las actividades mineras y petroleras de forma acelerada, desordenada y con una institucionalidad centralizada y frágil para ejercer labores de planeación, control y fiscalización a nivel departamental y municipal lo que desencadenó o profundizó distintos conflictos en los territorios. Por ello, es necesario incluir en las discusiones sobre la transición energética los desafíos que impone este cambio de modelo y en este sentido, clarificar cuál será el aporte que este proceso hará no sólo al desarrollo nacional sino al territorial. Por lo tanto, es necesario:

– Configurar un escenario institucional robusto en el que se articulen los distintos niveles de gobierno y sean clarificadas las competencias a nivel nacional y subnacional para la implementación de la política que oriente la transición. El sector minero-energético en los últimos 20 años ha sido uno de los sectores menos descentralizados, integrado por agencias y entidades con poca o ninguna presencia en los territorios cuyas decisiones, con fuertes impactos en lo local, han sido más decretadas que deliberadas e implementadas sin enfoque territorial. 

– Integrar a los gobiernos y entidades territoriales en la regulación de las relaciones que se establecen entre el sector corporativo que desarrolla este tipo de proyectos y las comunidades habitantes. La vinculación del Estado en esta relación es necesaria y puede ayudar a evitar viejas prácticas como la cooptación, la fractura de vecindades, la desnaturalización de organizaciones comunitarias y de herramientas de participación vinculante como la consulta previa, frecuénteme usadas por el sector corporativo para obtener la licencia social a partir de negociaciones centradas en la concesión de beneficios a individuos o grupos específicos de las comunidades.

– Definir mecanismos adecuados para la socialización y comprensión de las transformaciones que se generarán en los territorios, evidenciando los costos y beneficios que tendrán las poblaciones que habitan las zonas involucradas antes de iniciar cualquier intervención.

La decisión del actual gobierno es avanzar en el proceso de transición energética como una directiva nacional. Ahora será necesario concretar la manera como se traducirá esta decisión en los territorios y será clave para su éxito, la forma como se adecuará la institucionalidad para acompañar y tramitar las distintas tensiones que se generen. El espejo retrovisor sobre la manera como se vivió la intensificación de la actividad extractiva en el país ha dejado enseñanzas importantes, que deberían servir para anticipar aquellos asuntos sobre los que se requiere atención para evitar dinámicas invasivas y avasalladoras que generan una organización ‘de facto’ de los territorios condicionando la vida de las personas y restringiendo el desarrollo de actividades económicas alternativas, provocando dependencias del presupuesto municipal a las rentas que produce, fomentando estructuras económicas de enclave y degradando o dificultando el acceso a recursos esenciales para la vida o la consecución de medios de vida (agua, aire, tierra), así como generando afectaciones a ecosistemas claves en la lucha contra el cambio climático, como lo es la Amazonia.

*María del Pilar Bernal Gómez. Doctora en Derechos Humanos de la Universidad de Deusto de Bilbao, España. Magister en sociología y politóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora principal de RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

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