Referendo revocatorio: no vale la pena

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Referendo revocatorio: no vale la pena

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Guste o no, dentro de Venezuela es el señor Maduro quien actúa como presidente y a quien la mayoría de los países del mundo reconoce como tal.

Referendo revocatorio: no vale la pena

El próximo 10 de enero se cumplirán 3 años que el señor Nicolás Maduro habría asumido la presidencia venezolana como consecuencia de la elección celebrada en mayo del 2018 cuyo resultado fue desconocido por una parte del país y de la comunidad internacional. Como consecuencia de ello, un grupo de venezolanos intentará promover el referendo revocatorio que la Constitución permite conforme al artículo 72 de manera que, de cumplirse los requisitos exigidos, pueda celebrarse el mismo y si se produce la revocatoria entre esa fecha y el 10 de enero del 2023, se celebren elecciones presidenciales a los efectos de elegir la persona que habría de culminar el período presidencial. La tarea que se han planteado resulta sin embargo, muy difícil.

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En primera instancia, es necesario que la solicitud respectiva sea respaldada por cuando menos el 20% de los electores inscritos en el registro electoral para lo cual tendrían tres días en los espacios que al efecto determine el Consejo Nacional Electoral en un ambiente público donde se sabrá quien firmó contra el señor Maduro exponiéndose a  consecuencias similares a las que debieron afrontar quienes firmaron el 2003 contra el señor Chávez.

Si se consiguen las firmas, la revocatoria respectiva deberá ser respaldada por no menos de 6.248.865 votantes, siempre que la permanencia del señor Maduro dependerá de que obtenga un porcentaje de electores superior al que le revoca. Aquí nos encontramos con que, por una parte, no participarán los venezolanos que se encuentran en el exterior – los que de cumplirse las previsiones internacionales alcanzarían a no menos de seis millones de electores – y, por la otra que, seguramente por razones de supervivencia regional, en los estados y municipios en los cuales el gobernador o alcalde fue electo por  la oposición, ellos tendrán mucho cuidado en participar públicamente en respaldo de la propuesta en curso pues de hacerlo él y la entidad que gobierna serán sometidos a consecuencias que ya conocemos.

A los problemas inherentes al evento mismo, otros actores suman la circunstancia que la oposición al señor Maduro actúa dispersamente y no habría podido resolver lo relativo a un candidato unitario, todo lo cual los lleva a sugerir dedicar la atención política a organizarse para las presidenciales del 2024, evitando con ello la posibilidad de una derrota inminente.

Finalmente, un último grupo de actores privilegia la abstención pues, con la participación en un evento como ése, se estaría legitimando al señor Maduro en la presidencia venezolana.

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Ante ese escenario la pregunta es ¿vale la pena?.

Respecto de la última posición, comparto la respuesta que el Presidente Alwyn dio en el año 1980 sobre su participación en el referendo organizado por el señor Pinochet  y que esta semana recordó en un artículo el doctor César Pérez Vivas, uno de los promotores del nuevo evento venezolano. Nos sería perfectamente aplicable: “Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su Constitución es ilegítima ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima. La única diferencia que él tiene sobre mí, a este respecto, es que esa Constitución – me guste o no – está rigiendo. Éste es un hecho de la realidad que yo acato”. 

Parafraseando lo referido, guste o no, dentro de Venezuela es el señor Maduro quien actúa como presidente y a quien la mayoría de los países del mundo reconoce como tal.

Por lo que se refiere a los restantes argumentos, si el revocatorio es  una herramienta para lograr el cese en la función que de hecho el señor Maduro internamente impone a los venezolanos, corresponderá a los ciudadanos evaluar riesgos y ventajas del mismo, en el entendido que, si éste no se realiza, cualquiera sea la razón, el evento siguiente donde se discutirá la finalización o continuación de su ejercicio en Miraflores será el año 2024, lo que quizás obligue a los actores políticos del país a pensar en estrategias jurídicas y políticas paralelas que permitan convenir la reducción del tiempo de  permanencia en el poder de quienes hoy lo ocupan y con ello la conflictividad interna del país, en tanto que avanza la reinstitucionalización del mismo.   

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

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