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Los subsidios implícitos derivados de las características del sistema público de pensiones y de la población colombiana se dirigen especialmente a la franja de ingresos altos.
En todo momento, a lo largo de nuestra vida, tenemos una riqueza que es tangible y un capital humano que es el valor de nuestro trabajo presente y futuro. El capital humano es la garantía que tienen los bancos cuando nos prestan por nuestros ingresos laborales. La riqueza es el valor neto de la diferencia entre activos y pasivos, en donde los activos incluyen nuestras viviendas, ahorros pensionales y acciones y demás bienes y los pasivos incluyen nuestras deudas. A medida que envejecemos, típicamente tenemos mayor riqueza por nuestro ahorro a lo largo de la vida y menos capital humano pues la duración de la vida laboral futura es cada vez menor y nuestra capacidad laboral en muchos casos se ve disminuida. Para entender el grado de magnitud de estas riquezas, en Estados Unidos, que es un país con un mercado de capitales muy desarrollado, el valor del capital humano agregado es nueve veces el valor de la riqueza.
Con el propósito de ayudar a las personas a construir un capital físico, riqueza, o su equivalente, para mejorar los ingresos en las edades de mayor vulnerabilidad, se han creado sistemas pensionales. Por ejemplo, en Colombia, existe un sistema mixto en donde se obtienen pensiones de acuerdo con las contribuciones del empleador y empleado a lo largo de la vida laboral y en donde las personas pueden escoger, con ciertas restricciones, entre un sistema privado en donde la pensión depende del valor ahorrado con rendimientos financieros a lo largo de la vida laboral y otro sistema de prima media, que es manejado por Colpensiones y es público.
Me concentraré en el sistema público de pensiones de Colombia, pues el sistema privado de pensiones es esencialmente un sistema de ahorro obligado. En el sistema público de pensiones, las personas después de cumplir unos criterios de edad (62 años para los hombres y 57 años para las mujeres) y de duración en los aportes al sistema (1.300 semanas de cotización), reciben en la mayoría de las ocasiones el promedio, corregido por inflación, del salario de los últimos 10 años de vida laboral. Si no se logran condiciones especificadas de aportes, el sistema devuelve lo ahorrado, actualizado por inflación, sin rendimientos financieros.
Las particularidades del sistema público de pensiones implican que, para los empleados, el sistema de Colpensiones es muy generoso si se logran las condiciones de pensión, pero muy oneroso si no se logran. Lo anterior se debe a las características de la vida laboral de la población colombiana. Por ejemplo, el 10% más rico de la población en promedio cuadruplica sus ingresos a lo largo de su vida laboral y cotiza la mayor parte de ésta. En contraposición, los ingresos promedios de más de la mitad de la población con menores recursos se mantienen iguales o por debajo del salario mínimo y la frecuencia de cotización de esta población al sistema pensional es baja haciendo muy difícil lograr las condiciones para pensionarse.
Aunque los gastos de la Nación en pensiones representan alrededor de la tercera parte del presupuesto, los subsidios implícitos derivados de las características del sistema y de la población se dirigen especialmente a la población de ingresos altos. Por ejemplo, en promedio el valor de los subsidios implícitos obtenidos por el 10% más rico de la población laboral es de 259 millones de pesos por persona, mientras que la mayoría de la población laboral con menores ingresos (60% más pobre de la población femenina y 30% más pobre de la población masculina) obtiene gravámenes, pues termina recibiendo mucho menos en pensiones de lo que debería recibir con rentabilidad financiera.
Esta inequidad del sistema público de pensiones incrementa los niveles de inequidad de Colombia, aunque de forma moderada, cuando la inequidad se mide en términos del coeficiente de Gini. A diferencia de Colombia, los sistemas pensionales en el mundo desarrollado y algunos países latinoamericanos son un factor importante en la redistribución del ingreso. Así, por ejemplo, en la Unión Europea, los sistemas pensionales son un factor determinante en la redistribución del ingreso y son un factor importante para Estados Unidos. En Latinoamérica, los sistemas pensionales tienen un efecto importante en la redistribución del ingreso en Argentina, Brasil y Uruguay.
De lo anterior se concluye que, en aras de equidad, debe haber una reforma del sistema pensional colombiano que facilite los mecanismos de ahorro para la población con altos ingresos y que debe subsidiar a aquella población que no tiene el poder de construir un ahorro para asegurarse una vejez tranquila. Es decir, el principal cambio del sistema pensional colombiano debe dirigirse en reorientar los subsidios implícitos que el Estado gasta en pensiones hacia la población laboral más necesitada.
Los subsidios implícitos derivados de las características del sistema público de pensiones y de la población colombiana se dirigen especialmente a la franja de ingresos altos.
En todo momento, a lo largo de nuestra vida, tenemos una riqueza que es tangible y un capital humano que es el valor de nuestro trabajo presente y futuro. El capital humano es la garantía que tienen los bancos cuando nos prestan por nuestros ingresos laborales. La riqueza es el valor neto de la diferencia entre activos y pasivos, en donde los activos incluyen nuestras viviendas, ahorros pensionales y acciones y demás bienes y los pasivos incluyen nuestras deudas. A medida que envejecemos, típicamente tenemos mayor riqueza por nuestro ahorro a lo largo de la vida y menos capital humano pues la duración de la vida laboral futura es cada vez menor y nuestra capacidad laboral en muchos casos se ve disminuida. Para entender el grado de magnitud de estas riquezas, en Estados Unidos, que es un país con un mercado de capitales muy desarrollado, el valor del capital humano agregado es nueve veces el valor de la riqueza.
Con el propósito de ayudar a las personas a construir un capital físico, riqueza, o su equivalente, para mejorar los ingresos en las edades de mayor vulnerabilidad, se han creado sistemas pensionales. Por ejemplo, en Colombia, existe un sistema mixto en donde se obtienen pensiones de acuerdo con las contribuciones del empleador y empleado a lo largo de la vida laboral y en donde las personas pueden escoger, con ciertas restricciones, entre un sistema privado en donde la pensión depende del valor ahorrado con rendimientos financieros a lo largo de la vida laboral y otro sistema de prima media, que es manejado por Colpensiones y es público.
Me concentraré en el sistema público de pensiones de Colombia, pues el sistema privado de pensiones es esencialmente un sistema de ahorro obligado. En el sistema público de pensiones, las personas después de cumplir unos criterios de edad (62 años para los hombres y 57 años para las mujeres) y de duración en los aportes al sistema (1.300 semanas de cotización), reciben en la mayoría de las ocasiones el promedio, corregido por inflación, del salario de los últimos 10 años de vida laboral. Si no se logran condiciones especificadas de aportes, el sistema devuelve lo ahorrado, actualizado por inflación, sin rendimientos financieros.
Las particularidades del sistema público de pensiones implican que, para los empleados, el sistema de Colpensiones es muy generoso si se logran las condiciones de pensión, pero muy oneroso si no se logran. Lo anterior se debe a las características de la vida laboral de la población colombiana. Por ejemplo, el 10% más rico de la población en promedio cuadruplica sus ingresos a lo largo de su vida laboral y cotiza la mayor parte de ésta. En contraposición, los ingresos promedios de más de la mitad de la población con menores recursos se mantienen iguales o por debajo del salario mínimo y la frecuencia de cotización de esta población al sistema pensional es baja haciendo muy difícil lograr las condiciones para pensionarse.
Aunque los gastos de la Nación en pensiones representan alrededor de la tercera parte del presupuesto, los subsidios implícitos derivados de las características del sistema y de la población se dirigen especialmente a la población de ingresos altos. Por ejemplo, en promedio el valor de los subsidios implícitos obtenidos por el 10% más rico de la población laboral es de 259 millones de pesos por persona, mientras que la mayoría de la población laboral con menores ingresos (60% más pobre de la población femenina y 30% más pobre de la población masculina) obtiene gravámenes, pues termina recibiendo mucho menos en pensiones de lo que debería recibir con rentabilidad financiera.
Esta inequidad del sistema público de pensiones incrementa los niveles de inequidad de Colombia, aunque de forma moderada, cuando la inequidad se mide en términos del coeficiente de Gini. A diferencia de Colombia, los sistemas pensionales en el mundo desarrollado y algunos países latinoamericanos son un factor importante en la redistribución del ingreso. Así, por ejemplo, en la Unión Europea, los sistemas pensionales son un factor determinante en la redistribución del ingreso y son un factor importante para Estados Unidos. En Latinoamérica, los sistemas pensionales tienen un efecto importante en la redistribución del ingreso en Argentina, Brasil y Uruguay.
De lo anterior se concluye que, en aras de equidad, debe haber una reforma del sistema pensional colombiano que facilite los mecanismos de ahorro para la población con altos ingresos y que debe subsidiar a aquella población que no tiene el poder de construir un ahorro para asegurarse una vejez tranquila. Es decir, el principal cambio del sistema pensional colombiano debe dirigirse en reorientar los subsidios implícitos que el Estado gasta en pensiones hacia la población laboral más necesitada.
*Jaime Londoño, @jaime_a_londono . Matemático de La Universidad de los Andes. Ph.D. (Matemáticas) Universidad de California, Riverside. Profesor Asociado, Departamento de Matemáticas y Estadística. Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales Áreas de investigación: Economía, Finanzas, y Actuaría. Presidente SOLACFIN–Sociedad Latinoamericana de Ciencias Actuariales y Finanzas Cuantitativas.