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Falta mucho para que la nueva reforma tributaria propuesta se convierta en una ley de inversión social como la denomina el Gobierno.
Después del fracaso de la reforma tributaria radicada en el Congreso por el Gobierno, que tras el estallido social del pasado 28 de abril tuvo que ser retirada de manera forzosa, llega ahora una nueva propuesta, la cual ha sido bautizada con el eufemismo de proyecto de ley de inversión social.
Este proyecto, que ya empezó su trámite en el Congreso de la República, no es más que una nueva reforma tributaria versión 4.0, eso sí, menos agresiva que la anterior, porque ésa sí que no dejaba a títere con cabeza. De todas formas, una conquista social de los promotores del paro y de todos quienes hicimos oposición a esa iniciativa es que se lograron tumbar varios puntos álgidos, que iban a afectar de manera drástica el bolsillo de los colombianos y sobre todo de las familias más vulnerables.
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Por ejemplo, la actual reforma deja intacto el IVA, no se tocarán las pensiones y tampoco aumentará el número de personas que declaran renta. Éstas eran varias de las preocupaciones que tenían los colombianos. Por lo menos, en ese sentido, celebramos que, en el Ministerio de Hacienda, hayan comprendido el mensaje de los ciudadanos. Sin embargo, en aras de blindar a la clase media, el proyecto dice que no va a tocar el IVA, pero falla al no tener en cuenta que dicho impuesto ya es regresivo con los pobres, como bien lo aseguran varios expertos.
En últimas, a ningún país del mundo, excepto al nuestro, se le ocurriría subir el precio a la comida en épocas tan difíciles como las que vivimos hoy por cuenta de la pandemia. Aquí lo propusieron en la fallida reforma tributaria del primer semestre y gracias a la presión ciudadana se logró su desmonte.
Ahora bien, el recaudo será inferior a la reforma inicial; se plantea ahora recaudar 15,2 billones de pesos que saldrán básicamente de la austeridad en el gasto público, lucha contra la evasión de impuestos, otros impuestos como la tarifa de renta corporativa que queda en 35%, descuento del ICA que queda en 50% y una sobretasa de 3 puntos en renta del sector financiero hasta 2025.
En temas sociales, la nueva propuesta – hay que reconocerlo – trae algunos ingredientes interesantes como el de mantener el Ingreso Solidario, que se propone extender hasta diciembre de 2022, beneficiando a 4,1 millones de hogares y 14,3 millones de personas, lo que representa un costo de $2,1 billones para este año y $6.6 billones para 2022. Sin embargo, hay quienes seguimos insistiendo que la solución más expedita es la de apostarle a la Renta Básica Mensual, que permitiría a más de 30 millones de colombianos tener una ayuda económica del gobierno nacional equivalente a un salario mínimo, que se financiaría con un impuesto a un patrimonio líquido superior a 3.500 millones de pesos. Sí a la Renta Básica Mensual, pero financiada con el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza en Colombia. Eso ayudaría a dinamizar la economía, al tiempo que daría un soporte económico a millones de colombianos que en estos momentos la están pasando mal.
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También es importante señalar que el gobierno, a través del Departamento Nacional de Planeación, debe emprender una revisión a fondo del actual SISBEN IV, que excluyó a miles y miles de colombianos cuya su situación socioeconómica se agudizó en pandemia y que dejaron de percibir importantes subsidios en gas y otros servicios públicos. Un nuevo censo y la revisión de las bases de datos para incluirlos de nuevo les daría un respiro a miles de compatriotas.
Sin duda, los próximos gobiernos tendrán que hacer reformas estructurales más adelante. Según las últimas cifras oficiales, casi medio país está sumido en la pobreza, flagelo que ya se ubica en 42%. Si es más evidente en los hogares de Bogotá, ahora imaginen los hogares de la Colombia profunda, marginal y excluida.
De todas formas, el panorama no es nada alentador. El Banco de la República ha destacado que se necesitaría un ajuste fiscal adecuado para mantener una política monetaria anticíclica. A eso se suma la pérdida de Colombia del grado de inversión, lo cual tardará años en recuperarse.
Ojalá que el gobierno cumpla con lo prometido de ajustarse el cinturón, de ahorrar en gastos innecesarios, de fortalecer la inversión social, la reactivación de la economía y el aparato productivo, de apretar a los ricos y megaricos de este país, de combatir a fondo la evasión y de ser solidario con los colombianos más vulnerables. Solo así podremos decir que es una Ley de Inversión Social; de lo contrario, nos quedaremos ante un nuevo fracaso.
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*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe
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