Si no se reforma el sistema político y electoral, continuaremos con la compra-venta de votos y, sobre todo, con la corrupción y la captura del Estado colombiano.

El megaescándalo producido por las declaraciones en Venezuela de Aída Merlano, que ha tenido trascendencia nacional e internacional, tiene que llamarnos a varias reflexiones. La primera es que no se trata de soslayar de ninguna manera que se trata de una prófuga condenada por la justicia colombiana con todos los alcances y consideraciones que eso tiene y, de ninguna manera, de una pregonera de justicia.

Ella cometió delitos y, según se conoce los aceptó. Lo que no está bien por parte de la institucionalidad colombiana, por parte de sectores políticos y menos de un Presidente de la República o la Fiscalía General es de descalificar de plano ese testimonio ni de manifestar, de manera grosera, que se trata de alguien enajenado mental. Eso, una grave equivocación de las autoridades colombianas, muestra la intención de tapar con la descalificación.

Hay testimonios de mencionados por Aída Merlano, como miembros de los clanes en la Costa Atlántica que promueven la compra venta de votos. Uno de los miembros de esos clanes, como lo es Roberto Gerlein, manifestó, hace algunos meses cuando se produjo el escándalo en la “Casa Blanca” de Barranquilla el día de la compra venta de votos para las elecciones parlamentarias de marzo de 2018, en entrevista con la periodista Vicky Dávila, que eso era un hecho real, evidente, incontrastable que, en la Costa Atlántica, había compra venta de votos. Se refería al departamento del Atlántico y, especialmente, Barranquilla. Existen estudios de institutos y de organizaciones dedicados a la investigación social, política y electoral que manifiestan que, en esa región del país, más del 60% de los votos emitidos son fruto de la compra-venta entre políticos y electores. A nivel nacional se cree que más del 40%, en unas regiones más que en otras.

Otro hecho es la evidencia pública, en todas las regiones, que los capitales desbordados intervienen en política tanto en elecciones al Congreso como en los comicios locales y regionales.

La mafia en Colombia no solamente está presente en los temas de narcotráfico, en la minería ilegal, en el contrabando, sino también ha direccionado sus recursos a financiar campañas políticas para capturar al Estado, tanto nacional como regional y local y, por supuesto, también a los contratistas del PAE, los contratistas de los medicamentos y otra serie de empresarios y funcionarios inescrupulosos.

Esta circunstancia, que es evidente, que es de conocimiento público, que es una verdad sabida, hace necesario, que no solamente nos quedemos en las investigaciones que se abran, que se profundicen, sino que debemos hacer una propuesta de una profunda reforma legal y constitucional política y electoral, que modifique el sistema político y el sistema electoral, con propuestas que no son nuevas y que ya hemos discutido por mucho tiempo, pero que no se han logrado adoptar en el Congreso de la República.

Ante esta circunstancia y, además, por la reclamación generalizada de la ciudadanía colombiana que se ha movilizado desde el 21 de noviembre, en defensa de los derechos fundamentales de la vida, de los líderes sociales, también de los desmovilizados, en contra de una inconveniente reforma prestacional y laboral, en favor de la implementación del proceso de paz y en demanda de reformas políticas y sociales en Colombia, por esas y otras circunstancias se amerita que los partidos políticos y el Congreso de la República aprueben esa reforma. Con los temas que ya se han discutido durante muchas ocasiones, que no son otros que las listas cerradas para las elecciones de Congreso de la República y para corporaciones públicas, la reforma es una absoluta necesidad para que no ingresen los dineros desmedidos.

El otro punto es el relacionado con el voto electrónico para que se contabilice en tiempo real el voto depositado por el ciudadano y que no continúen las votaciones después de las 4 de la tarde el domingo electoral.

También es necesario instaurar el voto obligatorio por dos o tres períodos para que la ciudadanía apática intervenga, para que esa ciudadanía crítica sea mayoritaria.

Por último, la financiación estatal de las campañas políticas en Colombia y otras iniciativas están abiertas para el debate. Si no se reforma el sistema político y electoral, continuaremos con la compra-venta de votos y, sobre todo, con la corrupción y la captura del Estado colombiano y, por supuesto, habrá un Estado fallido, una democracia precaria, una democracia limitada formal y un servicio público ineficiente, un servicio público que genera más pobreza que la que hoy tiene el país, que genera la falta de respuestas y de resultados a las expectativas ciudadanas.

*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe

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