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La reforma que actualmente cursa en el Congreso no busca solucionar ninguno de los problemas neurálgicos que asedian la justicia.
Quijotesca cruzada se ha vuelto intentar remediar los múltiples problemas que agobian a la justicia en Colombia. Congestión acumulada, carencia de recursos físicos y humanos, interinidad de sus funcionarios y falta de meritocracia tanto para acceder a la cúspide de la pirámide judicial como para llenar plazas vacantes al interior de ella, son solo algunas de sus enquistadas máculas a las que, en el inmediato futuro, no se les pronostica remedio.
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La reforma que actualmente cursa en el Congreso no busca solucionar ninguno de los problemas neurálgicos que asedian la justicia. Aun cuando tiene algunos visos atractivos como el incremento del presupuesto -aunque no se dice de dónde provendrá en medio de la crisis que atravesamos- o el ascenso del personal de carrera, lo cierto es que se ocupa de algunos temas particularmente intrascendentes y de otros que agravarían la crisis por la que atravesamos.
No tiene sentido que nos embarquemos en discutir la edad que se requiere para ser magistrado cuando lo que debería atenderse es la experiencia profesional acreditada; tampoco que haya preocupación por su período -que nunca ha sido motivo de reparo- cuando lo que se debe garantizar es que los mejores profesionales lleguen a la cima de la justicia luego de superar un auténtico proceso de meritocracia.
Menos coherencia tiene pretender que las plazas vacantes de jueces las llene el Consejo Superior de la Judicatura, cuando lo que se demanda es que esta institución al menos pueda adelantar un concurso de méritos serio -el último fue anulado porque en dos oportunidades no pudieron calificar los exámenes-, y ágil -actualmente pasan años para que un aspirante a juez o magistrado de tribunal quede en una lista de elegibles y con el riesgo de que el paso del tiempo produzca su pérdida de vigencia-.
Resulta por lo menos absurdo que se proponga validar como experiencia para ser fiscal general -y magistrado- la que se haya adquirido en ejercicio de otras profesiones (ciencia política, gobierno, finanzas o economía), cuando nuestra experiencia ha demostrado el fracaso que comporta que a este cargo lleguen legos en derecho penal quienes, a pesar de ser letrados en otras áreas, en no pocas ocasiones confunden conceptos básicos.
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Lo que se requiere aquí es que se garantice la independencia -para que la Fiscalía no sea un apéndice del ejecutivo- y el mérito, que se integraría con rigurosos procesos de selección en las altas Cortes, de donde bien se podría, para no romper el esquema constitucional, crear listas de elegibles y que de allí el Presidente conforme la terna y la envíe a la Corte Suprema de Justicia para su elección.
Los últimos proyectos de reforma tampoco se han ocupado de los dramas que sufre el ciudadano de a pie como principal destinatario de la función judicial. Hoy día una persona tiene que esperar años -en la jurisdicción civil- para que se resuelva un proceso de restitución de inmueble arrendado, o -en materia penal- debe tolerar el paso de meses para que una denuncia sea leída por un fiscal, semestres para que se adelante alguna investigación y años para que, sin el más mínimo sonrojo, se le diga que el proceso se archivó porque la conducta no existió o no tiene relevancia penal, pero que bien puede empezar nuevamente el trámite en otra jurisdicción.
Tal vez no se requiera de una gran reforma, sino que, como el escultor que moldea su obra con un martillo y un cincel, se deben hacer intervenciones que toquen problemas específicos. En el ámbito penal habría que empezar con reforzar mecanismos alternativos extraprocesales de solución de conflictos como la conciliación; urge reactivar las defenestradas instituciones de allanamientos, preacuerdos y negociaciones, y necesariamente hay que potencializar la tecnología que es uno de los pocos legados favorables que ha dejado esta terrible pandemia.
Ha quedado demostrado que en el proceso penal todas las audiencias preliminares pueden adelantarse virtualmente; el descubrimiento probatorio de la Fiscalía debería acompañar el escrito de acusación para evitar dilaciones injustificadas y los juicios orales -siempre que se garantice un espacio para que los testigos declaren sin interferencias- son perfectamente practicables.
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La virtualidad en la justicia llegó para quedarse. Se acabaron los aplazamientos por pérdidas de vuelos o congestiones en el tráfico. Su nivel de eficiencia es de tal magnitud que hasta los paros judiciales se acabaron. Anteriormente bastaba con poner talanqueras en las entradas de las sedes judiciales para frenar la justicia por meses; hace algunos días, hubo varias convocatorias de los sindicatos de la rama judicial para participar de las protestas y su fracaso fue contundente. Muchos jueces -algunos por convicción y otros por temor- decidieron continuar con la agenda sin que se afectara en lo más mínimo la prestación del servicio. Estas son las verdaderas reformas que necesita la justicia.
*Dr. Iur. Mauricio Cristancho Ariza, abogado penalista, @MCristanchoA
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