Regularización institucional

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Sacado de www.aa.com.tr

Si alguna cosa es altamente necesaria en nuestro país, es que se produzca lo más pronto posible una regularización de su institucionalidad. Aunque parezca que no ocurre, la anómala situación  en la cual se encuentran los poderes públicos del país afecta a éste y a sus ciudadanos. 

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Si se observa con detenimiento, es posible concluir que nuestra actual situación origina que la comunidad internacional esté dividida respecto al reconocimiento que ella hace respecto de la persona que ocupa la presidencia. La división internacional origina, igualmente, que algunos países desconozcan las decisiones que internamente adoptan las personas que ocupan las dependencias del poder judicial caraqueño o, por qué no decirlo, las actuaciones de quien – a lo interno del país – actúa como Fiscal General, sin obviar la percepción dividida que se tiene respecto a quienes integran la Asamblea Nacional. Así, entonces, todo lo que se haga para resolver esa situación redundará en beneficio del país y sus habitantes.

Ciertamente, el escenario idóneo es que ello se arregle inmediatamente para todos los poderes afectados pero, al no ser eso posible, mucho se avanza si se va resolviendo paso a paso. 

Hasta el momento de escribir estas líneas, no está formalmente definida la participación de la oposición a la gestión del señor Maduro en las elecciones regionales del próximo mes de noviembre, aun cuando pareciere que la decisión va en ese sentido. Lo cierto es que los nuevos integrantes del órgano electoral han sido más proactivos que los precedentes respecto de hacer pública su gestión, lo cual redunda en beneficio de la participación y, por ende, de la reinstitucionalización. A causa de esta suma asimismo el anuncio de quien ocupa el caraqueño Palacio de Miraflores en el sentido de eliminar la figura del “protector” implementada desde hace años para restarle competencias a los adversarios electos para gobernar en estados y municipios.

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La duplicidad institucional que Venezuela deberá resolver implica adoptar decisiones consensuadas respecto de la actuación ocurrida mientras ella existió puesto que la misma conlleva a que alguien contrarió la ley, lo que genera responsabilidad, por lo que la única manera de evadirla es que la totalidad de los actores políticos que la originaron –por activa o pasiva- consensuen un mecanismo que le ponga término a la misma.

La reinstitucionalización facilitará un pleno acceso a la comunidad internacional, por una parte y, por la otra, la plena atención en el exterior de más de cinco millones de connacionales que allende nuestras fronteras se encuentran. Con lo primero, probablemente se facilitará el acceso de recursos económicos al país y, con lo segundo, seguramente mejorará la posición y atención de quienes afuera se encuentran. Como ejemplo pudiere afirmarse que, en el caso de Colombia, ella muy probablemente permitirá el libre cruce fronterizo de personas –y quizás de bienes- con lo que ello implica para la economía de ambos países. 

Si finalmente se concreta la iniciativa de negociación que algunos factores internacionales adelantan, en una situación como la nuestra en la cual ninguno de los actores en conflicto ha podido vencer al otro, la circunstancia de que ambos en aquello convengan –independientemente de las exigencias que cada uno coloca sobre la mesa- será una buena señal para quienes creemos que la reinstitucionalización nacional es una exigencia impostergable.

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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