La dictadura de Maduro tiene el poder efectivo del Estado venezolano, como muchos otros regímenes autoritarios con los cuales Colombia tiene relaciones consulares y diplomáticas.

¿Se debe establecer relaciones bilaterales con la dictadura de Nicolás Maduro, consulares o incluso diplomáticas? El caso de Aída Merlano puso sobre la mesa la necesidad de restablecer por lo menos las relaciones consulares con el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro ante la sorpresiva posibilidad que abrió el propio Maduro a casi un año de la ruptura y expulsión de todo el cuerpo diplomático y consular colombiano en Venezuela.

Desde el primero de mayo de 2017, se rompió la farsa democrática de la Revolución Bolivariana. El anuncio de una nueva Asamblea Nacional Constituyente -ANC- zanjaba el debate sobre el modelo político que buscaba imponer el chavismo en el hermano país. La convocatoria, la elección y los suprapoderes que se arrogaba el proyecto político en cabeza del heredero de Chávez a través de la ANC configuraron la formalización de una dictadura en Venezuela.

El Estado colombiano junto a otros Estados, organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil reconocen este momento como un quiebre en una de las democracias más antiguas del continente. Después de casi cuarenta años de consolidación democrática en la región, el país que recibió y protegió a los perseguidos de las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX colapsaba tras más de dos décadas de decadencia y crisis del sistema político.

No es la primera vez que el Estado colombiano convive con regímenes dictatoriales. El Chivo en República Dominicana, Papa Doc en Haití, Tacho en Nicaragua, Noriega en Panamá, o más recientemente el Chino en Perú, sólo por nombrar algunos de los más estrambóticos dictadores que gobernaron países limítrofes con Colombia.

No obstante, el caso venezolano es más complejo por la imbricada y estrecha relación entre Colombia y Venezuela, la cual se ha acrecentado por el fenómeno de movilidad humana que enfrenta el vecino país a causa de la emergencia humanitaria compleja en que el chavismo ha hundido a Venezuela.

Más de 4,7 millones de venezolanos han tenido que dejar su país. La mayoría de ellos ha salido por algún punto legal o ilegal en los 2.219 kilómetros de frontera terrestre que comparte con el Estado colombiano. De ellos más de 1,6 millones, reconoce el gobierno colombiano, se han radicado en el país, pero sumados los colombianos retornados, los colombo-venezolanos y los venezolanos con terceras nacionalidades, el número supera holgadamente los 2 millones.

De otro lado, no se puede olvidar que Venezuela fue el país que más recibió la diáspora colombiana, sobre la cual nunca se ha tenido una certeza, sobre todo porque los hijos de colombianos tienen derecho a reclamar la nacionalidad. Las cifras que se suelen manejar van de los 5,6 millones que alguna vez refirió Maduro hasta los 6 millones que algunos de los esbirros de la dictadura llegaron a usar. La cifra más cercana que tienen las autoridades colombianas, a septiembre de 2018, proviene de los colombianos que se acercaron a un consulado solicitando algún servicio y que se aproximaba a los 3,4 millones.

La crisis a la que el gobierno de Maduro ha llevado a Venezuela, no es solo la imposición de una dictadura, es también la ruptura del monopolio de la fuerza y la pérdida del control territorial, haciendo de Venezuela uno de los países más violentos del mundo y con mayor presencia de grupos criminales, pero también es la destrucción del sistema económico y de la infraestructura de servicios públicos, un país declarado en emergencia humanitaria compleja por las Naciones Unidas.

Pocas veces el Estado colombiano ha enfrentado un reto tan grande en su política exterior; la relación bilateral con su vecino más importante impone retos sobrecogedores ante la normalización del colapso venezolano. A los históricos problemas inherentes de la relación y la mutua dependencia, las complejidades y retos del conflicto armado colombiano en la zona de frontera, se ha sumado el segundo fenómeno de movilidad humana del mundo, el primero según proyecciones para finales de este año.

En medio de dicha complejidad, el caso de Aída Merlano se convierte en la oportunidad de restablecer las relaciones consulares, así el presidente Duque haya respondido con un tajante no. Durante los años de la Revolución Bolivariana, delincuentes, narcotraficantes, guerrilleros, terroristas y otros criminales han encontrado refugio en Venezuela, en algunas ocasiones incluso con la complacencia y apoyo de las autoridades. La excongresista no es la primera y no será la última y, por su valor simbólico, es instrumentalizada por el gobierno de Maduro.

Sin embargo, no se puede perder la oportunidad que se desprende de ello. No por Maduro o su dictadura, el reto para el Estado colombiano, en cabeza de Iván Duque, es manejar la relación bilateral con un país con el cual está obligado a convivir. La dictadura de Maduro tiene el poder efectivo del Estado venezolano, como muchos otros regímenes autoritarios con los cuales Colombia tiene relaciones consulares y diplomáticas, como por ejemplo la Turquía de Erdogan, la China de Xi Jinping, la Rusia de Putin, en un planeta, en el que solamente el 44%, de 195 países, son considerados libres según el reporte Freedom in the world 2019.

El presidente colombiano sustenta su negacionismo con Venezuela en los principios democráticos y argumenta que le resulta imposible encubrir a la dictadura, llegando a tomar como propia la causa de la oposición venezolana, al punto de convertirla en el centro de su política exterior. Aun así, su postura no se ha materializado en un liderazgo: en el Grupo de Lima, que aborda el problema desde lo político, la postura colombiana ha resultado problemática en más de una ocasión para los otros Estados que lo conforman, y en el procedimiento de Quito, que aborda el problema desde lo migratorio, Colombia se está quedando sola en medio de las medidas unilaterales de los otros Estados para restringir la migración.

La justificación sustentada en los principios democráticos se convierte en retórica si se compara con el homenaje con ofrenda floral que le rindió el presidente Duque a Mao Tse Tung, en su visita China el año pasado, en el mismo momento que Xi Jinping adquiría más poder y que cerró como uno de los años de mayor violación de los derechos humanos en el país asiático.

Más de cinco millones de ciudadanos, entre los colombianos en Venezuela y los venezolanos en Colombia, requieren con urgencia la reapertura de las relaciones consulares. El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a los 3,4 millones de colombianos en Venezuela, de brindarles acceso a su documentación y acompañamiento jurídico en caso de requerirlo. No es el reconocimiento al dictador; así él pretenda exhibirlo como tal, es darle cumplimiento a la responsabilidad y obligación del Estado colombiano.

Quizás es necesario ir más allá y, partiendo de la base de las diferencias que se tiene respecto del régimen de Maduro, se debería procurar el establecimiento de relaciones diplomáticas. Hoy más que nunca el Estado colombiano requiere información de primera mano sobre lo que está pasando en Venezuela, la falta de ella nos está llevando a que nos quedemos con una única versión que nos entrega una parte de la oposición previamente digerida, en lugar de tener nuestra propia visión, perspectiva y prospectiva de lo que sucede y sucederá con nuestro vecino más importante. No se puede confundir el deseo del retorno de la democracia a Venezuela con el negacionismo a una realidad que se prolonga en el tiempo.

La relación bilateral con Venezuela demanda lo mejor de nuestro servicio exterior y la comprensión de la premisa axiomática que para Colombia siempre es mejor estar que no estar en Venezuela, independientemente de su gobierno o su régimen político.

*Ronal F. Rodríguez, @ronalfrodriguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

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