“Queda claro que la ministra Nancy Patricia le debe una explicación clara al país: debe salir a decir qué acciones emprendió su despacho tras las denuncias realizadas por la Defensoría del Pueblo sobre la situación en Chocó”

La ministra Nancy Patricia debe responder. Como secretaria técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas (CIPRAT), de acuerdo con el decreto 2124 de 2017, debe dar la cara frente a las denuncias de confinamiento y desplazamiento en Bojayá que se conocieron en los últimos días. Asimismo debe responder por la integridad física del líder social Leyner Palacios, quien además de haber perdido a 28 familiares en la masacre de Bojayá, ha sido amenazado por denunciar el terror que se vive por estos días en el Chocó. La responsabilidad de la ministra tiene que ser disciplinaria, o por lo menos, política.

En otros medios, he denunciado que, desde el mes de abril del 2019, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, mediante su oficina de alertas tempranas, había calificado como inminente el peligro de las comunidades aledañas a Bojayá, es decir, Villa Hermosa, Egoroquera, Playita, Unión Baquiazá, Unión Cuití Mesopotamia, Boca de Opogadó, Pogué, Napipí.

En dicho oficio, se pone de presente la confrontación armada entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas (reducto de las AUC), así como también la falta de presencia estatal en las zonas rurales del departamento. Esto conlleva a que se materialicen posibles delitos como el confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como la violencia sexual contra mujeres y menores.

El documento oportunamente enviado por la Defensoría del Pueblo también insta a que se tomen todas las medidas necesarias para la protección de los líderes sociales sin necesidad de que se evalúe su riesgo, dado que de por sí, dicha denuncia se constituye como prueba suficiente para que se refuerce su seguridad. Igualmente, se hace un llamado a las diferentes autoridades del orden nacional y local para que actúen de manera inmediata y garanticen la integridad de los pobladores de las áreas afectadas por los hechos reportados.

Es preciso advertir que la Defensoría había ya denunciado diferentes delitos desde el 2018. Es por ello que resulta sorprendente que sólo después de que la opinión pública pusiera en conocimiento las amenazas contra Leyner Palacios hace pocos días, el presidente hubiera ordenado tomar acciones extraordinarias en materia de seguridad.

Pero lo que resulta aún más extraño, por decir lo menos, es que las denuncias emitidas por parte del sistema de alertas tempranas, fueron reiteradas nuevamente en octubre del 2019, aparentemente después de no haberse puesto en marcha acciones contundentes para prevenir los riesgos advertidos múltiples veces. Eso sin mencionar el llamado de la ONIC – Organización Nacional Indígena de Colombia –  en abril de ese mismo año e incluso los reportajes de la Revista Semana a inicios del 2019, en donde se retrataba de manera clara cómo la población venía siendo instigada por diferentes grupos armados al margen de la ley.

Fuentes cercanas a la Defensoría del Pueblo advierten también que los riesgos denunciados no solo involucran las comunidades del municipio de Bojayá. Desde septiembre de 2019, se reportaron otra serie de alertas preocupantes que afectan a las comunidades del Alto Baudó por hechos similares. Allá, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas se disputan las rutas del narcotráfico y demás rentas ilegales a sangre y fuego y, como siempre, la población civil es quien paga las consecuencias de esta atroz e insensata guerra.

Mediante alerta temprana 041-19 se califica como inminente el riesgo de las comunidades de Urudó Puerto Córdoba, Boca de León, Apartadó, Amparradó, Peña Azul, Cocalito y las Delicias. En este oficio, se relatan escalofriantes hechos de violencia como asesinatos, decapitaciones y desplazamientos de la población civil. Según el reporte, el frente Cimarrón del ELN tiene control sobre el negocio de la producción de coca; así mismo, buscó influir en los comicios regionales para lograr la elección de alcaldes y poder cobrar a cada uno sus actividades de proselitismo.

Según los oficios de la Defensoría, como consecuencia de las operaciones militares dirigidas a la liberación del señor Tulio Mosquera Asprilla, las Autodefensas Gaitanistas han pretendido aprovechar el repliegue guerrillero y adueñarse de las rentas ilegales que éstos controlaban, desatando una ola de violencia e intimidación a la población civil. El patrón en el Chocó es claro: donde más están sufriendo las comunidades es donde se presentan confrontaciones armadas por el control territorial entre las guerrillas del ELN y bandas paramilitares. Lo que más llama la atención es que dichas confrontaciones no son el resultado de esporádicos combates entre pequeñas milicias, sino entre grupos altamente organizados y con gran capacidad de fuego. Queda entonces por preguntarse cómo el Estado no ha sido capaz de controlar esta situación, ya sea militarmente o mediante acciones integrales de apoyo social y económico a las comunidades.

Lo que estamos viviendo es el recrudecimiento de una violencia que no tiene origen en los acuerdos de paz de la Habana, sino justamente en la incapacidad del Estado de cumplirlos. Si fuera cierta la afirmación de algunos sectores políticos, según la cual las guerrillas y grupos paramilitares estaban derrotados militarmente, no se explica cómo en un gobierno del Centro Democrático estemos nuevamente atestiguando hechos de guerra como los denunciados por la valiente Defensoría del Pueblo y diferentes líderes sociales que ponen en riesgo su vida diariamente.

También queda claro que la ministra Nancy Patricia le debe una explicación clara al país: debe salir a decir qué acciones emprendió su despacho tras las denuncias realizadas por la Defensoría y qué clase de resultados ha obtenido durante su gestión, dado que estas denuncias no son nuevas, reposan en su escritorio, por lo menos, desde abril del 2019.

Si bien la responsabilidad de garantizar el orden público no le compete directamente a Nancy Patricia, el Ministerio del Interior es el encargado de coordinar a las entidades del Estado, así como las acciones conducentes para evitar esta clase de situaciones. Sin embargo, las únicas noticias que se ven por estos días son el aumento en los asesinatos de líderes sociales, indígenas, excombatientes y, ahora, el recrudecimiento de la violencia contra la población civil. Ha aumentando el riesgo de confinamiento y de desplazamiento forzado, que ya en nuestro país, ha dejado más de 8 millones de víctimas.

Es así que le pregunto a la ministra: ¿qué ha hecho con estas denuncias? ¿Qué le puede responder a la opinión pública y, de paso, a los organismos de control respecto al escalamiento de este tipo de amenazas que ha debido resolver mediante la acción coordinada y oportuna de todas las entidades del Estado? ¿No cree que es hora de dar un paso al costado y reconocer que se le está saliendo de las manos su cartera?

*Gabriel Cifuentes Ghidini, @gabocifuentes, Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma, MPA, Harvard University, LLM, New York University, Master en Derecho, Universidad de los Andes

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