Las revocatorias del mandato, una oportunidad para los oportunistas

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Hoy, se invoca la revocatoria de mandatarios locales como Daniel Quintero en Medellín, Claudia López en Bogotá, William Dau en Cartagena, de la mano de quienes han negado la democracia, la paz, la solución negociada de los conflictos, la superación de la pobreza y la reconciliación.

Más allá de tratar de negar el derecho que les asiste, se hace necesario invocar el deber ciudadano y político de profundizar la democracia directa. Ojalá este viraje político momentáneo de abrazar la democracia participativa, manifestado por aquellos que añoran la Constitución de 1886, se mantenga a la hora de rodear y respaldar la protesta social.

La participación es un ejercicio político con una gran carga ética que legitima a la ciudadanía, a la democracia, al Gobierno y al Estado; no es una espuria acción proselitista para normalizar la incapacidad de los partidos o de sectores económicos de desarrollar propuestas que favorezcan el respaldo y el reconocimiento popular y mucho menos cuando provienen de aquellos que se han encargado, desde la promulgación de la misma Constitución, de impedir o cercenar el desarrollo del Estado Social de Derecho. Por un lado, estigmatizan la protesta social, desacreditan a las organizaciones populares e incentivan su aniquilamiento físico y político, y por otro, de forma desvergonzada, convocan a la ciudadanía a revocar un mandato.

No es comprensible que sectores políticos y/o económicos con poder real, bajo el pretexto de la participación ciudadana, utilicen mecanismos de empoderamiento popular que ellos mismos han atacado en otras oportunidades, para debilitar la gobernabilidad o iniciar campañas políticas. No es que no tengan derecho a hacer uso de la democracia participativa. Es que su historia nos ha demostrado que su comportamiento político, sus ambiciones económicas y su innegable alianza con sectores ligados a la corrupción y el narcotráfico, no son carta de presentación para convertirse en adalides de la acción ciudadana por el bien común.

Convocar la revocatoria del mandato contra mandatarios locales, en medio de una pandemia que afecta profundamente la vida y la economía productiva, cuando son estos mandatarios los que de alguna forma están realizando el mayor esfuerzo, seguramente con muchos errores, y sin el respaldo del Gobierno, es la demostración más clara del talante poco solidario de quienes las promueven. Hoy, el énfasis debe estar puesto en la exigencia al Gobierno de tres propuestas básicas que los trabajadores de la salud han enarbolado: renta básica, fortalecimiento de la red pública hospitalaria, que incluye mejorar las condiciones laborales y de bioseguridad del personal de salud, y vacunación masiva.

La participación en Colombia, como en las llamadas democracias occidentales, ha estado limitada por la aplicación acomodada de los modelos griego antiguo y europeo de los siglos XVII y XVIII. Aunque desde finales de los 60 se reconocieron las Juntas de Acción Comunal, se contaba con consejos de medio ambiente y se hicieron algunas consultas populares pequeñas, el poder de decisión o la soberanía del constituyente primario no constituía la base fundamental del Estado y la democracia. Hasta finales de los 80, casi ninguna otra forma de participación era reconocida en la débil democracia colombiana.

Las limitaciones de la participación y la soberanía ciudadana, más allá del ejercicio electoral, a su vez cargado de vicios de corrupción y autoritarismo, alentaron, en diferentes épocas, estallidos violentos, el surgimiento de expresiones políticas armadas, la debilidad de la legitimidad del Estado y su escuálido arraigo territorial. Las economías ilegales, unidas a la tradición clientelista surgida de la exclusiva representativa, marcaron el ejercicio político, especialmente desde la época del Frente Nacional (1958 a 1974).

Debido a la incompetencia del Estado y las limitaciones de la democracia representativa clientelista, surgieron, a mediados de los 80, desde la orilla de los movimientos sociopolíticos de izquierda y las guerrillas, propuestas de apertura democrática y de reformas constitucionales que luego serían reivindicadas por el movimiento estudiantil conocido como Movimiento por la Séptima Papeleta, dando origen a la Asamblea Nacional Constituyente y a la Constitución de 1991.  Con la nueva Constitución, el adjetivo de participativa entró a calificar la ya maltratada democracia nacional y marcó lo que hubiera podido ser el mejor mecanismo de tramitación de la conflictividad política y social. Los “Principios Fundamentales” de la Constitución revelan el espíritu participativo de este pacto político que permitió avanzar en los acuerdos de paz con seis grupos guerrilleros.

En Colombia, la gente elige a sus representantes haciendo uso de la participación electoral. También se contemplan mecanismos representativos para la participación en instancias asesoras o consultivas, con poco o nulo poder de decisión, y el uso de la democracia directa, mediante la formación de grupos que incentivan la participación directa de la ciudadanía para la consecución de determinado fin.  

En general, las instancias de participación en relación con sus objetivos tienen peso en: i) hacer seguimiento, evaluar y medir las políticas públicas que estén relacionadas con los temas del grupo poblacional; ii) ejercer  control a la función  pública; iii) plantear propuestas sobre la construcción del presupuesto, hacer seguimiento y evaluar la ejecución del mismo; iv) crear el reglamento interno de manera autónoma; v) desplegar acciones y medidas tendientes a promover la satisfacción de los derechos de los sectores que representan; vi) promover la articulación de las entidades que tengan competencias relacionadas con los temas de las instancias de participación; y, viii) promover la formación de la comunidad sobre los temas que son objeto de su competencia.

Reconocido el espíritu constructivo, transformador y conciliador de la participación que motivó en los y las constituyentes del 91 la transformación de nuestra democracia, buscando equilibrio entre la democracia representativa y la democracia directa para avanzar hacia la democracia participativa, también es cierto que la democracia participativa se ha quedado en la mayoría de los casos reducida a mecanismos o formas que no permiten el desarrollo de ciudadanías activas. Su limitado alcance, la manipulación de los mismos y su ineficacia han minado de escepticismo a la sociedad.

Los alcaldes y alcaldesas del espectro alternativo que enarbolan la defensa de la democracia participativa, más allá de oponerse en sí mismo al uso del mecanismo de revocatoria, tienen como tarea, en coherencia con su discurso,  avanzar en la implementación de procesos participativos que legitimen al Estado, a sus gobiernos y que le devuelvan al pueblo un porcentaje considerable del poder de decisión, enajenado en el ejercicio electoral.

Hay que aprovechar la llamada gobernabilidad alternativa para desarrollar programas pedagógicos y de capacitación ciudadana y desplegar hasta donde hoy sea posible procesos participativos amplios, asamblearios y con poder de decisión que se instalen en la cultura ciudadana para que, en un futuro, sin mezquindad y cálculos electorales, se profundice la elaboración participativa de planes de desarrollo, de las inversiones más significativas de las ciudades y poblados, de los planes de ordenamiento territorial, de la destinación de los recaudos impositivos y de recursos propios. Ésta puede ser la alternativa que blinde con transparencia y beneficio social a los gobernantes demócratas.

La discusión está situada más allá de la utilización oportunista y mezquina de lo poco de democracia participativa que tenemos. El debate que proponemos debe contemplar y ser aprovechado para avanzar en el cómo desarrollar y profundizar la democracia directa, que haga posible que la ciudadanía informada y empoderada, asuma su responsabilidad de construir pactos sociales locales de paz y desarrollo incluyentes. Éstos nos permitirán avanzar hacia la construcción participativa de un nuevo contrato social nacional, más democrático, equitativo y justo.

*Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. @luisemilpaz

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