Riesgo inherente: el caso de Javier Tarazona

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Hay profesiones más riesgosas que otras, unas veces por razones propias del oficio, otras por el sitio en el cual la actividad se realiza y a veces por la concomitancia de ambas circunstancias.

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No es igual defender los derechos humanos en Suiza o Noruega que hacerlo en Venezuela. En aquellos países europeos, seguramente el Estado evitará cometer desaguisados y en ningún caso perseguirá a quienes los denuncian dado que, cuando menos, el escándalo sería mayúsculo.

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En Venezuela, por el contrario, quien a esa tarea se dedica sabe que su vida corre riesgos y esta semana que pasó quedó palmariamente en evidencia.

Javier Tarazona es el director de FundaRedes. Fue ésta la organización de derechos humanos que le hizo seguimiento casi diario al conflicto armado que se desarrolló en el estado Apure, limítrofe con Colombia, en el cual las fuerzas colombianas de la subversión y el narcotráfico, asesinaron y retuvieron a militares venezolanos, originando adicionalmente el desplazamiento a este último país de la población civil afectada, aparte – por supuesto – de los hechos atribuidos contra ésta al ejército de nuestro país. Todo ello quedó evidenciado por dicha institución.

El pasado sábado, los tribunales de los que dispone el señor Maduro ordenaron la reclusión intramuros del señor Tarazona y otros que le acompañan en su gestión puesto que la fiscalía que le sirve les atribuyó la comisión de varios delitos entre ellos, más faltaba, el de traición a la patria, tal como en el pasado lo hicieron con magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, diputados de la Asamblea Nacional o representantes del parlamento venezolano ante el Consejo Nacional de Universidades, para sólo citar tres ejemplos.

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La detención de los integrantes de FundaRedes ha originado generales reacciones de protesta, entre ellas, las de aquellos que afirman, como siempre, respecto de la imposibilidad de negociar con quienes de esa manera actúan, lo cual no deja de sorprender sobre todo por el conocimiento que tienen quienes eso sostienen de la manera como se ha actuado en circunstancias similares en otros escenarios.

Con ocasión de la guerra de Vietnam, mientras los americanos bombardeaban con napalm el territorio de ese país y, por tanto, también a sus habitantes –pues las bombas como las balas se sabe de dónde salen pero no necesariamente a dónde llegan- y las fuerzas comunistas que contra aquellos combatían detenían y torturaban a los militares americanos que en su poder caían, los diplomáticos de ambas naciones negociaban en París el acuerdo que pondría fin a la guerra. Fue la combinación de ambos elementos lo que produjo el fin del conflicto, de manera tal que – vista la experiencia internacional- la detención de los defensores de derechos humanos, o de políticos o de cualquier ciudadano, no puede argüirse válidamente como excusa para no realizar negociaciones que pongan fin a nuestra situación. Lo que ocurrió es, lamentablemente, un riesgo inherente a la decisión de vida adoptada y evidenciada en el trabajo desempeñado.

En Venezuela, el que no quiera correr riesgos sabe qué hacer, tanto como lo conoce quien un paso al frente decidió dar para poner en evidencia el sistema que impera. En todo caso, todos sabemos que, mientras el actual estado de cosas se mantenga – en cualquier momento y con vista al más simple argumento – en víctima todos y cada uno de sus habitantes se podrá convertir, siendo esa entonces por tanto la tarea a la cual como en Fuenteovejuna – todos a uno – deberíamos dedicarnos, sin esguinces retóricos o intereses políticos pequeños.

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*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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