Saab en tribunales

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En África, Alex Saab tuvo todas las garantías que requería para su enjuiciamiento y seguramente en Estados Unidos también las tendrá.

Luego de más de un año de litigar en Cabo Verde la solicitud de extradición que a ese país hizo los Estados Unidos, Alex Saab aterrizó en Miami y, este pasado lunes, en menos de cuarenta y ocho horas fue presentado ante el juez respectivo.

No abordará esta columna los delitos que le imputan al referido ciudadano. Prefiero que ello sea materia de quienes le han efectuado seguimiento permanente a su actuación, tal como lo ha hecho el periodismo venezolano de investigación, cuya actuación generó inclusive que esta pasada semana las fuerzas policiales del señor Maduro visitaren la residencia de parientes de uno de los que mejor lo hizo, a sabiendas de que el periodista en cuestión y sus compañeros de medio tienen más de dos años fuera del país como consecuencia de las acciones judiciales que Saab contra ellos intentó. Es por ello que prefiero comparar las incidencias procesales africanas y la reciente americana con las que acontecen dentro de las fronteras venezolanas.

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Mientras el señor Saab tuvo en África y ahora en Estados Unidos la posibilidad de designar a su abogado de confianza, eso le está vedado a los venezolanos que algún tipo de connotación tienen, bien porque son dirigentes políticos, o porque son militares o porque investigan hechos que afectan a la gestión que despliega el señor Maduro y quienes le acompañan. A ellos los jueces les imponen defensores de oficio con todas las implicaciones que ello conlleva en la actual situación de Venezuela por lo que, para éstos, no hay Garzón que valga.  

En tanto que el señor Saab tuvo la posibilidad de recurrir cuanta decisión se emitió en su contra, en Venezuela, cuando se trata de proceso judiciales en los cuales quienes ocupan el Estado tienen interés, lo normal es que se decrete medida de privación de libertad a quienes se imputa o que los procesos no avancen, bien por diferimiento reiterado de audiencias o porque no se presentan las acusaciones en el tiempo que corresponde  sin que proceda la subsiguiente libertad. También ocurre que la provisionalidad general de los jueces origina que éstos consulten piramidalmente las decisiones que habrán de emitir, tanto con sus superiores jerárquicos como con las más altas instancias políticas, a los efectos de que las que se emitirán se atengan a sus deseos, tal como en reciente foro una prestigiosa abogada venezolana públicamente reconoció, lo que implica la inexistencia de la división de poderes que la Constitución prevé.

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Si alguien quisiera tener presente la interferencia política en las actuaciones judiciales en Venezuela, bastaría recordar que el mismo dia que el señor Saab llegó a la Florida fueron llevados de retorno a prisión intramural en ese país un grupo de ciudadanos vinculados a los Estado Unidos que Caracas juzga, sin que mediare orden judicial que lo acordare.

Hay entonces entre las situaciones procesales que ha enfrentado el señor Saab y las que diariamente afrontan los venezolanos una evidente diferencia, la que es por cierto, la que tiene al señor Maduro a las puertas de una actuación de la Corte Penal Internacional.

Debemos recordar que por el principio de complementariedad que contempla el Estatuto de Roma, que rige las actuaciones de dicha corte, ésta intervendrá en tanto y en cuanto en el respectivo país el sistema de justicia no se ajuste al estricto cumplimiento del principio universal del debido proceso al que está obligado, por lo que si la Sala de Cuestiones Previas que analiza la solicitud fiscal relativa a Venezuela admite abrir la investigación contra el señor Maduro, dicha decisión  implicará el reconocimiento internacional de dicha  situación – lo que en distintas columnas hemos abordado al afirmar que en nuestro país hay una desconfiguración absoluta del poder judicial -. Esta circunstancia, salvo mejor opinión, ha sido implícitamente admitida por los negociadores en México cuando aceptaron discutir el tema.

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En África, Alex Saab tuvo todas las garantías que requería para su enjuiciamiento y seguramente en Estados Unidos también las tendrá. Lamentablemente, los venezolanos carecemos de un poder judicial confiable para todos y esa es una falencia que de alguna manera deberá resolverse, bien porque lo abordemos y resolvamos, bien porque una decisión de la Corte Penal Internacional nos obligue a hacerlo.

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. @barraplural

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