Salvando los muebles del incendio

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Reavivar la política pública de sustitución de cultivos.

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Como se había vuelto costumbre en estos cuatro largo años, los discursos de Iván Duque se habían vuelto una combinación de ira, risa y llanto, en efecto en su última intervención el pasado 20 de Julio en el Congreso de la República, el ex presidente hizo bastantes afirmaciones sonoras pero sumamente débiles; en especial un aspecto me impacto, el presidente habló del éxito de su enfoque de “paz con legalidad”, de su compromiso frontal con la sustitución de cultivos de hoja de coca y su lucha en contra del narcotráfico, metiendo todo esto en una misma bolsa, en este orden se hace necesario desmentir al ex presidente, en términos de forma y contenido.

El problema del narcotráfico no es igual al de la economía de la coca, son dos fenómenos sumamente distintos que se desarrollan en un mismo universo, como lo mostró Teófilo Vásquez, el negocio del narcotráfico tan solo es una fase de las dinámicas económicas y policías de la coca, en efecto en el narcotráfico los mayores beneficiados son los grandes carteles, los comercializadores y los lavadores de dinero, siendo estos grupos un número muy reducido de participantes en el negocio, a contracorriente, los productores artesanales y los raspachines son la gran mayoría de personas vinculadas a las economías cocaleras, paradójicamente estos últimos son el eslabón más débil, los que menos ganan con el negocio y los que son más perseguidos por el Estado Colombiano. Por su puesto, hay que aclarar que los técnicos de la violencia son articulados por este negocio, y en esto Duque sí tiene razón, estos profesionales violentos son mayoritariamente los responsables de las masacres y asesinatos cotidianos en Colombia.

Haciendo énfasis en la situación de los cultivadores de coca, esta no puede ser peor. Según Francisco Gutiérrez Sanín, el Estado les ha incumplido a gran escala con el PNIS, por ejemplo, en 2017 el fiscal Néstor Humberto Martínez bombardeó el proceso, lo que generó que se demorara la puesta en marcha de la sustitución; seguido a ello, el asesinato sistemático de lideres del programa de sustitución de cultivos fue un freno sistemático al programa, en un entorno de una Fiscalía General que no persigue al crimen y un agenciamiento estatal es insuficiente, por ejemplo, en el departamento de Putumayo habían  12 funcionarios para 20 familias en el PNIS, al igual que en Nariño donde habían 12 funcionarios para 17234 familias. De igual manera los retrasos y falta de implementación del Programa de Atención Inmediata Individual estuvieron a la orden del día, en 2018 más de la mitad de las familias en principio reconocidas por el PAI quedaron por fuera de este, como si fuera poco de estas 99097 familias, en 2019 solo 34068 habían recibido todos los pagos, al igual 60% de las familias que habían recibido asistencia técnica y 34% había recibido insumos de los proyectos de seguridad alimentaria.

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En este desorden de atención a los cultivos de coca, que no sabemos sí es una “simulación del proceso de paz” como lo decía David Flórez, los cultivadores de hoja de coca reinciden en esta actividad, pues en lugares donde no hay bienes públicos, ni oportunidades, ni dinamismo económico, es muy difícil dedicarse a otro cultivo, sin embargo, en el caso de la reincidencia de cultivo por parte de las familias cocaleras, estas últimas  son perseguidas a ultranza por parte del Estado colombiano, en otras palabras lo que fue concebido para perseguir a los grandes carteles y narcotraficantes ahora se convirtió en la espada de Damocles de los campesinos cocaleros.

Visto lo anterior, propuestas como la del Senador Gustavo Bolívar puede que suenen muy lógicas para desmotivar el consumo y la producción de cocaína, sin embargo, para que ello sea un éxito se necesitan dos cosas sumamente difíciles: en primer lugar, que la camandulera sociedad política colombiana comprenda que la lucha contra las drogas fracasó, y en segundo lugar, que los Estados Unidos avalen este tipo de iniciativas, y apropósito de lo anterior, todo indica que las mayorías demócratas van a ganar en el parlamento norteamericano, por lo cual la propuesta de Bolívar casi que nació muerta.

En este orden de ideas cabe preguntarse ¿Qué hacemos entonces?, y la respuesta es simple, cumplir el punto cuatro del acuerdo final de paz, que el Estado le cumpla a los campesinos cocaleros, que los PNIS sean un éxito y que se persigan a las organizaciones narcotraficantes, mientras que, al mismo tiempo, la sociedad campesina luche para hacer cumplir las zonas de reserva campesina, los PDETS, e iniciativas de solución a problemas públicos del campo colombiano. Vale decir que todo lo anterior tiene mayor asidero sí se logra desmovilizar a las organizaciones herederas del paramilitarismo y a las disidencias de las FARC, lo cual no lo veo fácil.

En honor a la verdad, sí el Estado y la sociedad hacen todo esto, se le ganará una batalla al narcotráfico por medio de la salida de cientos de miles de familias campesinas de las economías de la coca, pero el narcotráfico seguirá, claro que sí, inclusive se incrementará el precio de pasta base de cocaína, pero algo sí se habría hecho, podríamos haber salvado uno que otro mueble del incendio en el que estamos.

(Le puede interesar: Seduciendo al guerrero: la última oportunidad para revivir la paz)

*Jorge Baquero Monroy. Licenciado en ciencias sociales de la Universidad de Cundinamarca. Mágister en administración pública de la ESAP. Investigador del proyecto Infraestructuras de Paz, agendas políticas y dinámicas organizacionales en la implementación efectiva del Acuerdo Final en Colombia (2016-2022).

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