San Juan de Dios: ¿Cargas con una maldición?

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San Juan de Dios tiene, desafortunadamente, en su haber uno de los modelos institucionales más ineficientes e incoherentes que ha producido el Estado para el manejo de una función pública esencial.

El reemplazo de la Torre Central del Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJD) ha desatado una encendida reacción de la fuerza política Colombia Humana contra la alcaldesa Claudia López por la firma del acta de inicio para construir un nuevo edificio. La argumentación fue hecha pública en un “Foro por la defensa del San Juan de Dios” dirigido por el excandidato a la alcaldía de ese movimiento Hollman Morris. 

El foro anunció una cruzada por la defensa del patrimonio de San Juan de Dios, en riesgo según los panelistas, por el reemplazo de uno de los 24 edificios del complejo. Esa cruzada incluye denuncias penales contra la alcaldesa de Bogotá, el secretario de salud y la ministra de cultura en funciones en 2016, una tutela para detener el inicio de la obra, el paso de esa fuerza política a la oposición y el llamado a la desobediencia civil y a la movilización social contra la medida y la alcaldesa.

La argumentación del foro no se centró en sentido estricto en una divergencia por el reemplazo de la Torre Central, sino fue presentado como la resistencia a un acto “criminal”,  “una acción ilegal”, “un intento de privatización”, “un negociado”  y la prueba de que “estamos ante Peñalosa Tres”, el despliegue del proyecto neo-liberal de la alcaldesa y su método de gobernar mediante la “compra” de fuerzas del progresismo. El foro deja planteados una serie de interrogantes. Primero, ¿la motivación real es la defensa del patrimonio histórico de San Juan de Dios? El segundo: ¿estamos en efecto ante un propósito deliberado para la destrucción de un patrimonio histórico de Bogotá y la Nación y la liquidación de los hospitales públicos? Es necesario, por tanto, discutir al menos tres problemas sobre la vulnerabilidad de San Juan de Dios como bien patrimonial.

En primer lugar, el patrimonio del CHSJD no entra en riesgo por el reemplazo de la Torre Central. El CHSJD lleva a cuestas una crisis por más de 40 años, similar a la de la centralidad hospitalaria de La Hortúa, con pilares de la salud pública como el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital de La Samaritana, el Hospital de La Misericordia, el Dermatológico Federico Lleras Acosta, el Hospital Materno Infantil y el Hospital Santa Clara.

La Universidad Nacional insistió en un diagnóstico que Colombia Humana no tiene en cuenta: una de las causas de esta crisis proviene del modelo institucional que tuvo el Hospital y con el cual fue administrado por mucho tiempo, desde su creación como un hospital de caridad administrado por la Iglesia. En el tránsito de hospital de caridad a entidad de beneficencia en el modelo de asistencialismo del Estado para con los pobres y luego a un Hospital Universitario cabeza de un servicio público esencial, se acumularon y mezclaron diversos modelos institucionales que lo condujeron a la crisis.

Cuando se ordenó el cierre del CHSJD en 1992 intervenían en su administración y dirección de manera inconexa tres entidades territoriales: la Nación a través del Ministerio de Salud, el departamento de Cundinamarca a través de la Beneficencia y el Distrito Capital a través de la Secretaría de Salud. Por otra parte, participaba también la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y la Iglesia Católica como miembro vitalicio del pabellón de fundadores. Había además una estructura institucional interna para la gerencia administrativa y la dirección científica, todos estos actores bajo la figura de una Fundación Privada.

Este esquema institucional es producto de una acumulación indiscriminada y amorfa de figuras administrativas procedentes de la colonia, de la república, de la descentralización y de la conformación de Bogotá como Distrito especial, así como la mezcla también amorfa e indiscriminada de visiones de los servicios de la salud pública como caridad, asistencialismo y servicio público esencial.

Pero también el Complejo Hospitalario fue acumulando en esta travesía innumerables y descomunales problemas producto de esta anomalía. San Juan de Dios tiene desafortunadamente en su haber uno de los modelos institucionales más ineficientes e incoherentes que ha producido el Estado para el manejo de una función pública esencial. Esta realidad no puede desconocerse porque se cae en imprecisiones como la expresada por el senador Petro cuando afirma que San Juan de Dios era un hospital muy rico y con un gran patrimonio, puesto que era dueño de la Hacienda El Salitre por donación de su propietario. La Hacienda El Salitre pasó a manos de la Beneficencia de Cundinamarca porque José Joaquín Vargas no tuvo herederos, no por donación. El señor Vargas amenazó con donar la hacienda a la municipalidad de París donde había nacido, a raíz de un conflicto que tuvo con el Concejo de Bogotá. La Beneficencia era la propietaria y no el Hospital. Dado que Bogotá todavía estaba adscrita a Cundinamarca, los servicios de salud pública estaban a cargo de la secretaría de salud del departamento y algunos eran financiados por la Beneficencia.   

En todo este recorrido, el CHSJD no fue considerado ni reconocido como patrimonio de la Nación, ni de la ciudad, sino hasta después de que se ordenó su cierre. La protección jurídica como bien de interés patrimonial fue, en realidad, una reivindicación exigida, luchada y alcanzada por los trabajadores del CHSJD y el cuerpo médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional para impedir la liquidación definitiva en 1992.  Diez años después, en 2002, el Congreso expidió la ley 735 por la cual se declaran monumentos nacionales el San Juan de Dios y el Materno Infantil. Es importante subrayar lo señalado por el artículo 2°: El Gobierno Nacional por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Nacional, acometerá las obras de remodelación, restauración y conservación del monumento nacional Hospital San Juan de Dios y del Instituto Materno Infantil. Para el cumplimiento de la presente ley, créase la junta de conservación del monumento nacional integrada por los ministros de Salud, Cultura y Educación Nacional, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y el Gobernador de Cundinamarca o sus delegados. La realidad es que esta obligación no fue acometida por estas entidades.

Por eso, el diagnóstico de la Universidad Nacional señaló que la crisis y la posible pérdida de este patrimonio de la medicina en Colombia, de la  infraestructura de la salud pública y de la zona hospitalaria más importante de Bogotá fue causada, en gran parte, por este desbarajuste institucional y propuso como medida urgente para su recuperación, la adopción de una nueva figura distinta a la fundación privada, declarada inconstitucional por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Una nueva institución debía asumir las responsabilidades financieras, administrativas y científicas para un hospital universitario de alta complejidad y como función pública indelegable, capaz de conducir el proceso de recuperación estimado para unos doce años. Los ministerios aludidos, así como la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, vinculados como corresponsables de la recuperación del CHSJD por la Corte Suprema, no habían cumplido con esta obligación.  

El otro tema fuerte del debate radica en la conservación de la Torre Central. Según el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de la Universidad Nacional, los 24 edificios no tienen la misma condición dentro de la valoración del patrimonio y la Torre Central no constituye la médula del valor patrimonial del Conjunto. El PEMP hizo una valoración del CHSJD desde diversos ángulos: como patrimonio urbano, como equipamiento hospitalario y como patrimonio arquitectónico, histórico y científico. El cruce de estas variables arrojó indicaciones sobre el tratamiento, intervenciones y prioridades para la recuperación del CHSJD.  

La Torre Central fue una nueva tipología edificatoria en la arquitectura hospitalaria procedente de Norteamérica e incorporada en el CHSJD, conocida como la tipología del monoblock. Se diferencia del modelo anterior de pabellones por especialidades, propio del modelo hospitalario francés, en que no separa los diversos tipos de servicios, tratamientos, especialidades y pacientes en unidades independientes horizontales, sino que las integra verticalmente en un bloque multifuncional.

La Torre Central planteó varios problemas para su tratamiento. Aunque no se acomodó a las pautas del Plan Maestro inicial y lo alteró significativamente, el PEMP no consideró su eliminación bajo el prurito de restituir el valor patrimonial del proyecto urbanístico original, porque eso no tenía sentido. Era una innovación en la arquitectura hospitalaria y de los equipamientos de salud que debía ser aceptada, así como hoy no tiene ningún sentido oponerse a la incorporación de nuevos modelos espaciales hospitalarios bajo pruritos conservacionistas. 

La norma ha previsto diferentes niveles de intervención en los inmuebles patrimoniales. La Torre Central requería intervenciones fuertes que fueron objeto de muchos análisis en el equipo redactor, como reforzamiento estructural antisísmico y un intenso tratamiento de saneamiento ambiental. Demandaba también una gran intervención de restauración por el deterioro producto de veinte años de cierre. Pero el debate central giró en torno al siguiente punto: ¿el CHSJD y la Torre Central deberían prestar los mismos servicios hospitalarios que se ofrecían antes del cierre? La respuesta científica a esta cuestión no fue unánime. De un lado, se argumentó la necesidad de un nuevo modelo hospitalario acorde con las nuevas demandas de salud pública. Otra alternativa sostuvo que la Torre Central había sido eficiente para un programa de servicios con un perfil muy específico y su cambio no sería viable porque no podría adaptarse a los estándares exigidos para un programa médico-arquitectónico más complejo. Finalmente, el equipo redactor tuvo que poner también en la balanza el problema de la distribución de los recursos limitados con los que era necesario atender simultáneamente la recuperación y restauración del CHSJD en sus aspectos urbanístico y arquitectónico y la modernización de instalaciones y de obra nueva para la oferta de nuevos servicios y las intervenciones en la zona de influencia. Bajo esas circunstancias, se tomó la decisión de asignar a la Torre Central el nivel de intervención definido como conservación del tipo arquitectónico a sabiendas de que se estaba limitando y sacrificando  una opción válida de reemplazarla por una estructura con mejor capacidad para desarrollar un programa médico arquitectónico de mayor complejidad y alcance tecnológico y misional.

Además, el PEMP redactado por la Universidad propuso también intervenciones prioritarias en la zona de influencia del CHSJD y, entre ellas, la intervención sobre la carrera Décima y la Avenida de La Hortúa para lograr una pacificación del tráfico cuyo impacto es muy intenso en toda la zona hospitalaria. Se suman a ello el impulso a la renovación urbana del barrio San Bernardo, que estaba siendo copado por la delincuencia y el narcotráfico y en estado de deterioro físico y social muy grave y las acciones de espacio público para evitar el amurallamiento y encerramiento de los hospitales y los habitantes para escapar así a los problemas de inseguridad y delincuencia que afectan al sector.

Las consideraciones anteriores deben permitir entender que el riesgo sobre el patrimonio del CHSJD no apareció en el 2020, que no se reduce a la conservación o reemplazo de la Torre Central y que el CHSJD necesita un programa de renovación de la centralidad hospitalaria con participación de la Nación, el Departamento y el Distrito porque todos ellos tienen hospitales bajo su responsabilidad. La cuestión de la Torre Central no constituye, entonces, una cuestión de principios, ni de ello depende la integridad y permanencia del patrimonio que representa el CHSJD. Por eso, el debate suscitado no corresponde a problemas y dilemas ciertos en la gestión de los bienes patrimoniales públicos, sino que pertenece a otras esferas.

En el equipo de la Universidad Nacional, se decía en broma que San Juan de Dios parecía cargar con una maldición desde la colonia por la enorme acumulación de problemas y obstáculos casi insalvables para su sobrevivencia. Con seguridad no es una maldición. Es un problema de malas percepciones y decisiones de los humanos que prolongará su crisis, si ahora el CHSJD pasa a ser una bandera de la contienda política y electoral y si se convierte en un eslabón más de la cadena que quiere encerrar a los bogotanos otra vez en el falso dilema de escoger entre la ciudad que quiere Petro o la ciudad que quiere Peñalosa. 

Juan Carlos del Castillo dirigió el equipo que redactó el Plan Especial de Manejo y Protección del Complejo Hospitalario San Juan de Dios

*Juan Carlos del Castillo, arquitecto, PhD en urbanismo

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