“El Gobierno está más interesado en acomodar fichas para las elecciones de octubre y reincidir en discusiones ya zanjadas por la Corte Constitucional y el Congreso de la República que en administrar el Estado.”

Ha llamado mucho la atención, en el seguimiento periodístico al bloqueo del Cauca, la constante presencia del Alto Comisionado para la paz Dr. Miguel Ceballos, un alto funcionario del gobierno cuyo compromiso con la línea dura de la ideología gubernamental es evidente. Sin embargo, en comparativa con sus funciones, que pueden ser consultadas en el decreto 672 de 2017, no se comprende bien su labor en medio de un diálogo propio de los quehaceres de la ministra del Interior.

El presidente Duque ha reiterado que este gobierno “sí tiene voluntad” de paz, como si solamente fuera cuestión del querer del gobernante y no un imperativo expreso consagrado en la Constitución. Pero, en lugar de buscar la consolidación de la paz, parece que prefiere continuar en discusiones sobre la forma y desconoce el fondo positivo de los acuerdos.

Es así que, al mismo tiempo que pone en el olvido la reforma rural integral (que solucionaría en gran parte muchos conflictos del país), envía al más alto funcionario en temas de negociaciones de paz con grupos armados a solucionar un conflicto netamente de orden público, situación que, por su grave persistencia, debería haber asumido directamente el mandatario nacional con el apoyo de sus ministros, pues son quienes finalmente tienen el poder de decisión que requiere el problema con los indígenas del Cauca.

El consenso sobre la necesidad de levantar la mesa de diálogo con el ELN fue bastante amplio tras el injustificable y despreciable ataque a la escuela de policía General Santander; sin embargo, tras casi tres meses (en los cuales no ha producido efecto alguno la inaplicación de los protocolos fijados para su levantamiento), el nuevo rol del Alto Comisionado nos da a entender que, en el sentir del gobierno ya no hay un conflicto a solucionar con el ELN y las bandas criminales, o que la función de consolidar la paz y reconciliación no corresponde a su anunciada voluntad.

El Presidente Iván Duque reiteró la necesidad de que se levanten los bloqueos en el departamento del Cauca y señaló que los derechos de algunos no pueden estar por encima de los derechos de los demás.

Mientras el conflicto social en el Cauca crece (esta semana se reportó la muerte de un participante de la minga en confrontaciones por esclarecer), el gobernador de ese departamento clamó por un gesto de las partes que permita avanzar en la solución de los bloqueos y la ausencia de señales de avance exaspera a la población afectada que ha visto como sus derechos de movilidad, transporte, educación y vida digna se afectan gravemente.

Así transcurren los días en el sur. Se siente que se pasó de hablar de un cerco diplomático internacional liderado por Colombia a un cerco de egos y muestras de poder que desconoce cifras preocupantes. Para poner unos ejemplos: en el departamento de Nariño. 20.000 trabajadores se encuentran cesantes, las pérdidas superaron los $14.000 millones para los lecheros y casi $20.000 millones para los constructores, con el grave panorama que se avecina una temporada turística en medio de la más cruel incertidumbre para los sectores hoteleros y de turismo.

La situación da a entender que el gobierno cada día se centraliza más y no es para todos los colombianos. Está más interesado en acomodar fichas hacia las elecciones de octubre y reincidir en discusiones ya zanjadas por la Corte Constitucional y el Congreso de la República que en administrar el Estado, e incluso parece que ejerce una disimulada cuenta de cobro por los malos resultados brindados por el suroccidente colombiano al ahora partido de gobierno en las elecciones pasadas.

Sin las Farc en medio del escenario del conflicto armado parece que la discusión polarizante de antaño se ha hecho más compleja, por lo cual se ha pasado a la estigmatización de la izquierda, los independientes y cualquier forma de pensamiento distinta, como “fuerzas que atentan contra el orden del Estado”, cayendo en el peligroso y antinacionalista juego de promover confrontaciones entre organismos gremiales y partidistas y sectores de la protesta. Como si protestar no fuera un derecho constitucional, se lanzan dardos a este ejercicio por aquellos que hicieron protesta en el pasado y, quién sabe, de pronto la necesitarán en un futuro. Mientras tanto, buscan un conflicto que revitalice la radicalización política en Colombia.

Gustavo García, abogado constitucionalista

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