Se fortalecen las RAP

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Amylkar Acosta

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Gracias a la gestión de los gobernadores, liderados por el Gobernador del Atlántico y ex constituyente Eduardo Verano de la Rosa y de la bancada de la región Caribe en el Congreso de la República, se pudo lograr la concertación del texto final. Ellos resistieron los embates de la abulia centralista, insistieron, persistieron y nunca desistieron de la causa autonomista y, al final, se cumplió el adagio popular de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

Cuando se temía lo peor para las regiones administrativas y de planificación (RAP), después de la objeción del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla al proyecto de ley que procura fortalecerlas, se sorteó favorablemente este impasse y acaba de ser sancionada la Ley 1962 del 28 de junio de 2019, gracias a la cual se fortalecen las RAP para el bien de las regiones.

En virtud de esta Ley, “se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la RAP y se establecen las condiciones para su conversión en RET (Regiones Entidad Territorial)”, teniendo como primera prioridad la derogatoria de ese artículo 32 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), que se convirtió en el freno de mano para el avance y para la consolidación de las RAP al establecer que por cuenta de la RAP “no se generará gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN), ni del Sistema General de Participaciones (SGP), ni del Sistema General de Regalías (SGR)”.

Gracias a la gestión de los gobernadores, liderados por el Gobernador del Atlántico y ex constituyente Eduardo Verano de la Rosa y de la bancada de la región Caribe en el Congreso de la República, se pudo lograr la concertación del texto final. Ellos resistieron los embates de la abulia centralista, insistieron, persistieron y nunca desistieron de la causa autonomista y al final se cumplió el adagio popular de que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Ello es una muestra palmaria de lo que se puede lograr cuando se anteponen los intereses generales a los intereses particulares y gracias a ello se forja la unidad. ¡Unidos somos más y más fuertes como región! 

Con fundamento en el artículo 306 y 307 de la Constitución Política de 1991, se constituyeron las RAP del Centro, del Pacífico y, más recientemente de la Región Caribe el 19 de octubre de 2017, mientras está en ciernes la del Eje Cafetero. Siempre hemos dicho que las RAP son la escala técnica para llegar a las regiones como entidad territorial (RET), también previstas en la Constitución Política, que son su puerto de destino para avanzar en el propósito de alcanzar un sueño largamente acariciado por las regiones, cual es la autonomía regional para escapar del agobiante centralismo. 

LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LAS RAP Y LAS RET

Al no contar con fuentes de financiamiento propio para su funcionamiento, ni poder acceder a los recursos necesarios para financiar y acometer proyectos de inversión de impacto regional, que son su razón de ser, las RAP estaban llamadas a fracasar. El texto de la ponencia aprobada prevé que los departamentos que hagan parte de las RAP podrán aportar los recursos con cargo a su presupuesto para su funcionamiento, al tiempo que el Gobierno también podrá hacer lo propio.

Se dice, explícitamente, que “el Gobierno nacional podrá asignar una partida en las leyes de Presupuesto General de la Nación para co-financiar el cumplimiento de las atribuciones conferidas”. Sólo se hace la salvedad de que “esta partida, en ningún caso, afectará los recursos que por concepto del Sistema General de Participaciones hayan sido asignados a los departamentos, municipios y distritos”. También podrán las RAP gestionar recursos de co-financiación con los distintos niveles de gobierno, así como de cooperación internacional y, cómo no, a través de las alianzas público-privadas. 

De mayor importancia resulta que se les faculta a las RAP para que éstas puedan presentar proyectos, siempre de impacto regional, para su trámite y aprobación por parte de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) y asignación de recursos para el financiamiento de los mismos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), amén de la ejecución de los mismos. Igualmente, podrán presentarse por parte de las RAP proyectos de impacto regional a los distintos fondos de co-financiación de los que dispone el Gobierno nacional y así acceder a contrapartidas provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN). También podrán contar con recursos provenientes del crédito público.

Uno de los propósitos primigenios de este proyecto de ley era “establecer las condiciones para la conversión de las RAP en Región Entidad Territorial y su funcionamiento”. Allí se establece la hoja de ruta que nos habrá de conducir a tan preciado como anhelado propósito. Esta vez, a diferencia de la LOOT, que privilegió las regiones de planeación y gestión (RPG) y la asociatividad de las entidades territoriales, soslayando las RAP y bloqueando a las RET, ahora las RAP, una vez cumplan cinco años de su constitución, quedan habilitadas para iniciar el trámite conducente para constituirse como RET, a la cual también se le establecieron funciones, competencias y fuentes de financiación. 

LA MISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN

Y algo tan fundamental como trascendente es que se dispone que “el Gobierno nacional, por medio del Departamento Nacional de Planeación, con la participación de los departamentos, conformará una Misión de descentralización en los seis meses siguientes a la aprobación de esta Ley”. La misma dispondrá  de “un plazo de 18 meses para presentar al Congreso de la República iniciativas constitucionales y legales para ordenar y definir la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales señaladas en el artículo 286 de la Constitución Política”. Es decir, además de los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas, contempla también a las regiones y provincias que se constituyan hacia el futuro como entidades territoriales, las cuales se equipararán en su tratamiento a aquellas. 

Ello es tanto más importante dado que el país está en mora de revisar, actualizar lo concerniente a las competencias, concomitantemente con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), que ha debido tramitarse desde el año 2017, después que perdió vigencia el Acto legislativo 04 de 2007, que modificó el Acto legislativo 01 de 2001. Como es bien sabido, estos dos actos legislativos, que modificaron los artículos 347, 356 y 357 de la Constitución Política, le costaron un ojo de la cara a las regiones, al tiempo que desequilibraron aún más la distribución de los ingresos públicos en desmedro de ellas.

A propósito del SGP, bueno es advertir que en el controvertido Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, aprobado en volandas por parte del Congreso de la República, se prevé la integración de una Comisión, con la representación de los departamentos y municipios del país, que deberá presentar una propuesta antes de finalizar este año, para proceder a la reforma del SGP. Se espera que esta le haga justicia a las regiones, que han visto menguados sus recursos provenientes de las transferencias del SGP, que como bien se sabe tienen como destinación específica la inversión en salud educación, agua potable y saneamiento básico.

* Amylkar Acosta, exministro de minas y energía, @amylkaracosta, www.amylkaracosta.net

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