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No se le puede dejar a las fuerzas más retardatarias de la sociedad el colocarse como los “amigos” de la institución policial para que sea guardiana de sus intereses.
“Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad”. Benjamin Franklin
En el siglo XVI, se creó el término matemático BINOMIO. Utilizado fundamentalmente dentro del ámbito de las ciencias matemáticas, se emplea en muchos otros contextos. Aquí implica una relación entre dos partes y al colocarle el adjetivo disfuncional es que la relación entre esas dos partes no está funcionando bien. A eso nos referiremos.
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La seguridad ciudadana últimamente ha estado muy cuestionada por hechos objetivos, percepciones, desajustes y desencuentros institucionales. Desde el punto de vista estadístico, cifras referentes, por ejemplo, a Bogotá, la mayor urbe de Colombia, indican que en 2021 el homicidio se disparó y las lesiones personales y otros indicadores, comparados con las cifras de años anteriores, muestran una importante alza de guarismos. En otros ítems hay disminución, pero la percepción ciudadana es que hay un incremento preocupante de la inseguridad con el agravante de la agresividad extrema de los delincuentes.
Los hechos se difunden por los medios con mucho sensacionalismo y crean mayor temor en la población. Se atribuye el incremento a efectos negativos de la pandemia, como el desempleo especialmente juvenil e inclusive se le endilga a la migración venezolana, con una lógica que parece equipararse a los famosos “marielitos” cuando Fidel Castro exportó a Estados Unidos una gran cantidad de delincuentes y personas que para la “revolución” eran indeseables. Hay una crisis de la seguridad ciudadana, especialmente en la percepción que tiene unos efectos muy negativos de generación de desconfianza y populismo punitivo que algunos buscadores de votos sabrán buscar y explotar.
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Hay mayores desajustes sociales porque indudablemente tenemos un desempleo disparado y una baja de ingresos en muchos sectores poblacionales que sufrieron la recesión económica que produjo la pandemia frente a los cuales habrá que desplegar políticas más de fondo y mayor aliento que vayan a reparar tanta inequidad.
Hay desencuentros institucionales relacionados con el accionar de las fuerzas policiales que tienen que ver con una visión generalizada de descontento con la actuación de la Policía en las últimas protestas que ocuparon varios meses de este año. Unos porque fue duramente represiva y otros porque no lo fue tanto. Esto condujo a una especie de retraimiento institucional de la propia fuerza policial que parece no tener claridad en cómo actuar de tal manera que tenga eficacia y no viole derechos fundamentales. Los alcaldes de las ciudades más afectadas por el paro de abril sintieron que la policía no obedecía a sus instrucciones por defecto o por exceso. Todo esto ha llevado a un clamor por una reforma a la institución policial que, si bien no debe ser una decisión “en caliente”, sí requiere un diálogo ciudadano y político sobre una fuerza que es indispensable para la convivencia ciudadana y no se puede despachar con maquillajes y evasivas. Sí es necesario introducir reformas serias en la institución policial. Recientemente, el expresidente Gaviria señaló en un reportaje que la policía no estaba preparada para una actuación adecuada frente a la seguridad ciudadana y que los alcaldes como jefes de policía eran figuras nominales, o sea, jefes sin jefatura real. Sin embargo, no quiero indicar que la seguridad ciudadana depende exclusivamente de la institución policial; es un componente fundamental pero no exclusivo.
La reforma de la policía pasa por quitarle ese sesgo militar que tiene contrario a la definición constitucional; por regionalizarla, es decir ligarla a las regiones por composición y mando; por prepararla para una lógica de inteligencia de actuación en grandes centros urbanos. Eso implica revisar de fondo la formación que se imparte que debe pasar de una lógica de guerra a una lógica de prevención y contención del delito y de un acercamiento a la ciudadanía distinto de ese empoderamiento que dan las armas y que alejan del servicio ciudadano. Esa división social entre oficialidad y patrulleros debe eliminarse, cambiando el concepto de ingreso, haciéndolo más civil que militar, eliminando ese escalamiento que impide el ascenso de los patrulleros a la oficialidad. Debemos pasar de una policía militar a una policía ciudadana. El espíritu de una reforma no es contra la policía; es a favor de una institución absolutamente necesaria que no debe ser vista “como el malo de la película”.
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Ese rechazo de unos sectores poblacionales a la policía, que no son propiamente los delincuentes, puede o no tener razones válidas, pero no puede quedarse en eso. No se le puede dejar a las fuerzas más retardatarias de la sociedad el colocarse como los “amigos” de la institución policial para que sea guardiana de sus intereses. Si hay que cambiar, pues se cambia y deben ser los sectores más conscientes y progresistas de nuestra sociedad que propicien estos cambios, renunciando a viejos escrúpulos, que cual fantasmas, impiden hacerse parte de procesos indispensables de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Lo grave que puede pasar es el surgimiento de grupos para-policiales haciendo justicia por su propia mano, como respuesta a la demanda de actuar firmemente contra la inseguridad. Casos hemos visto en América Latina. ¡Hay que actuar y que nada sea ajeno!
*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.
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La necesaria reforma a la policía para que, como bien se dice en esta columna, esté mas cerca de la defensa de los ciudadanos que de la seguridad del Estado, debe ser una responsabilidad de los sectores mas progresistas de la sociedad y no de quienes están del lado de las fuerzas mas reaccionarias. A las puertas de un nuevo proceso electoral, brillan por su ausencia esas voces democráticas que ofrezcan alternativas para lograr una relación no disfuncional entre ciudadanía y Policía.
El policía no debe estar refugiado en un CAI. Debe volver a ser como conocimos el policía de la esquina actualizàndolo, y mas cerca de la ciudadanía. Especializarlo ya sea para el Esmad, ya sea como guardián de la seguridad del barrio, ya sea para el manejo del tránsito, o también como escolta de personajes, o como policía aduanera, o policía de transporte público, policía aeroportuaria, policìa montada, etc. La fuerza de policia no es una sola y requiere estudios profundos para cada rama teniendo como ejemplo otros paises y otras ciudades pero diseñándola a nuestra idiosincrasia actual. Buena columna la del Dr. Reyes.