El senador Guillermo García Realpe describe la dramática situación de Nariño.

La Costa Pacífica nariñense y, especialmente Tumaco, han sido objeto históricamente del abandono estatal que se traduce en marginalidad, pobreza, exclusión, desempleo, violencia. En fin, se trata de un círculo que se repite año tras año sin que medie acción efectiva por parte de los entes nacionales y territoriales para contener esa bomba social que hace mucho estalló. El Pacífico colombiano siempre ha estado en llamas y siempre ha estado en crisis desde decenas de años.

El conflicto armado que ha dejado más de 311 mil víctimas, sumado a otros factores como el narcotráfico, la minería ilegal, la presencia de grupos armados ilegales, son ingredientes que atizan el desolador panorama, dejando una gran estela de pobreza y miseria que, para el caso de Nariño, según el DANE, supera el 72% de pobreza multidimensional, más que triplicando la media nacional que hoy se ubica en 19%.

Hoy, en Tumaco y en los nueve municipios restantes de la Costa Pacífica nariñense y dos del piedemonte, ha estallado también la bomba del covid-19, afectando de manera grave muchas poblaciones, entre ellas, la principal Tumaco, que, al momento de escribir este artículo, ya superaba los 600 casos. Mosquera lleva más de 45 casos, lo que evidencia el agravamiento enorme.

El coronavirus avanza de manera preocupante y, por la doble circunstancia de que no hay acueductos, no hay alcantarillados y no hay posibilidad de vivienda, hoy es la amenaza más grande, más grave que en Leticia y Cartagena, sobre todo por la debilidad institucional en temas de salud. No existen la infraestructura, ni los equipos de atención médica, ni el recurso humano.

Tumaco y los municipios de la Costa Pacífica tienen una bajísima cobertura en servicios públicos. La cobertura en acueducto, incluyendo a Tumaco, es de tan sólo 14,8% y, sin incluir a la Perla del Pacífico, es del 6,4%, mientras el promedio nacional es del 86%, lo que impide el cumplimiento de los protocolos de aseo como el lavado de manos. En alcantarillado, la cobertura es del 4,3% mientras la nacional se ubica en 76%. En vivienda sí es crítica la situación: el déficit habitacional según el DANE es del 98,7%, mientras el promedio nacional es del 36.5%.

Debido a ese gran déficit, la población no tiene posibilidades de cumplir el aislamiento social porque el gran número de campesinos, indígenas y afro descendientes convive prácticamente en una circunstancia de hacinamiento en sus respectivos palafitos que no tienen más de una cocina y un dormitorio para una o varias familias, lo cual aumentará el contagio.

Por otro lado, la debilidad institucional, tanto pública como privada, del sector de la salud hace que evidentemente hoy estemos frente a la peor crisis en nuestro país. Esto es consecuencia también de la corrupción nacional y regional y de la administración, en general, que es absolutamente politizada y permeada, en no pocos casos, por movimientos armados ilegales.

En estos momentos, en toda la costa pacífica nariñense y caucana, donde se abrigan más de 600 mil habitantes, no existe ninguna sala de unidades de cuidado intensivo -UCI- funcionando, ninguna sala con ventilador mecánico. Solamente existen en toda la región tres camas de cuidados intermedios. Por otro lado, no ha habido una presencia formal, ni el fortalecimiento por parte de organismos regionales, ni de la Nación.

Hoy tenemos mil casos; el 80% están en Tumaco y los municipios costeros y no existe reacción efectiva del Gobierno y los gobiernos regionales. Por eso, el Tribunal Superior de Pasto en su sala laboral falló una tutela, ordenando al Estado el cumplimiento efectivo para atender la crisis, lo que quiere decir que hoy los jueces de la República son los que van a garantizar el derecho a la vida y a la salud.

Por eso, es urgente como medidas de choque, establecer un Puesto de Mando Unificado funcional permanente de los tres niveles, nacional, departamental y local. Se requiere instalar laboratorios especializados para análisis de muestras, darle manejo al orden social urbano, garantizar la seguridad alimentaria de la población y, de igual forma, aplicar tamizaje intensivo barrio por barrio, así como diseñar un plan específico de recuperación económica y social que permita combatir el desempleo. La cifra de informalidad es del 95%.

También es urgente que el Gobierno instale los respectivos hospitales de campaña, como se han comprometido tanto el Ministerio de Defensa, como el Ministerio de Salud, y que acepte la propuesta de apoyo de misiones internacionales de salud, entre ellas del gobierno cubano, que tiene la disposición de apoyar con equipo humano y equipos especializados y medicamentos. Pensamos que el Gobierno debe dejar a un lado esas posiciones extremas de reñir hasta en aspectos humanitarios con países que vienen apoyando al mundo entero. Colombia está en la obligación de aceptar ese apoyo si prefiere salvar el derecho fundamental de los colombianos a la salud y a la vida.

Necesitamos del Gobierno resultados efectivos y no tantos pronunciamientos y comunicados sino hechos reales de soluciones a la población.

*Guillermo García Realpe, Senador, @GGarciaRealpe

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