Stiglitz propone para los Estados Unidos la financiación pública de las campañas y la obligación de las empresas de comunicaciones que usan ondas y cableados públicos de brindar espacios de calidad en el aire a todos los candidatos.

El último libro de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, se llama “Capitalismo progresista” y en él se aborda una profunda reflexión acerca de los desafíos que enfrenta el capitalismo de hoy, principalmente en los Estados Unidos.

En la introducción, su autor lanza esta poderosa frase: “Nuestra brecha económica ha conducido a una brecha política, que a su vez ha venido a reforzar la brecha económica. Aquellos que tienen dinero y poder lo han empleado en la política para escribir las reglas del juego económico y político de formas que refuercen su ventaja”. Stiglitz plantea que la superación de las brechas de desigualdad solo es posible con ajustes al sistema democrático de tal manera que los tomadores de decisiones políticas no sigan siendo exclusivamente quienes hoy detentan el poder económico o sus discípulos.

En el capítulo titulado “La restauración de la democracia”, propone “una agenda para reducir el poder del dinero en la política” y en el marco de ella sugiere regulaciones que conduzcan a disminuir los gastos de las campañas políticas. Pone de relieve la tensión que se presenta entre el derecho a la libertad que tienen las personas naturales y jurídicas de destinar su dinero al respaldo de una causa política y el derecho a una elecciones justas, que no se concreta si un candidato o una organización política no cuentan con el apoyo económico mínimo para difundir sus ideas en clara desventaja frente a sus competidores que sí cuenten con tal respaldo.

Durante estos días en que se desarrollan las elecciones primarias del Partido Demócrata, el mundo entero ha podido observar cómo son de importantes los fondos que logren recaudar los candidatos. De hecho, ellos mismos ponen de manifiesto cuánto dinero han recibido como una forma de mostrar la viabilidad de sus candidaturas. Esta realidad, de acuerdo con Stiglitz, hace que los poderes económicos influyan tanto sobre el gobierno y el congreso que terminan convertidos en una fuerza de contención de las reformas estructurales que se requerirían para superar las brechas de desigualdad económica y social.

Me llama favorablemente la atención que una figura como Stiglitz proponga para los Estados Unidos la financiación pública de las campañas y la obligación de las empresas de comunicaciones que usan ondas y cableados públicos de brindar espacios de calidad en el aire a todos los candidatos.

La realidad colombiana es aun más critica que la de los Estados Unidos en esta materia. En primer lugar porque, igual que allá, los poderes económicos legales contribuyen con la financiación de algunas campañas con lo cual intervienen luego a favor o en contra de las iniciativas que se tramiten y, en segundo lugar, y esto es lo más grave, los poderes económicos ilegales capturan el poder político financiando campañas.

Así las cosas, resolver en democracia los problemas que padecemos en Colombia pasa por rediseñar las reglas de juego electoral para que la representatividad sea más plural y, por ende, más legítima. Con las actuales regulaciones de la financiación electoral, no habrá lugar a mejorar la representación de los ciudadanos. Incluso, me atrevería a decir que la realidad actual de la financiación de las campañas hace nugatorio el derecho a ser elegido, que es un derecho fundamental. Si un ciudadano considera tener buenas ideas, buena formación y buena experiencia para desempeñarse en un cargo de elección popular pero no tiene dinero ni tampoco manera legal de obtener apoyo económico para su campaña, no podrá en la práctica ejercer su derecho fundamental a ser elegido. De otra parte, la sociedad se privaría de conocer una alternativa para ejercer su derecho a elegir. Como diría Estanislao Zuleta en uno de sus elocuentes ensayos: “De nada sirven los derechos si no tenemos posibilidades”.

Por estos días, se especula mucho acerca de la voluntad del Gobierno y de un grupo de congresistas de tramitar una reforma electoral. Ojalá así fuera aunque prefiero ser moderado en mis expectativas. En todo caso, si se lograra sacar adelante una reforma que estableciera la financiación exclusivamente pública de las campañas, acompañada de un sistema eficaz de vigilancia, se empezaría a resolver la ausencia de legitimidad y transparencia que hoy acusan buena parte de nuestras instituciones democráticas.

*Guillermo Rivera, ex ministro del interior, ex representante a la Cámara. @riveraguillermo

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