El Superintendente de Industria y Comercio a la Corte Penal Internacional (CPI). Eso es lo que pretende el Gobierno.

Parece que la derrota de la candidatura de Everth Bustamante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dejó lección aprendida. Había una evidente: las candidaturas sólidas en conocimiento y experiencia se recompensan; las politiqueras, no.

Recordemos que el panel de expertos de American University, encargado de revisar las candidaturas, afirmó que Bustamante no tenía“conocimiento ni experiencia” para el cargo.

Seguimos en la lógica de los puestos en el exterior como premio a la lealtad política. Colombia corre el riesgo de un fracaso de las mismas características en la CPI. Seis de los 18 jueces que la componen finalizan su periodo de nueve años en 2021.

El Gobierno presentó a Andrés Bernardo Barreto González como candidato a magistrado de la CPI. Como se puede ver en la hoja de vida, el derecho penal internacional ni siquiera se asoma en la vida profesional del Señor Barreto. Solo se destaca en esta materia que colaboró con Iván Duque en la denuncia interpuesta contra Nicolás Maduro.

El Artículo 36(3) del Estatuto de Roma establece que los magistrados deben mostrar tener (i) “reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar”, lo que les permite calificar para la lista A o (ii) “reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte”, lo que permite la inclusión en la lista B.

Andrés Barreto fue presentado en la lista B. Pero tampoco en este grupo se destaca como conocedor del derecho internacional de los derechos humanos. Su contacto con los derechos humanos se reduce a una personería delegada en Bogotá. Su fuerte, más bien, se inclina hacia el derecho de la empresa y los negocios y su perfil encajaría más con tribunales de arbitraje o comerciales.

Colombia perdió la oportunidad de presentar una mujer penalista y la vicepresidenta la oportunidad de avanzar en la agenda de mujeres. Según Gqual, una iniciativa que monitorea la paridad o, más bien, la falta de paridad en los tribunales internacionales y órganos de monitoreo, Colombia está en el puesto 24 a nivel mundial con una representación de nueve nacionales, entre los cuales una sola mujer. Entre América Latina y el Caribe, Colombia ostenta el último puesto. Una vergüenza para una agenda de mujeres que no ha logrado ir más allá de la paridad en el gabinete.

También se desaprovechó el espacio para convertir las presentaciones de candidaturas internacionales en procesos transparentes que las fortalezcan. ¿Por qué no hacer convocatorias? ¿Por qué no adelantar foros con posibles nominados? ¿Por qué no involucrar a la academia y a sectores de interés? ¿Cuesta mucho entender que un candidato respaldado en su propio país podrá llegar con mayores opciones hasta el final? Ningún gobierno lo ha intentado hasta ahora.

Aun así, al gobierno anterior le fue mejor. Logró 58 candidaturas de Colombia y 20 nombramientos de alto nivel en los ocho años. ¿Éste? No consiguió para María Emma Mejía la jefatura del Programa de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, tampoco la dirección de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para Marco Alemán, ni el puesto de comisionado para Everth Bustamante, ni tampoco augura bien la candidatura de Andrés Barreto.

ICC-ASP-EJ2020-COLOMBIA-CV-SPA-2.

ICC-ASP-EJ2020-COLOMBIA-ST-SPA-2.

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