Tecnologías contra absolutistas

0
488

No solamente tenemos una reglamentación constitucional sobreabundante y anquilosada sino un desfase “generacional – normativo” en el que el Código Electoral es anterior a la propia Constitución.

Del ahogado el sombrero, afortunadamente la pandemia no nos agarró en plena celebración de elecciones. Hoy en día, hay mil discusiones sobre el excesivo centralismo y ausencia de controles democráticos por la inactividad de las corporaciones de control político como el Congreso, las asambleas y los concejos municipales. Podría ser peor; en este escenario, un evento catastrófico, aprovechando lo dicho y las excesivas limitantes constitucionales, podría convertirse en la génesis de autoritarismos absolutistas.

El problema de tanta reglamentación en la Constitución es la incapacidad adaptativa de la misma. Un ejemplo es lo desarrollado por el constituyente primario del 91 (y el secundario en  las reformas de 2003 y 2009) frente a las disposiciones del voto. En una emergencia como la actual tendríamos que hacer casi que una reforma constitucional porque sería desde el texto de la carta política que se liarían las funciones de la organización electoral al obligar a la utilización de mesas, cubículos, tarjetas electorales o suministrar “igualitariamente instrumentos” a toda la población. Esta redacción que solamente menciona como alternativa el voto electrónico deja poco espacio para la utilización de muchos otros mecanismos e instrumento digitales que, en consonancia con los modernos sistemas de identificación, protejan la  participación electoral al tiempo que permitan por ejemplo el distanciamiento social exigido por las autoridades sanitarias.

Y es que el COVID – 19 evidenció que esta necesidad no es un capricho o una moda digital. En un mundo con millones de frecuencias aéreas y de progresivo debilitamiento de fronteras internacionales e intercontinentales, las pandemias serán cada vez más frecuentes y quizás más letales por lo cual el uso de tecnologías en todos los aspectos de la vida humana es inaplazable. El ámbito de la democracia no es la excepción, puesto que las instituciones participativas, además de ser conducto para la expresión de la opinión y el deseo, tienen en su esencia el ejercicio del control del poder, lo que tiene como nefasta consecuencia que, si no existen las medidas para el ejercicio de la democracia y de la participación, ya sea por una pandemia a o por cualquiera otra crisis, el absolutismo desbocado y descontrolado se apropia indefectiblemente de las instituciones del poder público.

Por lo anterior, es importante reconocer la importancia de la función electoral en la estructura del ordenamiento jurídico, no solamente en cuanto a su organización electoral, sino también en cuanto a las reglas constitucionales y legislativas que la gobiernan. En Colombia, no solamente tenemos una reglamentación constitucional sobreabundante y anquilosada sino un desfase “generacional – normativo” en el que el Código Electoral es anterior a la propia Constitución. Urge, pues, una dupla de reformas constitucionales y legales que ofrezcan a la vez mutabilidad y adaptación del estatuto electoral a las realidades cambiantes de la tecnología y la demanda democrática.

Hay que decir también que el acceso de la tecnología a la función electoral no es un tema de reciente discusión. No obstante, ha incidido en su implementación y desarrollo un fenómeno recurrente -la desconfianza en los sistemas de la tecnología de la información y la comunicación-.

Sin embargo, esta desconfianza ha cedido en otros aspectos como en el sector financiero, con las transacciones de dinero entre persona y las compras online. Quizás alguno dirá que no es comparable una compra de unos zapatos o de un celular a un voto. Sin embargo, el avance no solamente es plausible en los mecanismos de verificación transaccionales sino en lo más crítico en los procesos electorales que es la autenticación y/o identificación mediante sistema biométricos avanzados o de varios pasos.

Urge, entonces, la reforma -además de la de los partidos, del sistema político y de la propia justicia electoral- profunda y sesuda a la función electoral ajustada a la nueva realidad, que permita avanzar en las garantías democráticas para aumentar la confianza ciudadana en estos sistemas y que huya definitivamente de los totalitarismos por la ausencia de control. Esta reforma, además, tendrá seguramente por efecto colateral el incremento de cobertura de acceso a la participación ciudadana y la consecuente disminución de la apatía y abstención, es decir, una democracia de mejor calidad que la hoy tenemos.

* Gustavo García, abogado constitucionalista, @ggfci

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here