Tomás Uribe y la eficiencia, recurso retórico para desdibujar al Estado

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Para Tomás Uribe, la gestión de lo público es sólo una cuestión de pérdidas y ganancias registradas en un tabla de Excel, explica Erika Castañeda.

Hace pocos días, el empresario Tomás Uribe Moreno, en entrevista para La W radio, lanzó una polémica propuesta sobre el ahorro que debería hacer el Estado para generar confianza y salir de la crisis. Quiero resaltar aquí su papel como empresario, pues mi interés no es tomar en cuenta su partido político o su familia, sino enfocarme en su discurso sobre la eficiencia en la gestión de lo público. 

Para Uribe Moreno, el objetivo más importante que debe alcanzar el Estado es gestionar con mayor eficiencia el presupuesto, y esto, siguiendo sus ejemplos, se materializa en la construcción de un Estado pequeño que realiza su compromiso con el pueblo a través del asistencialismo. Sus propuestas concretas fueron reducir el Congreso y la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP -, para invertir ese dinero en la alimentación de los niños. ¿Cómo llegó a esta conclusión el joven empresario? Básicamente, “haciendo números”, ayudado de una tabla de Excel porque, como él mismo lo señala, el Excel es el machete del empresario. Esto, que parece un dato menor, resulta importante pues evidencia que, desde la mirada del empresario, la gestión de lo público es sólo una cuestión de pérdidas y ganancias.  

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Desde una perspectiva superficial, podríamos decir que Uribe Moreno acierta, porque la eficacia, entendida como el poder para actuar con el máximo de precisión en el mínimo de tiempo y ahorrando recursos, parece siempre algo deseable. Si tenemos en cuenta, además, que Colombia es un Estado con múltiples problemas de corrupción, al cual le ha costado desarrollar la infraestructura, la educación y la industria en la totalidad del territorio nacional, esa propuesta parece sumamente pertinente. 

No voy a discutir aquí que un Estado debe cumplir sus objetivos de manera eficiente. Sin embargo, la eficiencia en un Estado y en una empresa no se consiguen de la misma manera. Al seguir el discurso de Uribe Moreno, nos damos cuenta que identifica como pérdidas el costo del Congreso y de la JEP, mientras las ganancias se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de la población. Aunque es necesario garantizar la satisfacción de estas necesidades para contribuir al desarrollo social, debe tenerse en cuenta que los derechos y exigencias de un pueblo no se resuelven reduciendo gastos, sino, por el contrario, invirtiendo lo necesario para crear las condiciones en las que se puedan realizar las expectativas de los ciudadanos y así contribuir al desarrollo económico del país. Es decir, un Estado eficiente es el que construye carreteras, consolida un sistema educativo democrático y de calidad en todo el territorio nacional y desarrolla la tecnología, haciendo que su economía sea competitiva en una sociedad del conocimiento y la información.

A diferencia de esto, aplicar las recomendaciones del empresario Uribe Moreno supone limitar la participación política de los ciudadanos y también sus derechos por considerarlos costosos y pensando que ese dinero estaría mejor invertido si se gasta en comida. Recuérdese aquí que los congresistas, en principio, no son una forma de burocracia arbitraria, sino que constituyen un cuerpo colegiado cuyos miembros son elegidos por el pueblo para representar sus intereses. Aunque deberían cambiar muchas cosas en esta corporación, el costo del Congreso no es lo que debería preocuparnos, sino la idoneidad de las personas que elegimos para trabajar en él. 

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Respecto a la JEP, la opinión de Uribe Moreno es mucho más preocupante, puesto que para el empresario si las penas que se imponen son simbólicas, se puede reducir esta institución realizando una amnistía general entre los actores del conflicto que  para cada uno llene un formulario de Internet confesando sus delitos. Esta mirada tan simplista nos muestra nuevamente el problema de pensar que los criterios con los que se conduce una empresa deben regir la función pública. En primer lugar, esta percepción del trabajo de la JEP parte de ver el ejercicio del derecho en un contexto en el que solo la cárcel tiene sentido, pero para ello habría sido necesario derrotar al contendiente y no negociar con él. Esto es contrario a lo sucedido en Colombia, porque la JEP es fruto de un proceso de negociación en el que se reconoció la naturaleza política del conflicto y, por lo mismo, el estatus de combatientes de los guerrilleros. Es decir, a ellos se les debe escuchar y con ellos en necesario negociar y no simplemente refundirlos en la cárcel.

Por otro lado, conscientes de la importancia que tienen tanto la reparación de las víctimas como la construcción de la memoria, la JEP se propone en el Acuerdo de Paz como un instrumento que contribuye a estos dos objetivos. La reparación y la memoria implican una serie de procesos jurídicos a través de los cuales se delimita la responsabilidad de los actores inmersos en el conflicto. En esta adjudicación de responsabilidades, el derecho permite establecer un sistema de compensaciones que son de diferente índole, familiares, personales, pero también sociales e históricas. Los magistrados que forman este sistema analizan y relacionan diversas instancias narrativas como los testimonios de las víctimas y de sus familiares, las versiones de los hechos de quienes son demandados, los documentos, informes, investigaciones que describen el horror de la guerra. Es justamente por esta gran complejidad que implica el trabajo de la JEP que el expresidente Santos interpretaba como un chiste la propuesta del empresario, pues su mirada reduccionista del derecho desdibuja la gran arquitectura que sostiene no solo a esta institución, sino a todo el conjunto de instancias que componen el Acuerdo de Paz.     

Dadas estas grandes diferencias entre la gestión de lo público y la gerencia de una empresa, resulta poco inteligente pensar que se puede gobernar un Estado apoyado solo en una tabla de Excel. 

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*Érika Castañeda Sánchez, filósofa (PUJ), con maestría en Estudios Culturales (PUJ), dedicada a la docencia universitaria en campos como la argumentación, la semiótica y la filosofía.

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