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No, señoras y señores, ustedes, por tener la posición de garantes, debieron actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo y debieron activar un plan de gestión de riesgo de desastres y un sistema de alertas tempranas.
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Cuanto más pobre es un país, sus gobiernos más naturalizan sus problemáticas sociales y
económicas y más rápidamente se alejan de la premisa de que todas las causas de la pobreza, de la desigualdad y de la exclusión han sido generadas por malas decisiones políticas y por la poca diligencia para solucionarlas.
En otras palabras, los desastres sociales no son naturales. Ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la marginalidad son producto de la naturaleza y mucho menos son producto del destino o de fuerzas divinas.
Tres tragedias producidas en el país son el reflejo de esa incapacidad política para actuar de manera pronta y oportuna: la de Mocoa (Putumayo) en el año 2017 que dejó 312 muertos y 100 desaparecidos; la del municipio de Rosas (Cauca) ocurrida el 21 de abril de 2019, que dejó más de 28 muertos y más de 40 desaparecidos y la más reciente en Dosquebradas (Pereira), cuando se desbordó el río Otún generando deslizamientos de lodo y piedras, que sepultaron varias casas ubicadas en la ladera. A la fecha se registran 17 muertos, 34 heridos y más de 100 familias damnificadas.
En Mocoa se desbordaron los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos que pasan por la ciudad y arrasaron varios barrios. Según la gobernadora y el alcalde de esa época, Sorrel Aroca Rodriguez y José Antonio Castro Meléndez, la causa de la tragedia obedeció a las fuertes lluvias que hizo que se desbordaran los ríos. Para el caso de la avalancha en el municipio de Rosas, más concretamente en la vereda Portachuelo, a un kilómetro de la cabecera municipal, se evidencia la misma situación y se le adjudicó la causa a las fuertes lluvias. En la tragedia de Pereira, el alcalde Carlos Maya arguye que la tragedia se presentó por una situación del terreno luego de más de doce horas continuas de lluvias.
El común denominador en las tres tragedias: los gobiernos locales y departamentales le atribuyen la responsabilidad de lo que ocurrió a un fenómeno natural o a las lluvias; al parecer, según ellos, es la causa principal de los nefastos resultados y de las pérdidas de vidas humanas.
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No, señoras y señores, ustedes, por tener la posición de garantes, debieron actuar con diligencia para proteger la vida de las personas asentadas en las zonas de riesgo y debieron activar un plan de gestión de riesgo de desastres y/o un sistema de alertas tempranas. De igual modo, debieron diseñar estrategias para la prevención y respuesta a emergencias, pero sobre todo debieron evidenciar el grado de vulnerabilidad de la población asentadas en las laderas de los ríos con un Plan de Ordenamiento Territorial, que habría podido corregir tal situación.
Putumayo, Cauca y Risaralda, regiones en donde se produjeron esas tres tragedias, cuentan con gobernador, alcaldes, concejales, diputados, defensor de pueblo, personeros, en fin, un gran aparato burocrático. Pero, eso sí, carecen de Planes de Ordenamiento Territoriales, de políticas públicas de prevención de desastres y de alertas tempranas.
La causa de las tragedias no fue la intensidad de la lluvia, sino que no se hizo lo que debía hacerse; no se tomaron las medidas necesarias para evitar las muertes registradas, más aún cuando era previsible y había posibilidades altas de que se produjeran desastres como los que evidentemente ocurrieron.
No hay que obviar que el país actualmente se encuentra en una crisis de planes de ordenamiento territorial: 853 municipios tienen desactualizados sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), de los 1.100 municipios que componen el territorio nacional. Entre estos, están los municipios donde fueron registradas las tres tragedias a las que hemos hecho referencia. De igual modo se evidenció la ausencia de políticas de prevención y de alertas tempranas que han hecho que la avalancha tenga el resultado tan lamentable que conocemos.
¿Furia de la naturaleza? No. Igual que en el caso de Mocoa y Rosas, en Dosquebradas no se hizo lo que se tenía que hacer. No se actúo con diligencia.
Es por ello que se debe desnaturalizar las problemáticas sociales y buscar de manera efectiva y diligente sus soluciones para evitar, de una vez por todas, que se sigan presentando tragedias como las que han enlutado al país.
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*Jairo Hernán Ortíz Ocampo, docente programa de ciencia política, Universidad del Cauca.
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