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Lo único que no se puede hacer contra la corrupción es naturalizarla (“siempre ha sido así”), o volverla paisaje cultural (“mientras haya políticos y todos son iguales”), especialmente fomentada por quienes, bajo el disfraz de una supuesta apoliticidad, terminan siendo más corruptos con argumentos insólitos y con las mismas o peores prácticas (¡ay los falsos profetas!).
“El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se someta a la visibilidad”. Byung-Chul Han. La sociedad de la transparencia.
La transparencia es uno de los atributos del buen gobierno según lo proclama la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina (CEPAL). La transparencia implica poner a disposición de los ciudadanos la información correspondiente a todo lo que tiene que ver con el gobierno, sus disposiciones, actuaciones, actores y resultados, de manera oportuna, veraz, completa e inteligible.
A la transparencia se opone la opacidad gubernamental, el secretismo y, desde luego, todo el entramado de la corrupción. La corrupción, cuya percepción es desbordante en el imaginario ciudadano de nuestros días, se ha convertido en un sistema paralelo a la acción gubernamental, en todos los órdenes: nacional, regional y municipal. Es una especie de planta parásita enredada al árbol gubernamental – y perdón por la comparación a las plantas de este tipo -. Tiene un know-how probado y actuado con regularidad.
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Se producen normas contra la corrupción y se endurecen los Estatutos Anti-corrupción, pero parece que, entre más normas existiesen, más se reproduce la corrupción. ¿Será que por ahí no es el camino? Un ejemplo de ello es la ley 1712 de 2014 llamada Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, que como norma establece derechos de acceso a la información pública gubernamental. A siete años de su expedición, no es mucho lo que se ha logrado. La ONG Transparencia por Colombia dice: “La ciudadanía sigue enfrentando obstáculos de cara a la garantía del derecho, como el incumplimiento en la entrega de información, la baja calidad de la misma, las dificultades para acceder a cierto tipo de datos, y la complejidad para insistir en solicitudes de información”.
Cuando señalo que la corrupción es un sistema, quiero decir, de acuerdo con la definición de sistema, que es un conjunto de elementos interrelacionados (actores públicos/privados) con reglas comunes (modos de reparto), objetivos comunes (robar al erario público). Una cosa por aclarar es que frecuentemente se señala a la corrupción como exclusiva de la esfera gubernamental de cualquier nivel cuando se trata de una interacción público/privado. Claro hay usos indebidos también de los bienes públicos por parte de actores gubernamentales, que se deben clasificar como corruptos. Frente a esta grave enfermedad pública endémica, la pregunta es: ¿qué se puede hacer?
Comencemos por decir que una labor de los partidos políticos es ejercer una responsabilidad frente a tales hechos atentatorios contra el buen gobierno que se les debe a los ciudadanos. No hay excusas para no hacerlo: que haya todo el debido proceso que deba haber, pero no complicidad e indiferencia. Que la transparencia no sea formal y que quien o quienes deban tomar las decisiones informen con claridad todo lo que deben informar a la ciudadanía. Es lo que se ha llamado Gobierno Abierto.
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Debemos insistir en la participación ciudadana activa en la vigilancia a la labor de gobierno, utilizando las herramientas que la Constitución Política y la ley otorgan. Hay muchas ONGs haciendo muy buena labor en este sentido. Han insistido en la discusión de un nuevo Estatuto Anti-corrupción que, sin paralizar la administración ni hacerla más engorrosa, promueva la transparencia y las buenas prácticas. Han denunciado la poca voluntad política para hacer real la transparencia. Señalan éstas que: “Evidentemente no todo el panorama que aquí presentamos es alentador. Del otro lado de estas acciones ciudadanas encontramos esfuerzos deliberados de distintas esferas del Estado por mantener información clave en la opacidad. Así, seguimos encontrando a un órgano garante de transparencia que se niega a dar ejemplo y a órganos de control que no informan a los denunciantes sobre la suerte de sus denuncias. De igual forma, captamos a una Fuerza Pública que persigue a los periodistas y a quienes ejercen su derecho a la libre expresión en las calles y en Internet. Y finalmente, continuamos encontrándonos con entidades y funcionarios reticentes a transparentar información pública, incluso existiendo sentencias judiciales que se los ordenan, y con archivos públicos que aún están desordenados, desactualizados o que no existen”. Revista Destápate. Número 3, septiembre de 2021.
Lo único que no se puede hacer contra la corrupción es naturalizarla (“siempre ha sido así”), o volverla paisaje cultural (“mientras haya políticos y todos son iguales”), especialmente fomentada por quienes, bajo el disfraz de una supuesta apoliticidad, terminan siendo más corruptos con argumentos insólitos y con las mismas o peores prácticas (¡ay los falsos profetas!).
Sólo una ciudadanía activa, participativa y no anti-política, sino, por el contrario, reclamando la política como el ámbito propio de lo que es común a todos e interesa a todos y es un espacio de encuentro y no de desencuentro, al cual no se puede renunciar, porque precisamente ese es el paraíso de los corruptos, el del dolor indiferente y de la pena solitaria, cierra las puertas a la corrupción.
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Coda: He citado al filósofo coreano, residente en Alemania, Byung-Chul Han, al comienzo de este escrito. El libro que él escribió se titula como aparece en la cita inicial, La Sociedad de la Transparencia, traducido al español en 2014 y publicado por Herder, editorial de Barcelona. El autor reconoce la importancia de este discurso, ubicado en el derecho al acceso a conocer y publicitar información gubernamental, combatir la corrupción y ejercer un control ciudadano sobre el poder político. Pero el autor como filósofo lo analiza más allá y cuestiona la transparencia en otro sentido, en cuanto se confunde “voyeristamente “con sociedad de la información y todo lo privado se vuelve público y aún más crítico, como lo analizó Michel Foucault, se llega al control panóptico de la sociedad. La gran vigilancia ampliada al conjunto de la sociedad. La transparencia debe estar remitida a lo público y respetar lo privado.2 Este texto contribuye a precisar que el énfasis del tema está sobre el control político y advierte sobre el riesgo de llevarlo a aspectos más amplios y convertir la transparencia en lo que él llama una “sociedad pornográfica”.
*Víctor Reyes Morris, sociólogo, doctor en sociología jurídica, exconcejal de Bogotá, exrepresentante a la Cámara, profesor pensionado Universidad Nacional de Colombia.
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Los Papeles de Pandora vuelven a abrir el debate de la corrupción, la evasión y la necesidad de un seria discusión sobre transparencia. Las normas no logran garantizar reducciones en las actividades corruptas. El tema pasa por depurar los falsos estadistas que posan de transparentes, mientras por debajo de la mesa comenten fechorías. Comparto la idea de que los limites de la transparencia se inscriben estrictamente a lo público. Insumo para una discusión sobre los impactos de las normas de transparencia y los focos de corrupción.
De un expresidente colombiano se decía que en alguna ocasión advirtió que “hay que llevar la corrupción a sus justas proporciones”. ¿Mito político? o ¿aseveración constatada como hecho histórico en la vida del expresidente de marras ? sea lo que sea el asunto es si la propensión al mal uso de los dineros públicos (aquí y en Cafarnaun) es consustancial a la organización liberal capitalista o a la naturaleza humana. En ambos casos (como dirían algunos sociólogos y antropólogos) el crimen es aquella conducta “que ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva” y que como tal lo reprobamos, vale la aclaración su reprobación lo convierte en crimen y su identificación corre por cuenta de la pena que el acarrea. ¿Ofende la conciencia colectiva la conducta corrupta? ¿O está tan hipertrofiada esta que ya no ofende dicha conciencia y que la pena es sólo nominal que no real? El asunto es que si la respuesta a esta pregunta llegare a ser positiva estamos ad portas de un cataclismo social advertible en el mediano y largo plazo. ¿Tendría razón el tristemente célebre expresidente en caso de que hubiera pronunciado las palabras señaladas?