Trato diferenciado

0
70

About The Author

Obvio es decirlo que la nueva posición de la Registraduría Nacional vulnera distintos principios, fundamentalmente el de igualdad ante la ley.

(Lea también: Opinión disonante)

Insiste, con persistencia digna de mejor causa, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en hacerle la vida muy difícil a las personas que el 25 de  noviembre  del año 2021 les canceló su cédula de ciudadanía y convirtió por tanto  en apátridas o en migrantes irregulares en Colombia, generando para ellos toda clase de perjuicios económicos y morales.

Hasta hace pocos días, en más del 90% de los casos que hemos acompañado judicialmente desde Fundación2Paises, cuyo objetivo siempre fue anular el procedimiento administrativo que condujo a la citada cancelación del documento de identificación colombiano, las reacciones que observamos de la misma para evitar una sentencia desfavorable fueron de tres tipos: a) reponer inmediata y definitivamente la cédula de ciudadanía; b) adoptar similar decisión pero por dos meses; c) reponer al inicio el procedimiento administrativo que originó la sanción.

En los tres casos precedentes la consecuencia fundamental fue que la persona afectada por la decisión administrativa recuperaba la cédula de ciudadanía y con ello el pleno goce de todos sus derechos como ciudadano colombiano.

Este 2023 pareciere que quieren cambiar las decisiones referidas.

Con vista a una reciente sentencia de la Corte Constitucional que les reiteró que la nacionalidad colombiana de quien nació  en el exterior se puede probar con testigos, la citada dependencia administrativa expidió una nueva circular ajustando así su conducta a la norma.

(Texto relacionado: En libertad)

Sin embargo, como respuesta a una acción contra ella intentada, la reacción es la novísima ya referida: no hacerlo sino citar al individuo a que concurra a su sede y presente nuevamente  documentos. Mientras tanto, el no es ciudadano, está sujeto a multa por migrante irregular, no tiene acceso pleno a salud, está impedido de trabajar y acceder a sus cuentas personales y bienes, vale decir, carece de los derechos que le corresponden.

Obvio es decirlo que la nueva posición de la Registraduría Nacional vulnera distintos principios, fundamentalmente el de igualdad ante la ley. Deja a esas personas a quienes privó contrariando la norma de su nacionalidad, al arbitrio de cualquier evento que le pueda ocurrir, mientras ella resuelve lo que crea conducente. A diferencia de lo que ocurría previamente cuando revocaba, por motivo propio o por decisión judicial, la anulación referida.

A los que presentaron tutela en situaciones como las descritas, sólo les quedará esperar el sentido del fallo para decidir lo conducente. Respetuosamente lo creo, si la Registraduría Nacional estima que con su decisión puede esperar que este sea a su favor por hecho superado y así lo acuerda el juzgado, lo conducente debería ser impugnar el mismo pues no es cierto que eso hubiera ocurrido.

La inexplicable actitud de la Registraduría Nacional contra colombianos por nacimiento, que por cierto no tuvo ningún eco en la dirigencia del país, ha sido una constante preocupación para algunas organizaciones  de derechos humanos que en Colombia hacemos vida. En el caso de Fundacion2Paises, a ellos les continuaremos apoyando en su lucha por recuperar plenamente su ciudadanía.

(Le puede interesar: Diferencias interesantes)

*Gonzalo Oliveros Navarro, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Director de Fundación2Países @barraplural

Autor

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.