About The Author
Este próximo viernes 10 en Venezuela se inicia el periodo presidencial 2025-2031, un nuevo sexenio.
(Lea también: Contradictoria decisión)
Como consecuencia de la decisión del CNE y la posterior ratificación vía sentencia judicial de quienes ejercen como magistrados del máximo tribunal del país, la primera posibilidad de juramentación recae en la persona de Nicolás Maduro Moros, contra la cual conspiran, entre otros motivos, el incumplimiento de la normativa electoral vigente, a saber, publicación por parte del órgano comicial de los resultados mesa por mesa e inclusive centro por centro, con la posibilidad última de conteo manual de los votos por una parte y por la otra que a la vista del mundo hay actas que contrarían dichas decisiones.
Por otro lado, la juramentación del señor Maduro tiene una contracara, la de su principal adversario electoral, Edmundo González Urrutia.
Tiene este a su favor la presentación mundial de resultados mesa por mesa y centro por centro que le falta a su adversario, certificados inclusive por el Centro Carter, pero, en términos de legalidad interna venezolana, carece de ratificación institucional pues ningún organismo convalidante del país reconoció un resultado distinto al anunciado por el señor Amoroso y en los mismos incluyo, por su peso político, la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar como triunfador a su adversario.
El ejercicio presidencial de alguno de los dos no lo validará en todo caso, ni la institucionalidad existente, ni el respaldo popular. Será la Fuerza Armada, guste o no, con su actitud más la forma y manera como intérprete el artículo 328 de la constitución venezolana, la que dilucidará quien ejercerá la presidencia por los próximos años, pues ella es, constitucionalmente, garante efectiva del orden interno y además tiene monopolio legal de las armas, lo que origina la tercera posibilidad.
(Texto relacionado: Recordando)
Recordando historia reciente quizás olvidada por algunos, como consecuencia de los sucesos de abril del 2002 que conllevaron a la separación temporal del señor Chavez de la presidencia venezolana, al analizar años después la situación en el máximo tribunal del país, los magistrados que conocieron la causa, concluyeron que el 11 de abril de aquel año, se había producido un vacío de poder y que ello justificó lo ocurrido. Esta semana, nadie lo dude, esa posibilidad existe pues la disyuntivas son un candidato proclamado sin mostrar un voto y un aspirante con votos sin proclamación.
Bajo esos parámetros, serán los militares venezolanos con su decisión los que, en ejercicio de real politik, resolverán quién apagará la luz el 10 próximo en la noche como ocupante del despacho presidencial en ejercicio de la primera magistratura nacional. Bien alguno de los dos mencionados o un tercero -respaldado por ellos- que ocupe el vacío que se habría producido.
En todo caso, cualquiera sea la decisión que finalmente adopten, ella tendrá profundo impacto institucional. Así, de ser juramentado el señor Maduro, los poderes que lo sostienen y le validaron su elección, continuarán en su ejercicio más, por el contrario, en los otros dos escenarios, los mismos fenecerán por efecto de su apoyo a aquella decisión.
Finalmente, para evitar malos entendidos por parte de algunos, no estoy llamando a una intervención por parte de los militares. Ellos saben lo que ocurrió y saben también si las decisiones políticas y jurídicas que se anunciaron se corresponden con la realidad.
Ocurre, simplemente, que, como previamente escribí, interpretaran como crean conducente el texto constitucional y respaldarán esa interpretación poniendo las armas de la república en consonancia con sus conclusiones pues ello es, en todo caso, el privilegio de tenerlas.
(Le puede interesar: Las consecuencias)
*Gonzalo Oliveros Navarro, Abogado. Director de Fundación2Países @barraplural
Autor
